Video prueba que dos policías desaparecieron a comerciante en Tijuana; uniformados se niegan a declarar e informar del paradero de la víctima. Agente Trinidad realizó llamadas telefónicas durante la privación ilegal de la libertad. FGE revisa ADN de cuerpos encontrados calcinados en la primera semana de septiembre, pero retrasa investigación, acusa la familia
El comerciante de dulces José Alberto Cantero Ramírez lleva 29 días desaparecido. Fue visto por última vez al ser detenido, ilegalmente, la noche del 1 de septiembre en la colonia Libertad de Tijuana por los policías municipales Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez.
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Pese a ser detenido sin motivo evidente, en el video que existe de la privación, el lenguaje corporal de “Beto” no muestra inquietud. Confió en los uniformados en patrulla, porque decenas de autos transitaron por el mismo lugar y él no intentó llamar la atención de los conductores. Pero ya no se supo de su paradero.
Los oficiales fueron aprehendidos el 22 de septiembre y durante más de una semana se han negado a declarar respecto al lugar donde se encuentra la víctima, acrecentando el dolor de la familia.
Tranquilos, como quien no ha cometido ningún delito, ante el juez en la audiencia de vinculación, los agentes sólo hablaron para solicitar les permitieran el ingreso de una tarjeta telefónica, porque reclamaron llevar más de una semana sin comunicarse con sus parientes.
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Mientras la familia de Cantero suma cuatro semanas de incertidumbre y angustia al desconocer su destino, ni poder hablar con él.
Lorena, esposa de la víctima, denunció la desaparición al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado tres horas después que no pudo localizarlo. El reporte quedó registrado en el C4 a los 00:12 minutos del 2 de septiembre.
La mañana de ese viernes, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir que lo buscaran, pero las autoridades les dijeron que debían esperar 48 horas y la trataron de mala manera.
“Todos los días me he parado afuera de la fiscalía, del CAPEA, y desgraciadamente me tocaba ver una, dos personas que iban a reportar a un familiar desaparecido. Entre esas personas, algunas reportaban que ya había aparecido su familiar, unos golpeados, otros no, ¿y qué cree que me decían? Que las personas que los habían levantado eran municipales”, aseguró la mujer el viernes 23 de septiembre.
Ese día, amigos y familiares del comerciante se manifestaron afuera de las instalaciones de los Juzgados Penales del Poder Judicial de Baja California en Tijuana, mientras se desarrollaba la primera audiencia en contra de los policías detenidos.
TIENEN ANTECEDENTES Y APROBARON EXÁMENES DE CONFIANZA
Martín Trinidad Martínez, de 36 años, es originario de Rosa Morada, Nayarit. Causó alta en la Secretaría de Seguridad de Tijuana el 15 de julio de 2014; en tanto, Esteban Heriberto Galaz Gómez, de 29 años, es oriundo de Tijuana, Baja California y quedó registrado como agente el 18 de julio de 2016.
Fernando Sánchez, actual secretario de Seguridad de Tijuana, confirmó que ambos elementos aprobaron el Examen de Control y Confianza; Trinidad en 2020 y Galaz en 2022.
Sin embargo, ambos cuentan con antecedentes. Desde 2020, la Comisión de Desarrollo Policial tiene un expediente congelado porque Trinidad y Galaz se ampararon, acusados de delitos similares: “No haber velado por la vida y la integridad de los detenidos” y “No reportar al C4 la intervención policiaca”. La SSPCM no aportó más información al respecto y la mencionada carpeta tampoco ha llegado a la Fiscalía de Tortura.
En la FGE también existe un expediente abierto en contra de Trinidad -11239/14/211 AP- por abuso de autoridad; data de su primer año como policía y se radicó en la Fiscalía de Patrimoniales.
EL ABONO DE 45 MIL DÓLARES
Previo a su desaparición, “Beto” se dedicaba a la venta de dulces con espacios en Mercado Hidalgo, detalló su familia. Entre 2006 y 2011, los negociantes de este espacio fueron víctimas constantes de secuestros y extorsiones, pero en el caso de Cantero, sus cercanos no reportan amenazas o enemigos previos.
El jueves 1 de septiembre, Alberto salió de su casa en la colonia Nueva, cerca de la Garita de Otay, alrededor de las 20:00 horas -minutos más o menos-, le dijo a su esposa Lorena que entregaría el abono a una deuda que tienen.
Los Cantero informaron que la acreedora es la señora María Julia V, residente del fraccionamiento Monterrey, Delegación La Mesa, a quien hace dos años le compraron una bodega a un costo de un millón 800 mil dólares, de los cuales llevan pagados el millón. Esa tarde, Cantero llevaba 45 mil dólares para continuar saldando la deuda.
Entre la casa de Cantero y la de su acreedora, existe una distancia de 13 kilómetros en su ruta más corta por la carretera del Aeropuerto o Transpeninsular, la cual de acuerdo a la aplicación Google Maps, de noche se puede hacer en media hora.
