* Criminales pagan entre 50 y 100 dólares al mes a residentes por instalar cámaras ilegales
* Mayoría de cámaras y centros de monitoreo inhabilitados, relacionados con los Mayos
* Observan movimientos de corporaciones policiacas y de enemigos en tiempo real
* Más de 2 mil 200 cámaras ilegales han sido retiradas por la FESC en 14 meses
* Traficantes utilizan el software SmartPSS Lite, para vigilar desde celulares a bajo costo
En Baja California, el Congreso analiza una reforma que busca sancionar el uso ilícito de cámaras en vía pública, práctica conocida como “halconeo”. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo estatal, propone modificar el artículo 317 TER del Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes instalen sistemas de videovigilancia con fines delictivos.
Más de 200 halcones electrónicos han sido inhabilitados en cuatro centros de monitoreo del narco localizados en Tijuana y Tecate. No hay investigación abierta por estos casos. Cárteles venden cámaras de vigilancia a ciudadanos, las clonan y las usan para sus fines criminales
Temen ser multados o clausurados, pero sus finanzas les impiden cumplir con las ambiguas y nuevas medidas que entraron en vigor para todos los comercios que vendan bebidas embriagantes en BC
En 2022 se detectaron 50 cámaras de videovigilancia en la Zona Centro y este año van 60 en la Zona Este, ninguna pertenecía a vecinos ni autoridades, todas fueron destruidas
Video prueba que dos policías desaparecieron a comerciante en Tijuana; uniformados se niegan a declarar e informar del paradero de la víctima. FGE retrasa investigación, acusa la familia
En el podcast hablamos sobre el cuestionado proyecto del C5i del exgobernador Fransico Vega retomado por Marina del Pilar; sobre las amenazas de a nombre del Mayo en Tijuana y del feminicidio contra Brenda Lobo.
El proyecto plagado de opacidad por parte del Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de otorgarse mediante adjudicación directa por un total de mil 174 millones de pesos.
El gobierno de Marina Ávila, analizó junto a Seguritech, empresa denunciada en BC, un contrato por 1,174´797,908.50 a seis años, para un proyecto de Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia.
El gobierno de Marina Ávila, analizó junto a Seguritech, empresa denunciada en BC, un contrato por 1,174´797,908.50 a seis años, para un proyecto de Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia.
