La Auditoría Superior del Estado de Baja California detectó 41 presuntos actos de corrupción en la cuenta pública 2017, registrados durante la gestión del priista Marco Antonio Novelo Osuna como alcalde de Ensenada.
Al ritmo que crece el fenómeno del consumo de vino y la compra de predios campestres, derivado de la contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, aumentan los fraudes inmobiliarios, robos e invasión de predios, algunos de reserva para uso agrícola.
Juan Francisco Sillas Rocha, “El Sillas” o “El Ruedas”, detenido el 4 de noviembre de 2011 en Tijuana luego de intentar asesinar a Israel Vergara Galindo, se encuentra formalmente preso desde el 9 de marzo de 2012 por instrucción del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Guadalajara.
El domingo 14 marzo, Alejandro Adrián Moreno Padilla, jefe del Departamento de Supervisión y Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Ayuntamiento de Tijuana, fue asesinado a balazos frente a su esposa Mirna O. quien labora como inspectora en la misma dependencia.
A finales de 2020, diputados de la XXIII Legislatura en Baja California comenzaron a levantar la mano con la intención de postularse para el mismo cargo con los beneficios que les confiere la llamada “Ley Gandalla”, publicada el 16 de junio del mismo año, con la que pueden participar en la contienda electoral para reelegirse sin necesidad de dejar su cargo.
En la víspera del periodo para registrar candidaturas al Gobierno de Baja California (el cual iniciará mañana sábado 20 de marzo), los siete frentes partidistas que llevarán contendiente a la arena política ya cuentan con coordinadores de campaña.
Nuevamente, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Baja California, ignoraron las necesidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Consejo de la Judicatura, dejando a su suerte la implementación del sistema de justicia oral laboral que debe entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2021, para lo cual -según un estudio de viabilidad hecho para el estudio de los magistrados- requerían 160 millones de pesos para un óptimo funcionamiento. En lugar de eso, los poderes Legislativo y Ejecutivo otorgaron cero pesos, pese a que se trata de una obligación constitucional.
A un mes de que se instaló el campamento de migrantes en la garita peatonal El Chaparral como protesta para que el gobierno de Estados Unidos les brinde asilo humanitario, la población en dicho lugar aumentó un 200% y las autoridades del país vecino no aceleran los procesos como lo prometieron, dejando a miles de personas a la intemperie.
