El 29 de marzo concluyó el plazo para que las fuerzas políticas registraran candidaturas a las diputaciones federales en el proceso electoral 2020-2021. Por los ocho distritos de Baja California, en total participarán 54 candidatos, ocho de ellos al amparo de la coalición de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM). En tanto que siete lo harán por la alianza entre panistas, priistas y perredistas.
Las candidaturas de Morena al Congreso de la Unión y los ayuntamientos de Baja California ya quedaron definidas. Dos de las postulaciones a la Cámara de Diputados favorecieron a figuras vinculadas al gobernador Jaime Bonilla Valdez, en tanto que otras dos, a perfiles allegados a la candidata a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El 2 de febrero de 2007, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California se publicó el Decreto 247. aprobado por el Poder Legislativo, concretando una reforma de gran calado a diversos aspectos constitucionales. Varios de estos generaron grandes implicaciones al desarrollo de la actividad jurisdiccional de Baja California.
El jueves 18 de marzo se giró orden de aprehensión contra el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, al no acudir a la lectura de imputación en la audiencia de inicio por su presunta participación en delitos en materia electoral, según los artículos 14 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Desde entonces, para la Fiscalía General del Estado (FGE), el panista se encuentra en carácter de prófugo de la justicia.
La madrugada del domingo 21 de marzo, un grupo de sicarios ingresó a una fiesta en el Rancho San Pablo, en el Valle de Guadalupe, con el objetivo de asesinar a Jorge Daniel Rodríguez Guzmán alias “La Niurka”, de 31 años de edad.
Desde 2014, cuando gobernaba Gilberto Hirata Chico, el Ayuntamiento de Ensenada dejó de pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Desde el lunes 25 de enero, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció desde su transmisión por Facebook Live sus intenciones de expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, incluso, ya había girado órdenes a su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, iniciar con los procesos.
La semana pasada, justo cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunciaba que Estados Unidos le prestó a México 2 millones 700 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19, alrededor de 300 familias centroamericanas fueron retornadas y abandonadas en Tijuana.
Seis de 32 estados concentran la incidencia de homicidios y de narcomenudeo en México, en este ranking, Baja California ocupa el segundo lugar, solo por debajo de Guanajuato, informó durante la mañanera presidencial del 22 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
El 15 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de no aumentar los precios de los combustibles en México en términos reales, “llueva, truene o relampaguee”; sin embargo, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que en lo que va de 2021, el precio promedio de los combustibles (gasolinas, diésel y gas) se encareció entre 10.22% y 19.24%. Rango por encima de la inflación registrada en febrero (3.76% a tasa anual) y en enero pasados (3.24%), así como la reportada en la primera quincena de marzo (4.12%).
