La relevancia cultural de La Rumorosa no es nueva. En 2019, en el Congreso de Baja California se presentó una proposición para solicitar al Ejecutivo estatal iniciar ante la UNESCO el procedimiento oficial para que La Rumorosa fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2020, la Secretaría de Cultura estatal anunció que había iniciado el procedimiento para declararla Patrimonio Cultural del Estado, como Zona de Belleza Natural y Cultural.
El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.
En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje.
La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social.
El Día del Abogado en México se ha convertido en fiesta de molinos disfrazados de gigantes. El sistema de justicia, tanto local como federal, gira entre corrupción, simulación y falta de acceso real a la justicia. En los tribunales se repiten fraudes disfrazados de elecciones.
En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.
Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que no podía modificar unilateralmente el calendario escolar y que debía consultar a las comunidades educativas, atendiendo las características de la Nueva Escuela Mexicana.
Los artículos 15 y 16 fijan los fines y criterios de la educación: desarrollo integral, respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, equidad, inclusión y excelencia. Un recorte improvisado contradice estos principios, pues reduce el tiempo de aprendizaje, profundiza desigualdades y afecta especialmente a niñas, niños y mujeres trabajadoras.
Reducirlas retroactivamente equivaldría a privar a las personas de una parte de sus bienes sin indemnización, lo que contradice el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser privado de sus bienes salvo por razones de utilidad pública o interés social, mediante un proceso legal y con pago de indemnización justa.