Pero Alberto nunca llegó a su destino.
Después de las 20:30 horas ya no contestó el teléfono celular y no regresó a casa. Por medio de una aplicación de ubicación que comparte con su esposa, la familia pudo saber que su teléfono fue apagado a la altura de una sucursal de Mama Mía Pizza en Colonia libertad, dos cuadras abajo del punto donde Cantero fue intervenido por una patrulla municipal.
El teléfono de “Beto” y el de su mujer están registrados a nombre de un hombre apellidado González Ramos, lo que llamó la atención de las autoridades, pero la familia dijo que pidieron ese favor a un amigo suyo.
FAMILIA ENCONTRÓ INDICIOS DE INVESTIGACIÓN
La familia denunció la desaparición primero al C4 a las 00:12 minutos del 2 de septiembre, pero nadie buscó a Alberto. Antes del mediodía fueron a denunciar personalmente, esta vez ante la FGE, donde les hicieron saber, empezarían a buscarlo dos días después… si bien les iba.
Por eso decidieron empezar su propia investigación a través de redes sociales y en campo después. Recibieron dos reportes relevantes:
* Que Cantero podía haber sido el detenido por policías cerca del Mercado Ojeda en la colonia Libertad, en un operativo policiaco observado por comerciantes de la zona la noche del jueves 1 de septiembre. Familiares repartieron volantes de “Se busca” y platicaron con residentes de esa área, donde también observaron varias cámaras. Los datos de la hora en que la patrulla estuvo en la escena, los proporcionó la familia.
* El 7 de septiembre fueron informados que la camioneta de Alberto había sido abandonada en la delegación Centro la misma noche de su retención. Testigos manifestaron haber visualizado a un hombre vestido de negro con pantalón táctico, abandonar el carro frente al número 5194 de la colonia Alemán para posteriormente abordar un pick-up patrulla.
Entre el punto donde el comerciante fue privado de la libertad y en el que el carro fue abandonado una hora después, hay aproximadamente 7 kilómetros de distancia, los cuales se pueden recorrer en menos de 20 minutos.
POLICÍAS EN ASEGURAMIENTO ILEGAL
De acuerdo al video incluido en la carpeta de investigación, entregado por el Centro de Control de Mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, la víctima fue intervenida por los elementos de la patrulla con el número BC-823 a las 20:22 horas, y transcurrieron alrededor de 4 minutos hasta el momento en que se lo llevaron del lugar junto con la camioneta Grand Cherokee Summit color negro, modelo 2021.
Por tratarse de uniformados en patrulla balizada, presumen que Alberto creyó que estaba seguro.
La cámara que captó la escena está ubicada sobre el alto en la intersección de Calle 16 y Transpeninsular (Carretera Aeropuerto), y frente de la camioneta de reciente modelo que manejaba la víctima, se puede ver a un hombre alto, portando gorra y camisa roja, pantalón de mezclilla y tenis.
Atrás del auto particular estacionaron la patrulla con las puertas abiertas. En los primeros segundos, se aprecia que el policía con el corte de cabello menos corto -Galaz- se acerca a la puerta del piloto y conversa con el conductor, quien sigue dentro del auto. Mientras su compañero policía -Trinidad- voltea a los lados y aparentemente habla por el teléfono, la pantalla del celular se ve iluminada cada vez que él acerca el aparato a la boca.
Pasados casi tres minutos, la cámara captó que Cantero abrió la cajuela y bajó del auto detrás de Galaz, quien ya inspeccionaba el contenido de la parte trasera. En ese momento, Trinidad se puso a revisar en el lugar del copiloto.
Lo que siguió fue muy rápido: en un lapso de 30 segundos, revisaron a Cantero, a pesar de que luce más alto que los policías armados, no opuso resistencia, lo esposaron y lo subieron en los asientos traseros del pick-up patrulla.
De manera irregular -no llamaron a una grúa para oficialmente remolcar el vehículo del “detenido”, ni solicitaron refuerzos-, el oficial Trinidad manejó la patrulla y Galaz subió a la Grand Cherokee, entonces salen del encuadre de la cámara con rumbo a Zona Río.
De tratarse de un operativo policiaco, el protocolo ordena que los policías tienen obligación de informar previo, durante y al final de haber pedido detener el auto. Al terminar, entregarlo como detenido a una autoridad ministerial, y en cuanto a la camioneta, debían colocarle sellos en puertas, ventanas y llamar a una concesionaria de grúas para que se la llevara.
TRINIDAD Y GALAZ, IMPUTADOS POR DESAPARICIÓN FORZADA
El video de la cámara de seguridad fue mostrado a la esposa de la víctima y corroboró inmediatamente que se trataba del comerciante: “…reconozco el carro porque es el que yo uso (…) y reconozco a mi marido, además la vestimenta es evidentemente la misma que yo describí cuando fui a denunciar su desaparición”, esto sucedió el 8 de septiembre, una semana después de la desaparición.
