Teresita Balderas aún sigue acompañando al alcalde suplente a actos sociales o de festejos, como si fuera la segunda de abordo y no la fiscalizadora de los recursos del Ayuntamiento, de las obras y la responsabilidad administrativa de quienes ahí laboran
Legendarios fueron, en la historia política de Tijuana, los encontronazos que, en la primera mitad de los noventa, tenía el alcalde de la ciudad, José Guadalupe Osuna Millán, con el síndico procurador del Ayuntamiento, José Guadalupe Zamorano.
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Aun cuando los dos eran panistas, Osuna Millán tenía al fiscalizador en contra, y Zamorano así lo presumía. Estaba pendiente de cualquier detalle de la administración, no sólo para supervisar, como es su función; también para sancionar en tiempo real, conductas, convenios o contratos irregulares. La labor de un síndico es esa, y si alguien la ejerció a plenitud fue José Guadalupe Zamorano, ya fallecido hace algunos años.
Aunque conviven en la misma administración y pertenecen al mismo partido, es de suyo y recomendable que alcalde y síndico guarden la distancia. Así sucedió con Osuna Millán y Zamorano, y con otros alcaldes.
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Cuando Jesús González Reyes era presidente municipal de Tijuana, también por el PAN, el síndico fue Martín Domínguez Chiú, y destacaba por la sobriedad impuesta al encargo. Supervisar y fiscalizar la administración del Ayuntamiento sin favorecer al alcalde, sino ayudarle a las mejores prácticas administrativas.
Francisco García Burgos fue síndico de Héctor Osuna Jaime, y lo mismo: ambos panistas, pero sin condescendencias ni contemplaciones. Ni eran amigos, aunque tampoco enemigos; se manejaron en el respeto institucional, cada uno cumpliendo con su encargo.
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Luego con el PRI vinieron tiempos de desencuentros, como aquellos entre Osuna Millám y Zamorano. Cuando fue alcalde de Tijuana el doctor Jorge Astiazarán Orcí, el síndico procurador era Arturo Ledesma, el Pildón. Y eran notorios y muy públicos sus desencuentros. El síndico quería fiscalizar todo, y el alcalde quería gobernar a su tiempo, espacio y decisión. Se pelearon -en discursiva, no físicamente- en varias ocasiones; aun así, el presidente municipal tuvo tiempo de hacer obra, puentes de conexión, un sistema de transporte (que todos los alcaldes que siguieron abandonaron), limpieza de calles y hermosamiento de la ciudad.
De hecho, a pesar del síndico y de la abierta disputa administrativa y política, el doctor Astiazarán fue el último alcalde en hacer grandes obras para la ciudad. A él le siguió un trienio del PAN con Juan Manuel Gastelum Buenrostro, en paz descanse, y luego llegó Morena.
Arturo González Cruz, que en paz descanse, el primer presidente municipal de ese partido en la alcaldía de Tijuana, tuvo en contra a la síndica. Era Meli Espinoza, que por entonces formaba parte del equipo cercano del gobernador, también el primero de Morena en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y cuando éste tuvo el desaguisado con González Cruz, la síndica intensificó la crítica hacia la administración municipal.
Los desencuentros también, como el caso de Astiazarán y Ledesma, fueron notorios y públicos. Se cerraron los espacios compartidos entre las oficinas de la Presidencia Municipal y la Sindicatura, e incluso se canceló el uso del elevador o estacionamiento especial para los síndicos.
El síndico, de hecho, no debe ser amigo o cercano al alcalde, ni actuar en esa consideración. El síndico debe ser el fiscalizador del administrador de la ciudad. Su trabajo se basa en cinco específicas y fundamentales facultades: Vigilar el gasto público a través de la fiscalización de la recaudación, y la supervisión de las buenas prácticas en la aplicación de los ingresos y los egresos. Es el representante jurídico del Ayuntamiento; por tanto, debe defender hacia el exterior los intereses del mismo, representarlo legalmente. Controla el patrimonio del Ayuntamiento; por ejemplo, aparte de cuidar los bienes y los dineros municipales, es quien recaba las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios, incluido el alcalde, las evalúa, las transparenta y las resguarda. Es el encargado de la investigación de responsabilidades, o sea, el que lleva los procedimientos ante la denuncia de faltas administrativas, actos de corrupción o abusos cometidos por los funcionarios públicos. Además, es el responsable de la supervisión, en papel, jurídicamente, financieramente y fiscalmente, de la inversión en obras por parte del Ayuntamiento.
Sin embargo, hoy día, Tijuana tiene una síndica que representa todo lo contrario. Es amiga del alcalde, ahora con licencia, Ismael Burgueño, al que, contrario a como funcionaron todos -pero todos los síndicos que la antecedieron-, allá lo acompañó a todas las inauguraciones de lo que fuera (de obras no, porque no hizo), se sentó en el presídium de todos los actos públicos, lo acompañó a cuanta celebración realizó el Ayuntamiento… Prácticamente, Teresita Balderas, era como la segunda de a bordo de Burgueño.
Y cuando el alcalde pidió licencia (porque aún sin resultados favorables para la ciudad, aspira a ser candidato a gobernador de Baja California por Morena) Teresita Balderas se convirtió en la alcaldesa suplente, con todo y que hay uno electo en la planilla y que tomó posesión el joven Abdiel Gutiérrez.
Teresita Balderas aún sigue acompañando al alcalde suplente a actos sociales o de festejos, como si fuera la segunda de abordo y no la fiscalizadora de los recursos del Ayuntamiento, de las obras y la responsabilidad administrativa de quienes ahí laboran. En ese caso, ha fallado. Ha actuado más imponiendo sanciones administrativas a funcionarios de la pasada y pasadas administraciones, que a la propia. No investigó, por ejemplo, la denuncia por abuso sexual que se impuso a Erik Morales, cuando él era secretario de Bienestar con Burgueño.
Tampoco ha investigado los contratos excesivos que el ayuntamiento ha dado a las empresas asociadas al grupo de La Familia, liderado por Fernando Salgado; ni cómo fue que le dieron la concesión de la Feria de Tijuana por 20 años. Tampoco ha investigado las ventas de terrenos denunciadas por ciudadanos tijuanenses, ni a los muchos policías que son denunciados diariamente por actos abusivos o de corrupción. Ya ni decir que no ha investigado las concesiones que de manera irregular y por cientos de millones de pesos entregó la administración de Burgueño, y que, vaya, no puede presumir ni una obra de gran escala.
Teresita Balderas es, de facto, aun cuando no legalmente, la alcaldesa suplente. Dejó de acompañar al alcalde Burgueño a los actos, para ser ella la protagonista de los mismos. Igual asiste a la entrega de programas sociales, como a las instalaciones de Bienestar, a informar a ciudadanos, a convocar a otros para ayudas sociales, a repartir útiles y uniformes escolares, e incluso recorrer colonias, como si fuera secretaria del Bienestar.
Lo mismo hace en vivos en sus redes sociales, que promueve todos los servicios del Ayuntamiento. Su protagonismo ilumina las calles y oscurece la fiscalización del Ayuntamiento.
A diferencia de todos los síndicos que la antecedieron, del PAN, del PRI y de Morena, Teresita Balderas es una funcionaria más del gabinete del alcalde y no el fiscalizador responsable de la supervisión; es mucho eso de candil en la calle, oscuridad en la casa. Pero no hay nadie que investigue su actuar fuera de las responsabilidad básicas e importantes en la utilización de los recursos municipales, porque, vaya, eso lo hace la Sindicatura Procuradora, la que ella encabeza…
