“No nos faltan recursos (dinero), nos sobran ladrones”, ha sido una frase harto acertada y recurrente, en las cartulinas expuestas en diversas manifestantes públicas de 2011 a la fecha, en los países de habla hispana.
Esta verdad viene a colación, porque este Semanario se enteró que la presente semana, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julia González, Manuel Guerrero, Sergio Moctezuma Martínez, Claudia Agatón, Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Manuel Molina, y Michell Sánchez, aprobaron la erogación de 1,174’797,908.50 (mil ciento setenta y cuatro millones setecientos noventa y siete mil novecientos ocho pesos y cincuenta centavos, m.n.), para la compra de cámaras y tecnología.
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El dictamen, que aún requiere la aprobación del pleno, autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para celebrar un contrato de servicio plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California”.
Será un contrato por hasta 66 meses, durante cinco años; al año se erogarán mensualidades de 23 millones 875 mil 467 pesos y 52 centavos, con dos meses impagos, y así sucesivamente. Las proyecciones indican que en el año 2023, 2024, 2025 y 2026 se pagarán 239 millones 754 mil 675 pesos, y en el 2027 serán un total de 215 millones 779 mil 208 pesos.
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La disponibilidad presupuestal existe en papel; y el gasto está perfectamente justificado, bajo el objetivo de identificar y evitar la comisión de hechos criminales, así como contar con un instrumento y solución para combatir el delito en el Estado y reducir el costo de la delincuencia en las personas y hogares.
Los planes consisten en la “implementación, crecimiento, conservación, modernización y optimización de la infraestructura tecnológica para el monitoreo a distancia; instalación de Puntos de Monitoreo Inteligente; y actualizar los Arcos Carreteros, con cámaras especializadas”.
Una de las razones expuestas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el secretario general Catalino Zavala Márquez, cuando solicitaron la autorización del decreto que les permita este contrato plurianual, fue precisamente “que los equipos actuales presentan una obsolescencia tecnológica”.
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Pero irónica e irresponsablemente, permitieron que Seguritech, precisamente los responsables de ese equipo obsoleto, adquirido mediante contratos amañados y con sobreprecio por el gobierno del panista Francisco Vega, fueran quienes los aconsejaran y negociaran para este futuro contrato.
De hecho, ZETA ha sido informado que algunos de estas cámaras y equipos de seguridad ya han sido adquiridos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por el General Gilberto Landeros; incluso están instalados.
Porque a lo largo del primer trimestre, personal de Seguritech, encabezado por su responsable de relaciones públicas, Daniel Esquenazi, como lo hizo en el sexenio de Vega, ofrecieron el cielo y las estrellas; y como si fueran nuevos, los morenistas y el General Landeros, decidieron dejarse ir.
En cuanto al secretario Catalino Zavala, parece haber olvidado que en octubre de 2017, en su calidad de diputado, en sesión de Congreso como oposición, rechazó y acusó los sobreprecios -por 300 millones- de esta empresa, para el equipo asignado para el centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
En 2018, los diputados aprobaron pagar 45 millones de pesos por arcos lectores que en el mercado estaba cotizado en 13 millones, y autorizaron la compra de cámaras con capacidad de 2 megapíxeles; la misma del primer iPhone que se vendió en 2007, 11 años antes.
Entonces, el estado volvió a tratar con Seguritech, como si el Consejo Ciudadanos de Seguridad Pública de BC no los hubiera denunciado y solicitado un amparo (octubre de 2018), y no estuvieran bajo proceso, después de que, en marzo del 2020, el perito Ingeniero Electromecánico Alberto Cortez Enríquez, determinó que se violentaron los procesos administrativos al realizar el contrato. Aunque extrañamente, el juez Francisco Caballero Green 4to. de Distrito en Materia de Amparo, no ha emitido sentencia.
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También optaron pasar por alto que en el bienio bonillista, en septiembre del 2018, la secretaria de Honestidad y Función Pública inició el expediente 265Q18 contra esta misma empresa y los funcionarios involucrados por una denuncia recibida en Secretaría de la Contraloría, por la opacidad, sobreprecios e incumplimientos a las Leyes de Adquisiciones, y resultados deficientes, del contrato, y que informaron está en la Fiscalía del Estado.
El dictamen antes mencionado, que aprueba el contrato y el gasto, estaba programado para llevarse al pleno el jueves 5 de mayo; se desconoce la razón por la que se reprogramó para el jueves 12 de mayo, según se informó a ZETA. Como en 2016, en este primer texto no se menciona a Seguritech, pero los implicados analizaron con esta empresa “las necesidades y posibilidades” de seguridad en Baja California.
En 2016, Seguritech intentó vender a 20 años infraestructura e interconexión tecnológica, por cuatro mil 660 millones de pesos; en 2018 consiguió en la opacidad un contrato por 789 millones de pesos a pagar en 10 años; y ahora va por 1,174´797,908.50 pesos en seis años.
En vista que el gobierno de Marina Ávila Olmeda ha decidido reincidir, corresponderá a los diputados y a la sociedad organizada, plantarse para evitar un nuevo ultraje al erario. Tocará presionar una licitación abierta en lugar de una amañada asignación directa: pugnar por la exhibición pública del proceso de licitación y el contrato; obligar a una revisión y comparación minuciosa de precios; exigir una supervisión y análisis puntilloso de la calidad y actualidad del equipo que se pretende comprar. Porque el gasto de cada peso, debe estar justificado.
