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martes, mayo 28, 2024
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Sobrevivir publicando

En el año 2000, cuando los organismos de protección y defensa de periodistas comenzaron a contar a los periodistas asesinados en México, en ZETA ya nos hacían falta dos compañeros y uno había sobrevivido a un atentado.

De acuerdo a Artículo 19, en 24 años  han sido asesinados 163 periodistas en el país. En un desglose por sexenio, los números se reflejan así:


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– Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), tres periodistas asesinados

– Vicente Fox Quesada (2000-2006), 22

– Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), 48


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– Enrique Peña Nieto (2012-2018), 47

– Andrés Manuel López Obrador (sexenio que aún no termina), 43.

Los propios organismos, como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, establecen que en las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, la impunidad está en un 98 por ciento. En México, los asesinos de periodistas no terminan en prisión.

En ese contexto de inseguridad, violencia, intentos de censura e impunidad, ZETA cumplió el 11 de abril de 2024, 44 años de fundación. Los obstáculos en el camino han sido fatales, ignominiosos y francos atentados a la libertad de expresión. Sin embargo, con el abrazo de una sociedad ávida de información, de periodismo de investigación, hemos sobrevivido publicando, ejerciendo cada semana nuestro derecho y el de las audiencias a la información, a la libre expresión, a la prensa.

Como reflejo de la situación de inseguridad, de incerteza judicial y de procuración de justicia, los casos de nuestros compañeros asesinados permanecen todos, en la impunidad. En el crimen contra Héctor Félix Miranda, codirector fundador de ZETA, dos asesinos materiales fueron sentenciados por el homicidio del periodista y purgaron sentencias de 25 y 27 años, pero el autor intelectual permanece libre, impune. El principal sospechoso en aquel entonces y ahora, fue quien daba trabajo y dio sustento a los asesinos aun estando prófugos o purgando una condena, y para quien regresaron a trabajar una vez obtenida su libertad: Jorge Hank Rhon.

Pese a ser sospechoso de la comisión de varios delitos, tráfico de especies en peligro de extinción, tráfico de aves y homicidios, solamente en una ocasión pisó la cárcel, en 2011 por acopio de armas, pero después de unos diez días recuperó la libertad no porque se hubiese demostrado su inocencia o que no poseía las 89 armas decomisadas en las inmediaciones de su casa habitación, sino por tecnicismos, por faltas al debido proceso. 

Ahí sigue, impune, ha sido en dos ocasiones candidato al Gobierno del Estado de Baja California con sendas derrotas, y ahora su hijo es candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México, al tiempo que el General Alfonso Duarte Múgica, lo es a la Cámara de Diputados por el distrito en el cual se encuentra la residencia de Hank Rhon, donde, siendo el General Duarte Comandante de la II Región Militar, catearon y localizaron las armas.

El atentado a don Jesús Blancornelas el 27 de noviembre de 1997 está en total impunidad. En la emboscada al periodista, perpetrada por una célula del Cártel Arellano Félix, donde participó activamente el brazo armado del Barrio Logan de San Diego, ninguno ha sido propiamente investigado, mucho menos sentenciado por el crimen contra el periodista y en el cual le arrebataron al vida a su asistente y seguridad, Luis Valero.

Los nueve sicarios que participaron en el atentado y los dos hermanos Arellano Félix, Benjamín y Ramón, están impunes. De los capos, el mayor está en una prisión de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y no fue investigado por el atentado al codirector fundador de ZETA. Ramón Arellano, murió impune de este y otros delitos en 2002.

Blancornelas falleció por causas de una enfermedad en 2006, y si para entonces las autoridades federales que atrajeron el caso de su atentado para investigarlo, lo tenían congelado, ahora que no está, permanece en el olvido a pesar de las denuncias y exigencias que desde estas páginas hacemos de manera frecuente.

En 2004, integrantes del Cártel Arellano Félix asesinaron al editor general de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco. Ya no eran Ramón y Benjamín los dirigentes criminales de la organización, sino su hermano menor, Francisco Javier, quien tenía como número dos a Arturo Villarreal Heredia. Ambos, se diría en una Corte de EU, ordenaron el asesinato del editor de este Semanario.

Ortiz Franco había publicado una investigación y dado a conocer a la nueva camada de integrantes del Cártel Arellano Félix con nombre y fotografías. Las imágenes, había revelado el periodista, correspondían a unas tomadas para tramitarles credenciales que, de manera apócrifa, los acreditaran como policías judiciales del Estado. Por eso ordenaron matarle. Todos, asesinos materiales e intelectuales, permanecen en la impunidad. Algunos han muerto, otros están en prisión por otros delitos, como Francisco Javier Arellano y Arturo Villarreal, quienes purgan condenas en la Unión Americana.

De 2007 a 2008, varias fueron las amenazas contra la vida de editores de ZETA. Corporaciones de EU y en un solo caso la Secretaría de Seguridad del Estado, informaron al Semanario de  la orden de asesinar editores. En todas las ocasiones, menos una, la fatal consigna provino del mismo Cártel Arellano; la excepción fue una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el inter, gobiernos estatales y municipales han intentado afectar el periodismo de investigación de ZETA con campañas negras, difamaciones y la no compra de publicidad como “castigo”. El camino no ha sido parejo.

A la entrada de los gobiernos emanados de Morena, en la República y en el Estado de Baja California, los ataques han sido continuos y muchos. Como en su momento lo hiciera Francisco Vega de Lamadrid, del PAN, aun cuando de forma anónima, Jaime Bonilla Valdez lanzó ataques verbales contra ZETA durante su bienio, Artículo 19 reportó 16 casos del entonces gobernador contra el Semanario, desde poner en entredicho su línea editorial, hasta menospreciar el alcance e intentar desestimar las investigaciones periodísticas que dieron cuenta de la corrupción en el gobierno, hasta ataques personales por parte de su secretario de Gobierno contra la codirección, pasando por un desdén en la publicación de propaganda gubernamental y un cese al acceso a la información o entrevistas a reporteros de esta casa editorial.

A 44 años de distancia de la fundación de ZETA, en México no es más seguro ejercer la libertad de expresión, los periodistas seguimos como entonces, entre dos fuegos, entre las balas y las amenazas de la criminalidad organizada que mata periodistas de manera impune, y los ataques verbales y otros “castigos” desde el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que considera a la prensa, particularmente la independiente y de investigación, uno de sus “adversarios”.

En ZETA, allende los gobiernos y las amenazas de los cárteles, el apoyo de los lectores, la solidaridad de los ciudadanos hacia el medio de investigación que han hecho suyo, llegamos a los 44 años de edad. Nos faltan nuestros compañeros asesinados, atentados, pero permanece el legado del ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo de investigación, libre como el viento. A todos, muchas gracias.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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