Uno de los problemas en la estrategia de entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional es que estas instituciones, limitadas para actuar en el fuero común, poco o nada pueden hacer en estados y municipios, más allá de lo único que ejercen y no con buenos resultados: patrullar las calles.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió entonces concentrar su “estrategia” de seguridad (es mucho decir, pero para que se entienda) en las Fuerzas Armadas y su Guardia Nacional, y también concentró en esas instancias el presupuesto de seguridad pública.
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Desde el inicio de la administración lopezobradorista, la mayoría de los fideicomisos que existían en el Gobierno Federal para apoyo de otros niveles de gobierno, organismos de la sociedad civil, educativos, entre otros, fueron desaparecidos. Ello resultó en un primer momento de abandono en la inversión para la seguridad pública principalmente hacia los ayuntamientos.
Al mandatario nacional parece no importarle la seguridad pública local, ni las corporaciones policíacas estatales o municipales. Si poca atención dedica a las federales, menos a las locales. En ese tenor, a diferencia de lo que se inició en la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se ha abandonado a las policías en las entidades federativas y las ciudades, y un área de suma importancia que hoy permanece severamente disminuida, es el combate a la corrupción al interior de las corporaciones.
Si no se ha transitado por un programa de depuración en las policías federales, menos aún en las entidades. Baja California es reflejo de ese problema.
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Esta semana, dos hechos marcaron a las corporaciones policíacas o de seguridad pública. Dos policías municipales activos de Tijuana, patrullando una unidad oficial tipo pick-up, secuestraron a José Alberto Cantero a inicios de septiembre. Evidentemente le robaron 45 mil dólares que trasladaba y a la fecha se desconoce el paradero de la víctima, quien hasta antes de su desaparición, se dedicaba a actividades empresariales con la venta de dulces.
Otro, es un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que, el 22 de julio de este año, ordenó el asesinato de Jaime Antonio González Reyes, funcionario del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. Lo mataron a balazos.
En ambos casos, esta semana hubo avances y fueron vinculados a proceso, quedando detenidos los “tres agentes del orden”. De igual manera, los dos municipales y el MP, todos en activo, habían aprobado los Exámenes de Control, Evaluación y Confianza, precisamente para mantenerse en las corporaciones.
Es evidente que dichos exámenes están fallando, que no fueron practicados de forma adecuada, o que no se profundiza en las investigaciones de los agentes y policías. Los tres, también es evidente por sus acciones, tenían o tienen tendencias a cometer actos ilícitos, corrupción y crimen, pero ninguna autoridad alertó lo anterior, lo cual terminó afectando a la sociedad bajacaliforniana con un asesinato y una privación ilegal de la libertad.
En el caso del asesinato del funcionario electoral, se trata del agente del Ministerio Público, Abraham Miguel Contreras Vázquez, quien de acuerdo a las investigaciones, solía sostener una relación romántica con la pareja (a veces ex pareja) del funcionario, y en un acto de represalia ante una situación de abandono contrató -porque tenía los medios, el conocimiento y las conexiones- a unos sicarios para que asesinaran al esposo de la mujer.
Los policías municipales que se presume privaron de la libertad al empresario dulcero son, también de acuerdo a las investigaciones, los de nombre Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, quienes el 1 de septiembre, a pocas cuadradas de su casa, detuvieron a Cantero, lo bajaron de su vehículo y lo subieron en la patrulla. Uno de ellos procedió a llevarse -a su vez- el carro de la víctima. De todo esto quedaron imágenes en una cámara de seguridad, donde se aprecia claramente el número de patrulla, al hombre privado de la libertad y su vehículo.
Bitácoras policíacas ubican al par de agentes como quienes transitaban esa unidad y realizaban “recorridos y patrullaje para seguridad de la ciudadanía”.
Sin embargo, los tres agentes decidieron actuar en contrario y cometer delitos (acá tenemos que aclarar que los mencionados son “inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, de acuerdo a la Ley).
No son los únicos. En Tijuana existen ocho agentes que “patrullan” la ciudad después de haber sometido a tortura y una brutal golpiza a un joven, y otros más en calidad de prófugos o sin investigar, por golpear y violar a un hombre de 50 años de edad, provocándole -al tiempo- la muerte en el Hospital General.
Mientras gobernadora y alcaldes -incluida la presidente municipal de Tijuana- se despreocupan porque la seguridad es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, y hacen votos para que éstas permanezcan en las calles más allá del actual sexenio, o que la Guardia Nacional sea la responsable de proveer seguridad, la realidad es que desde la Secretaría de Seguridad Pública la gobernadora, y los alcaldes desde la Municipal, encabezan corporaciones con agentes corruptos que no están siendo investigados. Lo mismo que, evidentemente otra vez, sucede en la Fiscalía General del Estado.
Sería bueno que dentro de su irresponsable estrategia de dejar la seguridad en Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, tanto gobernadora como alcaldesas y alcaldes, aprovecharan el tiempo, el recurso y los programas para depurar las corporaciones que encabezan, pero de manera real, profunda, con métodos científicos y análisis del entorno y laboral, para sustentar los casos y deshacerse de una vez de agentes corruptos.
Sería bueno, aunque no se les ve compromiso, y lo que se aprecia con su falta de acciones, es que están solapando la corrupción policíaca en un momento en que el crimen acecha a la sociedad en Baja California.
