Uno de Morena, el otro del PRI, pero dos ex gobernadores con hartas sospechas de corrupción, se dicen ahora “perseguidos políticos”. En ese cinismo que proporciona la impunidad política en México, en cualquier gobierno de cualquier partido, y en un momento en que pareciera que el Gobierno Federal y la Fiscalía Ggeneral de la República administran la justicia basados en la venganza política, Jaime Bonilla Valdez y Alejandro Moreno Cárdenas han encontrado un espacio para victimizarse.
El ex gobernador de Campeche y actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, es investigado por la fiscalía de aquella entidad federativa y titulada por Renato Sales, por tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Publicidad
A la vista del público, particularmente de los seguidores de las conferencias de la gobernadora de aquel Estado, la morenista Layda Sansores, resulta inexplicable la fortuna económica de “Alito”. La compra de decenas de predios, la construcción de casas, los dineros en cuentas de terceros y lo más reciente, la adquisición de dos autos deportivos de alta gama, además blindados.
El ex gobernador de Baja California, hoy senador por Morena en la Cámara Alta, Jaime Bonilla Valdez, está siendo investigado por los delitos de corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, ya peculado impropio. Todo en la causa penal 4921/2022.
En sus desplantes de soberbia y capricho, Bonilla firmó documentos para forzar el convenio con la empresa Next Energy, aun sin el consentimiento del Gobierno de México para la edificación de una planta fotovoltaica que, pese a haber sido cancelada, ha trastocado las finanzas públicas de Baja California.
Publicidad
De acuerdo a las fiscalías de Campeche y la de Baja California, esta última encabezada por Ricardo Iván Carpio Sánchez, hay elementos para vincular a proceso a Bonilla, sin embargo, al habérsele reintegrado a la Cámara de Senadores por decisión de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto no será posible mientras mantenga el fuero que el cargo le confiere.
A toro pasado, es decir, cuando ya han abandonado el poder y otro partido es el que gobierna el Estado o la República, muchos ex mandatarios han sido procesados, más del PRI (por muchos años mantuvieron el poder hegemónico en sus estados y en el país), algunos del PAN y todavía ninguno de Morena. Jaime Bonilla sería el primero en caso de avanzar la investigación de la FGE bajacaliforniana.
Algunos ex gobernadores se encuentran en prisión, ahí los casos de Mario Villanueva, de Javier Duarte, César Duarte, por mencionar algunos, y otros -aunque ya han salido- estuvieron tras las rejas, como el sonorense Guillermo Padrés.
Por lo que declara la Fiscalía de Campeche, hay elementos para considerar que “Alito” Moreno, que evidentemente permitió, sea a conciencia o a ignorancia, ahora sí que la mayoría de con quienes hizo negocios, le grabaran -en los audios que da a conocer la gobernadora Sansores, se escucha su voz claramente-, fraguar para transar. Para extorsionar, para corromper, para burlar a las instituciones, para hacerse de millones de pesos, invertirlos, repartirlos entre amigos y familiares, en lo que, insisto, al ojo ciudadano, parece ser un entramado de corrupción y, efectivamente, de enriquecimiento ilícito.
Pero tanto al fiscal de Campeche como al de Baja California, al primero le falta y al segundo se le pasó el tiempo para dar a conocer las convincentes pruebas ante el Poder Judicial y generar órdenes de aprehensión.
No es el linchamiento mediático lo que la justicia requiere, como tampoco debe ser el señalamiento público. El único medio para el combate a la corrupción en tiempos de venganza política, con un gobierno que denuesta a la oposición y persigue a conveniencia a quienes puede encarcelar, se crea un escenario para formar “perseguidos políticos”, como es el caso de “Alito” y de Bonilla.
En menos de una semana, ambos se dijeron perseguidos por el gobierno. El priista siembra la paranoia política respecto al Poder Ejecutivo federal, desde donde dicen, es la única forma que han encontrado para hacerle frente, como si el gobierno de Morena tomara como real enemigo electoral al PRI, venido a menos desde el año 2000 y sepultado durante la administración de Enrique Peña Nieto, al grado que en términos reales, sólo mantiene dos gubernaturas en los estados.
Es evidente que “Alito” no es una monedita de oro aunque haya acumulado muchas, pero la falta de solidez en las investigaciones de la Fiscalía de Campeche y la persecución política e ideológica desde Palacio Nacional, le proporcionan los elementos para auto convertirse en “mártir” del poder y colgarse el mote de “perseguido político”. Arropado, además, por intereses políticos que por confianza en su modo de vida, por los otros dos partidos que conforman la alianza Va por México: PAN y PRD, desde donde maniobran para “defender” al dirigente tricolor, sin más sustento que una contra campaña política ante las elecciones de 2023 en el Estado de México, y las presidenciales en 2024.
Por primera vez desde su reincorporación al Senado, Jaime Bonilla subió a la tribuna de esa Cámara para arremeter contra la gobernadora de Baja California, la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. Argumentando el fin de semana de terror que vivió Baja California a partir del viernes 12 de agosto con la quema de vehículos y el bloqueo de carreteras, calles y avenidas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, aprovechó para referir una no probada relación del gobierno de Ávila y la FGE de Carpio, con grupos del crimen organizado, y anticipando la crítica, se dijo “perseguido político” por la investigación que existe en su contra por corrupción.
La realidad es que cualquiera de los dos, “Alito” o Bonilla, están lejos de ser perseguidos políticos. De los excesos de Moreno conocen en Campeche, y de los abusos de Bonilla en Baja California, pero las carencias de las fiscalías para actuar de manera apropiada, legal y aportar las pruebas necesarias, retrasan los procesos de ambos personajes, proveyéndoles con ello la oportunidad de llamarse “perseguidos”, creando el ambiente de “castigo político” en caso de llegar, efectivamente, a ser detenidos.
Es el cinismo que caracteriza a la política en México, sea el partido que sea, el que gobierne al momento.
