Por un costo de 120 dólares, una célula del Cártel de Sinaloa vendió e instaló sistemas de video vigilancia en casas de residentes de la zona que abarca las colonias Las Torres, Magisterial, 10 de Mayo y Nido de las Águilas, Delegación Otay Centenario en Tijuana.
La oferta representaba, en promedio, entre 40 y 50 por ciento menos que el costo del mercado, y varios ciudadanos cayeron por el precio.
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En el proceso, criminales clonaron las cámaras y las utilizaron para establecer un centro de monitoreo criminal para vigilar sus puntos de venta de droga, las casas de seguridad y los ingresos a la zona de las corporaciones policiacas o castrenses, así como la entrada de cárteles contrarios.
Cuando algunos de los compradores notaron movimientos inusuales en las cámaras, que ellos no estaban realizando e intentaron cambiar las contraseñas y resetear el equipo, recibieron llamadas telefónicas. Los delincuentes los amenazaron, advirtiéndoles que conocían sus movimientos y los de sus hijos, que las vidas y seguridad de todos correrían peligro de hacer algún cambio.
Tales cámaras fueron detectadas el 29 de agosto, pero el operativo empezó tres semanas antes, cuando un grupo de investigadores de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida ingresó a la colonia Las Torres en busca de dos homicidas al servicio de los hermanos René y Alfonso Arzate, del Cártel de Sinaloa.
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Orden de aprehensión en mano, rastreaban a José Torres Ramírez el Tate y a Aldo Pérez Coria el Negro, (Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), quienes son buscados por varios homicidios:
* El asesinato múltiple de siete hombres privados de la libertad -algunos con antecedentes delictivos- en las colonias, Alamar, Murúa y Las Torres, encontrados a un lado de un bidón de gasolina, bajo llantas y tablas de madera, en la cajuela de un pick-up Ford F250 cabina y media color blanco, cajuela negra, placas de circulación del Estado de California, el cual fue perseguido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana aproximadamente a las 04:40 horas de ese lunes 12 de junio de 2023.
El auto fue asegurado, sin detenidos, en el estacionamiento de la gasolinera Gasko, sobre el Bulevar Héctor Terán Terán.
* El asesinato de un joven de 30 años y las lesiones de otro, cometidas a las 03:15 horas del 17 de junio del año en curso al salir de Cervecería 22 en Plaza Alameda Otay.
La primera semana de agosto, investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a una zona identificada por las fuerzas coordinadas como espacio controlado por grupos dedicados al tráfico de personas. Buscaban los domicilios donde se resguardaban los presuntos homicidas, pero inesperadamente fueron intervenidos por elementos de la Guardia Nacional; pese a que se identificaron, estos les dispararon a los pies sin herirlos, pero se perdió el factor sorpresa y no pudieron seguir con el trabajo.
Las semanas siguientes, continuaron rastreando datos y obtuvieron órdenes para catear en total cinco casas, trabajaron con apoyo y acompañamiento de la Secretaría de marina (Semar) el día 29 de agosto; nadie los detuvo cuando llegaron a la zona y catearon todas las casas.
Al final, fue en el domicilio localizado en Avenida Coromuel en la colonia Las Torres, el que resultó de mayor interés para la investigación.
Al entrevistar a los residentes de inmuebles cercanos, estos les informaron que cinco minutos antes de su llegada un hombre había escapado de la casa, brincando por los techos y patios de los vecinos.
En la escena encontraron el rastro del prófugo, quien frente a una barda tiró un teléfono y una pistola. Encontraron también chalecos y equipo táctico tras una pared falsa.
El domicilio fue identificado como una casa de seguridad para los delincuentes, es de dos pisos con amplio patio, una recámara con los objetos básicos para tener resguardado a un grupo pequeño de migrantes por tiempo corto, además de que se localizaron botas, bastones para senderismo y casa de campaña. En otra habitación tenían el equipo para administrar las cámaras de video vigilancia.
En el segundo piso, en lugar de dos paredes, instaladas dos amplias ventanas desde donde podían vigilar las calles cercanas.
La investigación abierta por este caso es por homicidio, el tema de las cámaras es alterno y accesorio, no sujeto a una investigación independiente.
