La jueza Graciela Zamudio transforma el sistema judicial con fallos comprensibles para extranjeros vulnerables. Sentencias evidencian el colapso administrativo y humano en trámites migratorios
En la esquina noroeste de México, donde la geografía nacional se topa con el Pacífico y la frontera estadounidense, el sistema judicial ha comenzado a hablar un idioma inusual: el de la empatía y la claridad. En el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Tijuana, la jueza Graciela Zamudio Campos, conocida ya como “la jueza de los migrantes”, está transformando la manera en que el Poder Judicial de la Federación se comunica con quienes tradicionalmente han sido invisibles para el Estado.
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Elegida por el voto popular en las históricas primeras elecciones judiciales de México en 2025, Zamudio no llegó al cargo desde la burocracia inerte, sino desde las trincheras del activismo, habiendo dirigido la asociación civil Alma Migrante en esta misma frontera. Su transición del activismo a los órganos jurisdiccionales ha traído consigo la aplicación de una herramienta revolucionaria, la sentencia de “lectura fácil”. Estos fallos no son meros resúmenes, sino una declaración de principios que reconoce que el acceso a la justicia es inexistente si el justiciable no comprende por qué se le protege.
En un contexto donde la terminología legal suele ser una barrera infranqueable, la impartidora de justicia inicia sus fallos con un trato humano, dirigiendo palabras directas al migrante, explicando que su tribunal cuida que ninguna autoridad lastime sus derechos humanos. “Hola soy la Jueza Graciela Zamudio Campos, adscrita al Juzgado Decimocuarto de Distrito, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, donde cuidamos que se respeten tus derechos humanos, cuando consideres que alguna autoridad los haya lastimado. Quiero comentarte que (…)”.
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Esta metodología de justicia abierta no solo busca resolver expedientes, sino empoderar a personas que han huido de la violencia y la persecución, asegurándoles que, en su juzgado, ya no son un número de trámite, sino individuos con dignidad inherente. A través de una prosa narrativa que rompe con el acartonamiento tradicional, la jueza de los migrantes está dictando cátedra sobre cómo el derecho puede ser una herramienta de inclusión social y no un mecanismo de exclusión sistemática.
La contundencia de sus resoluciones se manifiesta en cuatro casos emblemáticos recientes que exponen la parálisis institucional de las autoridades migratorias mexicanas. En el primer asunto, identificado bajo el expediente 328/2026, la jueza intervino ante la omisión de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para resolver una solicitud de reunificación familiar presentada por un ciudadano togolés, Ayefoune, que, tras obtener su refugio en México, vive bajo la constante amenaza de agentes persecutores de su país de origen que buscan dañar a su concubina e hijos. La justicia federal determinó que el retraso administrativo violentaba el derecho a la unidad familiar y el acceso a la justicia, ordenando el trámite inmediato de la petición.
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En un tono similar, el caso 495/2026 presenta la historia de Rodrigo, un salvadoreño a quien el Instituto Nacional de Migración mantuvo en un limbo jurídico al no resolver su trámite de visitante por razones humanitarias. Para Rodrigo, la falta de este documento significaba el aislamiento total, pues el miedo a ser detenido le impedía buscar empleo, estudiar o incluso recibir servicios médicos básicos.
Por otro lado, la sentencia 507/2026 exhibió la negligencia estructural de la COMAR al omitir siquiera la práctica de la entrevista de elegibilidad a Bakary, un solicitante de refugio, una etapa que, por ley, debe ocurrir inmediatamente después de la solicitud, pero que en la realidad mexicana se convierte en una espera indefinida que deja al migrante en un estado de indefensión absoluta.
Finalmente, el expediente 579/2025 relata la lucha de Yasser Michel, otro ciudadano salvadoreño que, tras el fracaso de una cita en el programa CBP ONE, buscó regularizarse en México solo para toparse con el silencio administrativo del INM durante más de un año.
