En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.
Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que no podía modificar unilateralmente el calendario escolar y que debía consultar a las comunidades educativas, atendiendo las características de la Nueva Escuela Mexicana.
Los artículos 15 y 16 fijan los fines y criterios de la educación: desarrollo integral, respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, equidad, inclusión y excelencia. Un recorte improvisado contradice estos principios, pues reduce el tiempo de aprendizaje, profundiza desigualdades y afecta especialmente a niñas, niños y mujeres trabajadoras.
Reducirlas retroactivamente equivaldría a privar a las personas de una parte de sus bienes sin indemnización, lo que contradice el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser privado de sus bienes salvo por razones de utilidad pública o interés social, mediante un proceso legal y con pago de indemnización justa.
El lineamiento local establece improcedencia hasta 365 días posteriores al periodo reclamado. Es decir, existe la posibilidad de que se deba un año de nómina al personal y, aún más insensible, que si un docente acumula dos o tres años sin pago, en vez de compensarlo se le limite su derecho a recibir lo que se le debe.
La Alerta Nacional se activa automáticamente al registrarse un caso en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Se genera una ficha digital con datos esenciales: nombre, edad, fotografía, señas particulares, fecha y lugar de desaparición, condición de vulnerabilidad y un folio único.
“Nos llaman héroes en pandemia, pero nos descuentan sin reconocer nuestros derechos básicos”, afirma una enfermera suplente con más de diez años sin base en ISSSTECALI. Su testimonio sintetiza la contradicción: quienes sostienen hospitales y clínicas con jornadas interminables y sueldos congelados son, paradójicamente, los más invisibles y explotados.
El Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha sido durante años un termómetro de la relación entre el Estado y el sector privado-empresarial. Hoy evidencia una política fiscal maquillada para evitar el escrutinio y desviar la atención de una ruta clara de desarrollo económico.
El PROISSSTECALI se presenta como un programa de apoyo temporal para capitalizar al ISSSTECALI, pero en realidad constituye una reforma encubierta. Bajo el argumento de garantizar pensiones y jubilaciones, se impone un esquema voluntario de aportaciones patronales adicionales del 11 por ciento sobre el salario base de cotización.
