En Baja California, con mayoría morenista, por supuesto, los diputados de ese partido son buenísimos… cuando se trata de sus causas partidistas o de las del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no así de mantener la legalidad, la gobernabilidad y el Estado de Derecho en la entidad.
El 31 de julio de 2022, concluyó el periodo para el cual fue designada consejera propietaria del ITAIPBC (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California), Cinthia Denise Gómez Castañeda. De acuerdo a la Ley, los diputados que integran el Congreso del Estado local, debieron emitir convocatoria para designar a una nueva consejera propietaria (por equidad de género debe ser mujer), 120 días antes de presentarse la vacante.
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Lo que indica que el 2 de mayo de este año, sabiendo de antemano como corresponde a su trabajo, debieron publicar la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo para la designación de la nueva consejera propietaria de Transparencia en Baja California. Pero no lo hicieron. De hecho, andaban muy cansados, hacía semanas habían puesto a trabajar toda su estructura legislativa, personal y su propio tiempo, para arengar a “las masas” bajacalifornianas a participar en la consulta de Revocación de Mandato que, a capricho, realizó el presidente de la República el 10 de abril.
Algunos diputados locales incluso solicitaron licencia para dedicarse de tiempo completo, en cuerpo, alma e ideología, a trabajar por la ratificación de López Obrador, abandonando las labores legislativas y la responsabilidad con la legalidad en el Estado, facultad que les otorgaron los votantes cuando fueron electos.
Hace unos días, los diputados de Morena volvieron a ocuparse de temas personales, políticos, electorales y de partidos, cuando se dedicaron a arrear a acarreados para que votaran en las elecciones internas del partido para la selección de consejeros.
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Y cuando no están ocupados en grillas de partido o en caprichos presidenciales, los legisladores guindas andan tratando de acomodar a los suyos en puestos clave, de negociar sus votos, de servir de comparsas al gobierno.
En este contexto, el 2 de mayo se les olvidó emitir la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia. Y se les siguió olvidando durante dos meses más. No lo habían hecho el 2 de junio, como tampoco el 2 de julio. Fue hasta el 8 de julio, apenas 23 días antes que Gómez Castañeda concluyera su periodo como consejera propietaria, que finalmente, el Congreso del Estado emitió la convocatoria.
Lo que indica que del 31 de julio al 4 de agosto, el Instituto de Transparencia sólo estuvo integrado por dos consejeros, el presidente Jesús Alberto Sandoval Franco, y Lucia Ariana Miranda Gómez.
La grilla de los diputados, consistió en querer, otra vez, de forma muy ignorante, integrar como tercer consejero propietario (dado que es la posición vacante), al consejero suplente José Rodolfo Muñoz Gómez. Esto no fue permitido al interior del Consejo de Transparencia, pues la Ley indica que el consejero suplente, lo es exclusivamente para cubrir licencias temporales o definitivas solicitadas por los consejeros propietarios. No para cubrir vacantes. En este caso, el Congreso del Estado está obligado a emitir la convocatoria y designar a nueva consejera propietaria.
Cuatro días de grilla después, por sus caprichos, los legisladores reunidos en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, acordaron, consideraron y aprobaron en votación, que el consejero suplente tomase posesión de la consejería propietaria.
Con esta acción, los irresponsables diputados locales no sólo están transgrediendo la Ley local, que indica claramente que el consejero suplente no cubre vacantes, sino que están afectando la equidad de género y también determina en la Ley, al integrar un Consejo de Transparencia con dos hombres y una mujer.
Pero es evidente que la Transparencia no es un tema de importancia para los legisladores de Baja California o para cualquier gobierno local, de hecho, es un tema al que como pueden y cada vez que les es posible, le sacan la vuelta. Son opacos hasta la pared de enfrente, e irregulares para utilizar la Ley que juraron respetar y hacer valer.
El 4 de agosto, con un exceso legislativo, los diputados de mayoría morenista pasaron por encima de la Ley para cubrir su omisión de no haber publicado con 120 días de anterioridad, la convocatoria para el Consejo Consultivo para la designación de la nueva Consejera Propietaria, y descendieron varios escalones en la lucha de la equidad de género al incumplirla e integrar, a capricho, un Consejo de Transparencia con mayoría masculina, dejándolo además, sin consejero suplente, lo cual complicaría el escenario en caso que en una situación especial, cualquiera de los dos consejeros propietarios, solicitara una licencia temporal.
Al hacer dos actos ilegales (el suplente de propietario y acabar con la equidad de género), el Congreso del Estado está demostrando el poco interés que tienen por la prevalencia del Estado de Derecho. Y en esta irregular circunstancia, se encontrará el Instituto de Transparencia de Baja California por lo menos durante los próximos dos meses, que es lo que ha tomado designar consejeros.
El cause normal es que, una vez conformado el Consejo Consultivo, éste a su vez integre el Comité Ciudadano, que será el órgano responsable de emitir, ahora sí, la convocatoria para la selección de una nueva comisionada propietaria (para preservar la equidad de género). Una vez que los participantes cumplan con los requisitos invocados en la convocatoria, el Comité Ciudadano realiza las entrevistas a quienes hayan cumplido con ellos, y emite una lista al Congreso del Estado para que los diputados voten y designen a la nueva consejera propietaria.
Todo esto deberá suceder, pero mientras, los irresponsables diputados, quebrantando la Ley, ya designaron a un suplente en la posición de un propietario. A ver si agilizan el proceso de selección para regresar al Instituto a su legal conformación, y respetar la equidad de género, además.
Ahora sí que buenísimo para la grilla político partidista, pero malísimos para la legalidad que de suyo, ellos están obligados a promover y supervisar que se cumpla. Uff.
