El comunicado de don Porfirio Muñoz Ledo, a estas alturas de los pocos ideólogos mexicanos, y además de izquierda, es tan corto como certero. Es, como él lo tituló, un “Llamado a restaurar la República”.
Pero es evidente que la Transparencia no es un tema de importancia para los legisladores de Baja California o para cualquier gobierno local, de hecho, es un tema al que como pueden y cada vez que les es posible, le sacan la vuelta.
Pero Baja California no está sobre rosas. Los números de la inseguridad aun con la disminución, siguen siendo altos y los hechos criminales por parte de tres cárteles -Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Arellano Félix- siguen vulnerando a la sociedad. Al día de hoy, en todo BC se han cometido mil 444 asesinatos, mil 119 de los mismos en Tijuana, la ciudad más poblada y la de mayor inseguridad.
Justo el 4 de julio de 2022, por la mañana, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de las Embajadas y Consulados en México, emitió una alerta a sus ciudadanos por “posibles enfrentamientos entre organizaciones criminales entre Rosarito y Tijuana”.
López Obrador desmanteló las áreas de seguridad, le entregó la operatividad al Ejército, una institución que no cuenta con Ministerio Público civil, ni con capacidad de inteligencia y operación en el ámbito civil para combatir, contener, perseguir, investigar y procesar a los miembros de los cárteles y de todas sus ramificaciones.
“Si Javier estuviera vivo, señalaría las falsedades y la manera en que el crimen organizado ha crecido de manera exponencial. Me dicen que ya no quieren abrazos, que ahora quieren besos”: Élmer Mendoza
