Los artículos 15 y 16 fijan los fines y criterios de la educación: desarrollo integral, respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, equidad, inclusión y excelencia. Un recorte improvisado contradice estos principios, pues reduce el tiempo de aprendizaje, profundiza desigualdades y afecta especialmente a niñas, niños y mujeres trabajadoras.
Reducirlas retroactivamente equivaldría a privar a las personas de una parte de sus bienes sin indemnización, lo que contradice el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser privado de sus bienes salvo por razones de utilidad pública o interés social, mediante un proceso legal y con pago de indemnización justa.
El lineamiento local establece improcedencia hasta 365 días posteriores al periodo reclamado. Es decir, existe la posibilidad de que se deba un año de nómina al personal y, aún más insensible, que si un docente acumula dos o tres años sin pago, en vez de compensarlo se le limite su derecho a recibir lo que se le debe.
La Alerta Nacional se activa automáticamente al registrarse un caso en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Se genera una ficha digital con datos esenciales: nombre, edad, fotografía, señas particulares, fecha y lugar de desaparición, condición de vulnerabilidad y un folio único.
“Nos llaman héroes en pandemia, pero nos descuentan sin reconocer nuestros derechos básicos”, afirma una enfermera suplente con más de diez años sin base en ISSSTECALI. Su testimonio sintetiza la contradicción: quienes sostienen hospitales y clínicas con jornadas interminables y sueldos congelados son, paradójicamente, los más invisibles y explotados.
El Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha sido durante años un termómetro de la relación entre el Estado y el sector privado-empresarial. Hoy evidencia una política fiscal maquillada para evitar el escrutinio y desviar la atención de una ruta clara de desarrollo económico.
El PROISSSTECALI se presenta como un programa de apoyo temporal para capitalizar al ISSSTECALI, pero en realidad constituye una reforma encubierta. Bajo el argumento de garantizar pensiones y jubilaciones, se impone un esquema voluntario de aportaciones patronales adicionales del 11 por ciento sobre el salario base de cotización.
El blindaje de edificios públicos en Baja California no fue sólo una medida de seguridad: fue la metáfora visible de un gobierno que mide riesgos con vallas y distancia. Según el secretario de Gobierno Alfredo Álvarez, el protocolo local que regula las manifestaciones es una réplica de la guía nacional. Lo que se prometió como respeto y proximidad terminó siendo barrera, inhibición y censura.
Lo más ofensivo es que la circular excluye únicamente a las unidades administrativas de oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, laboratorio estatal y la Comisión de Riesgos Sanitarios. ¿Cuántos trabajadores son esos? ¿Para qué sirve entonces ISESALUD y la Secretaría de Salud del Estado si su personal operativo fue transferido sin garantías? Esta omisión no es técnica: es política, jurídica y profundamente humana.
