El comunicado de don Porfirio Muñoz Ledo, a estas alturas de los pocos ideólogos mexicanos, y además de izquierda, es tan corto como certero. Es, como él lo tituló, un “Llamado a restaurar la República”.
Sugiere Muñoz Ledo, que “El primer deber de las y los ciudadanos mexicanos, es hoy denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar el país al término de este sexenio”.
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Se fundamenta en el evidente capricho del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de sí o sí, integrar la única corporación civil policíaca a la Secretaría de la Defensa Nacional, sea por acuerdo presidencial, por decreto, con la aprobación del Poder Legislativo o sin el mismo, y por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo asienta así don Porfirio:
“El Presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame incontenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen”.
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Porfirio Muñoz Ledo no siempre estuvo contra el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador. A grandes rasgos, han sido aliados desde hace que ambos eran priistas en el primer lustro de la década de los ochenta. Se reunieron en la izquierda para combatir al régimen tricolor al que llegaron a nombrar una dictadura. Para luchar en términos ideológicos, políticos, y electorales, para derrocar primero al PRI y posteriormente al Partido Acción Nacional, y entonces sí, gobernar con el sentido social de la izquierda, sin perder el Estado de Derecho.
El propio ex presidente de la Cámara de Diputados declaró en alguna ocasión haber solicitado la posición en 2018 para ser él quien impusiera la banda tricolor a López Obrador en la toma de posesión. Pero el mandatario de izquierda se ha ido quedando solo, la capa intelectual que solía ser su contexto político se ha adelgazado tremenda y preocupantemente.
Rodeado de patiños morenistas que consienten todas sus ideas, ocurrencias y decisiones al unísono, se ha convertido desde Palacio Nacional en lo que tanto criticó. Un dictador que a base de decretos, monopoliza para el Estado los servicios, pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pretende desaparecer al órgano electoral ciudadano -Instituto Nacional Electoral-, reducir a cenizas la autonomía de las instituciones ciudadanas, denostar a los adversarios políticos (no es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, por cierto), ocultar el manejo del presupuesto centrado en sus “obras insignes”, hacer del Gobierno de México el único poder en el país, pasar por encima del Legislativo, denigrar a la prensa independiente y, entre otras preocupantes acciones, militarizar la seguridad pública de México.
Solo, sin consenso ni sustento legal, decidió liberar en 2019 a un narcotraficante hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa: Ovidio Guzmán. Sin estrategia de combate a la creciente inseguridad, el Ejecutivo federal ofrece abrazos y regaños familiares a los criminales, vulnerando a las Fuerzas Armadas ante la orden de no atacarlos, y a los mexicanos todos que se convierten en potenciales daños colaterales en medio de una guerra sangrienta entre los impunes cárteles de la droga y el crimen organizado.
Prosigue don Porfirio en su comunicado: “Nuestros heroicos soldados y marinos no son ‘corcholatas’ al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas”.
Y convoca:
“Rechacemos la provocación y la mentira. Forjemos la Unidad Combatiente por la Paz. Ejerzamos el derecho sagrado de la resistencia a la opresión… Toda flaqueza frente al despotismo en un suicidio anticipado”.
Un hombre que mandó al diablo a las instituciones, como López Obrador, lo está cumpliendo. Desmanteló la Secretaría de Seguridad Pública, minimizó a la Fiscalía General de la República reduciendo su autonomía al papel y colocando a un fiscal carnal. Diluyó las instituciones encargadas de la seguridad nacional. Ningún área de su gobierno, más centrado en el populismo y la dádiva social asistencialista, pudo advertir de los planes criminales de los cárteles de la droga para incendiar el país.
El Gobierno de México ha dejado al país sin inteligencia. Ninguna oficina oficial está estudiando, analizando los fenómenos sociales, los fenómenos criminales, a las personas que, desde lo ilícito, amenazan a la sociedad todos los días. No hubo departamento de seguridad que advirtiera lo que vendría. Sin inteligencia, sin contrainteligencia, sin análisis, el narcotráfico tomó varios estados de la República, y la respuesta del Presidente fue tan simplona como siempre. O exageran, o sus adversarios perciben una realidad que sólo él no ve.
La militarización de la Guardia Nacional dejará la seguridad de México a la Secretaría de la Defensa Nacional. Acabará con las ya disminuidas áreas de Inteligencia policíaca, de investigación, de prevención del delito, de procesamiento de información, para relegarla a ser una parte más de una estructura militar que no converge con las prácticas civiles para salvaguardar la seguridad, la paz, la tranquilidad.
López Obrador ha demostrado ser de los que piensan que es mejor exterminar a transformar. Así lo ha hecho y lo pretende hacer con las instituciones. El país no tiene inteligencia, y lo sucedido la última semana, lo confirma. México está sometido por el narcotráfico ante un Gobierno Federal que centra el poder sólo para sus muy personales propósitos, hipótesis y teorías, aunque ello sea en detrimento de una República que agoniza, de la sociedad que lo padece, y de la democracia que así se extingue.