MÁS DE 250 CÁMARAS INHABILITADAS
Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa instalan cámaras en postes y casas en las calles de Baja California en total impunidad. Entre 2022 y 2023, cuatro centros de monitoreo del crimen organizado han sido desmantelados en dos municipios, los dos últimos en Tijuana.
En agosto fueron 15 cámaras en postes en Valle de las Palmas y otras 36 en casas de la colonia Las Torres, las cuales se suman a las 170 encontradas en Tecate a partir de julio, dato que fue brindado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a la reportera Celeste Espinoza el 29 de septiembre, así como 32 cámaras derribadas en la colonia Castillo en julio de 2022.
El tema fue abordado en la Mesas para la Construcción de la Paz y Seguridad la primera vez con el tema de Tecate, luego que el 29 de junio de 2023, tras el asesinato de Alejandra Hernández Villa, subcomandante de la Policía Municipal en una gasolinera, miembros de la Mesa para la Construcción en el Pueblo Mágico recibieron “de manera anónima” una serie de imágenes tomadas de cámaras instaladas por criminales en las zonas urbana y rural del municipio.
Lo retomaron en septiembre, después que el 31 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ejecutaron un operativo para inhabilitar 15 cámaras y un centro de monitoreo en Valle de las Palmas.
En Tijuana no se ordenó un operativo de búsqueda como en Tecate, la instrucción que se dio en el Grupo Coordinación, fue estar pendientes y, cualquier autoridad que tuviera conocimiento de cámaras, debía informarlo a la Mesa y presentar un Informe Policiaco Homologado a las fiscalías para llevar a cabo las dirigencias, verificar que no pertenezcan a particulares con derecho a poseerlas y, de estar en vía pública, investigarlas.
Apenas el 28 de septiembre, José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, respondió algunas preguntas en el espacio de atención a medios después del Informe de Cuentas Claras, dando cuenta de los equipos detectados en el municipio fronterizo.
Dijo a los reporteros que las cámaras instaladas por criminales no son fáciles de detectar, sobre todo ahora que la ciudadanía está colocando las suyas, pero advirtió que ninguna cámara legal se instala en postes públicos, e invitó a la población a que, de detectar algún equipo en esas condiciones, hagan denuncia anónima al número 089.
“Ya sabemos desde hace algunos años que cada vez es más accesible tener acceso a cámaras de seguridad para preservar tu casa, tus negocios, y los criminales están usando esa tecnología para cuidarse de nosotros como autoridad. Obviamente nuestra eficiencia en los patrullajes, detenciones de delincuentes, va a disminuir en las zonas donde nos están vigilando, por eso es importante revisar, investigar encontrarlas y desmontarlas”, dijo Sánchez a ZETA.
Respecto a las empresas a los grupos criminales que se presentan como empresas de seguridad y ofrecen a equipos a los ciudadanos, exhortó a sospechar de precios demasiado reducidos.
“En la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, la gente puede verificar, hay un espacio de Empresas Privadas donde pueden verificar cuáles están regulados por el gobierno y qué servicios ofrecen, si no están ahí, son irregulares. Si alguien sospecha, puede decirles porque ellos son los facultados para inspeccionar y verificar”.
Actualmente las áreas de Inteligencia del Grupo Coordinación informaron estar investigando al recibir informes de que James Brian y/o Brayan Corona el Apache, presunto operador criminal del Cártel Arellano Félix (CAF), está operando una supuesta empresa de seguridad.
OPERATIVO EN VALLE DE LAS PALMAS
De los halcones electrónicos, Sánchez González informó a la prensa que “se destruyeron en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, que fue quien llevó a cabo la diligencia de cateo en el lugar donde se encontraba el centro de monitoreo”, en el que también se encontraron diversas drogas y vehículos.
Al respecto, la FGR informó el 22 de agosto, a través del comunicado 444/23: “… elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Baja California, ejecutaron orden de cateo en un domicilio en Tijuana, donde aseguraron arsenal y diversas sustancias.
“De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y de la Policía Municipal de Tijuana, al realizar un recorrido en las inmediaciones del fraccionamiento Valle de las Palmas, observaron que una persona ingresó a un domicilio, arrojó una bolsa y se dio a la fuga; por lo anterior, dieron aviso al Ministerio Público Federal (MPF), y pusieron a disposición cuatro bolsas de plástico con una sustancia granulada y cuatro armas cortas.