El número económico de la patrulla que lo detuvo, se ve muy claro en la imagen de la cámara -y el equipo de Tecnología lo mejoró-: BC-823A-1.
La FGE solicitó el rol de las patrullas, en tanto la SSPCM respondió que la unidad estuvo asignada a la delegación Otay, y de las 17:00 horas del jueves 1 a las 00:50 horas del 2 de septiembre, los tripulantes de la unidad fueron los hoy detenidos Trinidad Martínez Martín y Galaz Gómez Esteban.
El Ministerio Público también requirió el histórico del GPS del vehículo oficial, pero la SSPCM respondió no tenerlo. En cuanto a informes presentados por Trinidad y Galaz durante el turno en mención, las copias indican que sólo reportaron haber realizado “recorridos de vigilancia y patrullajes preventivos, sin novedad”.
Con esos antecedentes, 21 días después que la víctima fue privada de la libertad, y dos semanas después que la patrulla fue identificada en el lugar del delito, el jueves 22 de septiembre, los domicilios familiares de los policías identificados fueron cateados y los elementos detenidos.
En la vivienda de Esteban Heriberto Galaz Gómez, en el fraccionamiento El Florido, encontraron10 billetes de 20 dólares y 119 billetes de 50 dólares, en total, 7 mil 950 dólares.
Mientras en la casa de Martín Trinidad Martínez, en el Mariano Matamoros, localizaron 35 mil 615 dólares y 155 mil 570 pesos, dinero organizado de la siguiente manera: una paca de 4 mil 825 dólares, otra paca de 30 mil 790 dólares, una tercera de 12 mil 070 pesos y la última de 43 mil 500 pesos.
De los 45 mil dólares que los investigadores buscaban (los cuales llevaba Cantero para adelantar un pago de su deuda), encontraron 43 mil 565 dólares y 155 mil 570 pesos –equivalentes a 7 mil 780 dólares-, los cuales, según la defensa de los agentes imputados, la FGE no puede probar que es el mismo dinero que llevaba la víctima.
Con estos datos, el 27 de septiembre, el juez de Control, Francisco Molina, vinculó a proceso a los policías municipales por el delito de desaparición dolosa y forzada cometida en contra de José Alberto Cantero Ramírez, “…es probable que ustedes hayan sido las personas que ordenaron a la víctima que se detuviera, lo inspeccionaron, aseguraron y se lo llevaron”.
Específicamente al oficial Trinidad, el juzgador le comentó que al abandonar la escena de la privación ilegal, él podía ser quien manejaba la camioneta de la víctima; y a Galaz, que era probable que él conducía la patrulla que llevaba esposado a Cantero en el asiento trasero.
Asimismo, dio a la FGE cuatro meses para investigar y programó la próxima audiencia para el 28 de enero de 2023.
De acuerdo a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el servidor público que “prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”, enfrenta una pena de 40 a 60 años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa.
Si los imputados deciden informar del paradero de la víctima antes que la autoridad ministerial lo encuentre, la Ley permite beneficiar con 13 años menos de prisión al policía que decida hablar primero. Pero si lo encuentran sin vida, se sumará homicidio a la acusación.
LA BÚSQUEDA DE CANTERO
La familia y la FGE están priorizando la búsqueda en vida de José Alberto; los primeros días posteriores a la desaparición, rastrearon en hospitales y centros de detención, sin éxito.
A partir del 27 de septiembre, la FGE solicitó orden a un juez federal para revisar las llamadas, mensajes y GPS de los teléfonos -asegurados desde el 22 de septiembre- de los policías detenidos, con la intención de dar con el paradero de Cantero.
Aseguraron que por Ley, no podían hacerlo hasta que se dictara la vinculación a proceso.
Previamente obtuvieron el perfil genético de la madre y el hijo de la víctima, para compararlo con los cadáveres de desconocidos que han aparecido en fechas cercanas a la desaparición, cuyas características correspondan a Cantero.
Encontraron un cuerpo con vestimenta similar, pero tenía un tatuaje y “Beto” no tiene alguno. Actualmente se encuentran revisando tres cuerpos, los perfiles de tres incinerados como el que la policía municipal reportó a las 06:52 horas del 2 de septiembre a la altura del ferrocarril, en la colonia Burócratas Ruiz Cortines de la delegación Mesa de Otay, envuelto en una cobija e incendiándose.
En conferencia celebrada el 28 de septiembre, Rafael Orozco Vargas, fiscal central de Baja California, fue cuestionado respecto a la posible pertenencia de los policías a una célula criminal, manifestando no tener indicios de ello y que los datos con los que cuenta hasta el momento indican que se trató de un “crimen de oportunidad”: al revisar a Cantero, vieron el dinero y decidieron quedárselo. Pero no refirió información de cómo y por qué optaron por desaparecerlo.
