El mismo día que el Senado de la República amplió el plazo hasta 2028 para que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de seguridad pública en las calles de México, a las 13:30 horas, por lo menos 30 camionetas de criminales autoidentificados como “Los Tequileros”, tomaron por asalto el municipio de San Miguel Totolapan en Guerrero.
Dejaron una estela sangrienta de, por lo menos, 23 muertos, de acuerdo al periódico El Sur de aquella entidad federativa. Mataron al presidente municipal; a su padre, que también fue alcalde; al director de Seguridad Pública, al administrador de la Jurisdicción Sanitaria, a un asesor del alcalde y a siete elementos de la Policía Municipal.
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Los tomaron por sorpresa cuando, en una casa particular, el primer edil sostenía una reunión con el pequeño grupo de colaboradores.
San Miguel Totolapan es uno de los 51 municipios de Guerrero. Pequeño en población, apenas supera los 24 mil habitantes, se compone de 151 poblados, pero sólo tres suman más de mil habitantes. La cabecera municipal, precisamente San Miguel Totolapan, donde fue el ataque, tiene la mayor cantidad de población: 4 mil 310 residentes, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Le siguen el poblado de El Terreno, con mil 608 habitantes y Valle Luz, con mil 335 residentes.
La vida de los 4 mil 310 habitantes de San Miguel Totolapan, quedó marcada y trastocada el miércoles 5 de octubre. Entre los asesinados, está una niña aún sin identificar. Las calles se vaciaron de personas y fueron ocupadas por cientos de casquillos. Mientras la población huyó a resguardarse en sus hogares, los criminales a bordo de las 30 camionetas dispararon a mansalva. No sólo contra quienes acudieron a la reunión del alcalde, también al edificio del Ayuntamiento, a otras viviendas y sitios públicos, como los juegos mecánicos que quedaron apagados y con impactos de bala, pero que antes fueron utilizados con deleite en medio de la feria por la celebración de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre.
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El jueves 6 de octubre, los sepultureros del pueblo no se daban abasto para cavar las 20 tumbas, pues tres de las víctimas serán inhumadas en otras localidades.
El Ejército y la Guardia Nacional, para el caso lo mismo, llegaron a la comunidad de San Miguel Totolapan cuatro horas después de la masacre. Supuestamente fueron alertados unos quince minutos de empezados los 40 minutos que duró el ataque armado sobre el pueblo, pero a su paso encontraron bloqueos carreteros que les impidieron llegar a auxiliar a la población.
La realidad es que ni el Ejército ni la Guardia Nacional, patrullan los pueblos montañosos de la sierra guerrerense. Hace años el impune narcotráfico les cerró el paso y así continúan. El municipio donde mataron al alcalde Conrado Mendoza Almeda; a su cuñado, Gustavo Salazar; a su padre, Juan Mendoza; al director de Seguridad Pública, Fredi Martínez; al administrador de la Jurisdicción Sanitaria, Roberto Mata; al asesor del alcalde, Génesis Araujo; y a los escoltas del presidente municipal, Samuel García y José Antolín Calvo, se encuentra en lo que geográficamente se conoce como Tierra Caliente.
Siendo la parte montañosa, los cárteles de la droga y las células criminales han utilizado esas regiones para la siembra y cultivo de amapola, por ahí trasiegan los derivados de los opioides que producen en la serranía de manera impune.
Unos días antes de la masacre de San Miguel Totolapan, un grupo criminal autodenominado “Los Tequileros” (en región mezcalera) se adjudicó otros asesinatos y anunció su regreso para apoderarse criminalmente de la zona. Tienen a base de armas, sangre y amenazas, tomadas esas regiones de Guerrero, ante la corrupción oficial, la incapacidad de las policías y la ausencia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Han tomado territorios sin Ley y los han hecho suyos.
En el día siguiente de la masacre, las autoridades locales acataron con discurso. La gobernadora, Evelyn Sánchez, hija del senador Félix Salgado Macedonio, ha dicho “enérgicamente” que el crimen no quedará impune, pero sus palabras se las lleva el viento. La zona sigue abandonada, ahora mismo recogen los casquillos y entierran a sus muertos. Tardarán en reconstruirse porque para eso tampoco hay presupuesto, y el Palacio Municipal y muchas casas quedaron con los hoyos de los impactos de las balas.
Las familias, muchas se aprestan a salir de ahí. A iniciar el éxodo por la violencia que los hará recorrer el país para buscar refugio fuera del mismo, o más allá de su Estado. La alcaldía de San Miguel Totolapan está desierta, el suplente del alcalde, José Alberto Nava Palacios, resultó herido en la balacera y lucha por su vida en algún hospital.
Una masacre más, un acto criminal impune y corrupto para la estadística de este gobierno lopezobradorista, que acumula multihomicidios al tiempo que presume, para sí, un escudo protector que los mexicanos en su mayoría no tienen.