“Por tal motivo, el MPF de la FGR en Baja California, solicitó una técnica de investigación ante el Juez y al desahogar dicha diligencia, la Policía Federal Ministerial (PFM), de la AIC, localizó:
– 13 armas largas.
– Un aditamento lanzagranadas.
– Un tubo cañón.
– 16 cargadores de diversos calibres-
– 943 cartuchos útiles.
– 76 kilos de metanfetamina-
– 3.6 kilos de heroína.
– 1 kilo de opio.
– 1 kilo de una sustancia blanca”.
Tanto el IPH como la carpeta de investigación, no mencionan nada respecto a las cámaras, los agentes de la FGR sí encontraron instaladas seis pantallas grandes -algunas en mal estado- en una de las paredes del domicilio cateado, pero no estaban conectadas ni había módem (dispositivo que convierte señales digitales en analógicas o viceversa, ni CPU, unidad central de proceso), así que el equipo de videovigilancia no forma parte de la investigación.
De acuerdo a versiones de la Policía Municipal de Tijuana, la información que motivó la persecución de un sospechoso y la ubicación de un domicilio fue posible por la denuncia de vecinos de la Zona Este, quienes advirtieron que en el inmueble presuntamente había drogas.
En un reporte posterior de la Mesa de Seguridad del Estado, informaron que el 31 de agosto la SSCPM de Tijuana, Guardia Nacional y FESC habían ejecutado un operativo para inhabilitar una serie de videocámaras de vigilancia en diversas calles del fraccionamiento Valle de las Palmas, Delegación Presa Rural.
En total, 15 cámaras de video vigilancia: siete resultaron tipo domo, siete del tipo bala y una giratoria; también informaron del aseguramiento de una memoria SD y dos DVR.
Las áreas intervenidas fueron el cruce entre Carretera Libre Tijuana-Tecate y Avenida Camino a Valle de las Palmas, hasta las inmediaciones del fraccionamiento de Valle de las Palmas.
De acuerdo a reportes de las áreas de inteligencia de las corporaciones participantes, ese centro de monitoreo criminal era operado por un grupo del Cártel de Sinaloa, prevalente en el área bajo el mando de Jesús Rafael Yocupicio el Cabezón.
LAS CÁMARAS DEL CJNG
Pese a la gran cantidad de policías y cámaras de video vigilancia del gobierno, así como de empresarios, sin ser detectados, integrantes del CJNG colocaron varias decenas de cámaras en postes de la Zona Norte de Tijuana, equipos localizados a partir de operativos realizados tras el asesinato de José Francisco Ramos Labrador, elemento de la Guardia Nacional, quien murió de un tiro en la cabeza la madrugada del 1 de junio de 2022 en la colonia Castillo de Tijuana.
En la calle Venustiano Carranza, frente a una tienda de abarrotes, se hallaba una persona con una lesión de proyectil de arma de fuego, a unos metros del parque donde la Guardia Nacional tenía una base instalada desde meses atrás.
La venta de droga y tráfico de personas son los delitos más comunes en esa área controlada por el CJNG y los enfrentamientos a balazos entre policías y delincuentes son frecuentes.
Las cámaras fueron detectadas por las policías operativas, que siguieron el rastro de los equipos apoyados en declaraciones de delincuentes de la zona y determinaron que el centro de monitoreo estaba en una casa ubicada a unos metros del parque, cerca del destacamento de la Guardia Nacional, lo informaron en la Mesa de Seguridad, desde donde se determinó que la Guardia haría una segunda investigación y verificación, pero pasaron más de 20 días sin que los agentes federales asumieran su parte y sin que les llamaran la atención.
Razón por la cual el 24 de junio de 2022, elementos de la SSPCM y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron a la Mesa de Seguridad del “aseguramiento e inhabilitación de las videocámaras en la colonia Castillo en la delegación Zona Centro.
“Se realiza un operativo implementado por oficiales adscritos a la Dirección de Investigación Preventiva e Inteligencia Policial en Coordinación con Elementos de SEDENA con la finalidad de inhabilitar 32 cámaras de video vigilancia colocadas por miembros de la delincuencia organizada utilizadas por los mismos para vigilar la presencia de unidades policiales en el área, mismo operativo se realiza en inmediaciones y límites de la colonia Castillo así como la vía internacional”.
Este caso tampoco generó una carpeta de investigación.
