En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.
El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas y contempló diversos riesgos, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas necesidades operativas. Posteriormente, la tragedia del niño Damián —ocurrida en octubre de 2023— y el proceso judicial contra el profesor Esteban Canchola detonaron un debate amplio sobre la insuficiencia de los protocolos vigentes. De ese debate surgió el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas e incorporó lineamientos omitidos, aunque nunca se implementó formalmente por el cuestionamiento de docentes y sindicatos respecto a la carga adicional que les generaba. Como respuesta inmediata, se elaboró la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, también en 2025, que estructuró 4 riesgos generales y 15 modalidades. Hoy, ese camino desemboca en la construcción del Programa Integral 2026, que busca consolidar un marco más completo al arranque del ciclo escolar 2026‑2027.
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El nuevo Programa contempla 10 riesgos principales: accidentes escolares bajo metodología SIPIR‑HT, situaciones de riesgo sexual, acoso escolar en varias modalidades, violencia entre niñas, niños y adolescentes, violencia digital con más de diez subtipos, maltrato en ámbitos escolar, familiar y comunitario, conducta suicida, uso y venta de drogas, omisión de cuidados atribuible a padres, docentes o directivos, y amenaza o atentado en la escuela, incluyendo bomba, armas y tirador activo. Además, se incorpora un segmento de orientación para estudiantes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, y un protocolo de protección docente que garantiza principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, así como medidas contra denuncias falsas.
La construcción del Programa agradece la participación de los miembros del Colegio de Profesionistas de la Educación, así como de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, y de las dependencias de gobierno que acompañaron el proceso. Este respaldo colectivo aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación.
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Sin embargo, la realidad plantea cuestionamientos que no pueden ignorarse. Han pasado más de dos años y medio desde el accidente del niño Damián y, aunque se avanzó en protocolos, la respuesta institucional fue lenta y reactiva. Los ajustes más visibles parecen dirigidos a tranquilizar al gremio docente y sindical, pero falta involucrar de manera real a los consejos de participación social, a madres y padres de familia, a especialistas externos, las escuelas particulares y legisladores locales.
El Programa es ambicioso, pero no se ha definido con claridad qué recursos se destinarán para su implementación. Sin presupuesto adicional, sin plazas nuevas que atiendan riesgos y sin capacitaciones listas, la encomienda corre el riesgo de quedarse en papel. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde está el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir su operación en los siete municipios.
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La metodología de actualización tampoco está clara: ¿cómo se adaptará a nuevas realidades, a cambios tecnológicos o a contextos sociales distintos? El Programa parece asumir que todas las escuelas están al 100% en infraestructura y recursos, lo cual no refleja la diversidad de condiciones en zonas rurales y marginadas. La falta de un enfoque territorial puede ser una debilidad crítica. También se observa que el Programa redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son de su competencia directa, lo que puede generar conflictos de atribuciones. Por su parte, los diputados del Congreso aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos. El reto exige que todos se unan, definan con claridad cuánto presupuesto van a invertir y legislen lo que hoy se presenta como novedad en el Programa, para darle sustento legal y operativo.
El PIE cita a múltiples dependencias y actores, pero en la práctica no basta con mencionarlos: cada uno requiere presupuesto, personal capacitado y mecanismos de evaluación para que su participación sea efectiva. El Programa tampoco menciona la instalación de una mesa permanente de seguimiento y coordinación, que evalúe avances, ajuste protocolos y garantice que los recursos lleguen a las escuelas.
Sin un espacio interinstitucional fuerte, el PIE corre el riesgo de fragmentarse en esfuerzos aislados. Además, no se desarrolla el tema del seguro escolar y sus alcances, lo que deja sin respuesta cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes. Igualmente, la Nueva Escuela Mexicana exige atender realidades diversas: no puede aplicarse un documento único a contextos tan distintos como los de una escuela urbana y una rural o indígena. El Programa debe adaptarse a esas diferencias para ser realmente inclusivo y efectivo.
Aunque el Programa menciona los Acuerdos de Convivencia Escolar, deja en las escuelas la responsabilidad de desarrollarlos sin ofrecer lineamientos actualizados ni apoyo técnico. Tampoco define cómo se conectará con los Consejos Municipales de Paz y Tejido Social, ni con las medidas alternas de solución pacífica que fortalecen la cultura de paz.
El PIE 2026 representa un avance: amplía cobertura, fortalece el marco jurídico, incorpora inclusión y protege a los trabajadores de la educación. Pero la ruta debe ser clara: Más acción, diagnóstico e inclusión real, inversión significativa, capacitación y actualización constante, voluntad y legislación que respalde lo que hoy se presenta como novedad.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