En cada uno de estos fallos, la jueza Zamudio Campos desvirtuó las negativas de las autoridades, confirmando que la omisión de resolver no es una simple falla técnica, sino una violación flagrante a la seguridad jurídica de personas en extrema vulnerabilidad.
Los riesgos que enfrentan estos navegantes del desamparo son detallados con rigor en las sentencias, configurando un mapa del horror que viven los migrantes en territorio nacional. Zamudio Campos advierte que la situación migratoria irregular no es un fenómeno aislado, sino que trasciende negativamente al contexto institucional, generando condiciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos equipara a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El aislamiento social al que se ven confinados es una forma de violencia que les impide proyectar un plan de vida y los deja a merced de estructuras criminales y pandillas. Los fallos citan informes que confirman que el crimen organizado capta a jóvenes migrantes en zonas excluidas para actividades de vigilancia o violencia, aprovechando la desprotección estatal.
Para las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años, el panorama es aún más desolador; las sentencias mencionan que enfrentan una combinación tóxica de racismo y estereotipos de hipersexualización, donde cualquier interacción con grupos delictivos aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir violencia sexual.
A esto se suma el hacinamiento extremo en albergues saturados, la falta de servicios médicos y una afectación profunda a la salud mental derivada del trauma de la pérdida y la incertidumbre de vivir en los márgenes de la legalidad.
La jueza enfatiza que el Estado, al omitir su responsabilidad de regularizar estas estancias, se vuelve cómplice de un sistema que empuja a los migrantes hacia el fraude, la extorsión y, en los casos más extremos registrados en el país, hacia muertes violentas y desapariciones forzadas.
En Tijuana, esta vulnerabilidad se agrava por la actuación de las propias fuerzas de seguridad, habiéndose documentado detenciones ilegales y extorsiones a manos de la policía local y personal migratorio.
La crisis se sostiene sobre indicadores estadísticos alarmantes que Zamudio Campos incorpora en sus resoluciones para dimensionar el reto que enfrenta el país. Las cifras revelan que, entre 2013 y finales de 2024, México recibió un aluvión de 638,820 solicitudes de refugio, alcanzando un máximo histórico de más de 140,000 solo en el año 2023.
No obstante, la respuesta institucional ha sido inversamente proporcional a la necesidad: el ACNUR reporta que, durante 2024, el Instituto Nacional de Migración redujo en un escandaloso 97% la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias en comparación con el año previo. Esta parálisis administrativa condena a los solicitantes a procesos que, aunque legalmente deberían resolverse en 45 días, en la práctica se extienden por más de tres años.
El sistema de defensa pública tampoco ofrece un alivio real; los datos citados muestran que el Instituto de la Defensoría Pública Federal cuenta con apenas 43 asesores jurídicos especializados en movilidad para cubrir las 32 entidades federativas, lo que arroja un promedio insuficiente de 1.3 asesores por estado para atender a una población migrante que se cuenta por cientos de miles.
La percepción social también juega en contra, pues encuestas nacionales indican que la palabra “migrante” sigue asociada a conceptos negativos como “ilegalidad” o “delincuencia” en el imaginario del mexicano promedio.
En cuanto a las desapariciones, el Registro Nacional reportó que, entre 2014 y 2025, se contabilizaron 3,406 personas extranjeras no localizadas en México, mientras que el Proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado más de 6,645 muertes en la ruta hacia el norte desde el inicio de la década pasada.
Ante este colapso numérico y humano, la juzgadora defiende el juicio de amparo como el último bastión de esperanza, ordenando incluso que sus sentencias sean difundidas mediante proyectos de arte participativo para que la sociedad civil y la comunidad migrante sepan que la ley no tiene por qué ser un laberinto sin salida.
La maestra Graciela Zamudio Campos llegó a Tijuana en 2015 proveniente de Ciudad de México, con el cargo de Coordinadora de la oficina foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Baja California y a finales de 2018 se convirtió en directora general de Alma Migrante donde formó un frente importante de defensores de derechos humanos migrantes en la entidad. Fue designada por semanario ZETA, Personaje Destacado 2020.
