“El Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha sabido cómo contener la andanada de señalamientos de los norteamericanos”
Ningún gobierno mexicano ha sido tan señalado como el actual, por el gobierno estadounidense. Ciertamente solo tres presidentes de la República, uno del PRI, Enrique Peña Nieto, y dos de Morena, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, se han enfrentado a una administración de los Estados Unidos encabezada por Donald Trump.
En el caso de Peña Nieto, el tema central de la discusión con su par norteamericano fue la construcción del muro fronterizo. Trump insistía en edificarlo y que el costo lo pagaría México, Peña se negaba, y se negó hasta el final de su administración. López Obrador colaboró con Trump al cerrar la frontera sur de México con la Guardia Nacional, para evitar el paso de caravanas migrantes con destino a los Estados Unidos, algo que por entonces inquietaba al mandatario norteamericano. El asunto de la discordia por esos años era la migración.
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Centrado en campaña e inicio de gobierno en los temas de migración y criminales, Donald Trump arreció la andanada de exigencias y acusaciones contra el Gobierno de México, pero derrotado por Joe Biden dejó la Casa Blanca y México tuvo un ligero respiro en la relación bilateral… hasta el 20 de octubre de 2020, cuando la administración del demócrata detuvo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, al general Salvador Cienfuegos, acusándolo de padrino del narcotráfico.
En julio de 2024, cuando Biden recorría el último tramo del gobierno en los Estados Unidos, detuvieron en un aeropuerto privado en Nuevo México, a Ismael Zambada García, “El Mayo”, capo del Cártel de Sinaloa impune en México, pero entregado a las autoridades norteamericanas por su ahijado Joaquín Guzmán López.
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En enero de 2025, Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos, y, recargado en su política internacional de combate a los cárteles de la droga, el entre naciones se alejó de la migración y se adentró en el narcotráfico. En un año de administración, las agencias de seguridad de la Unión Americana se han centrado en la investigación del crecimiento de los cárteles en México y el apoyo que estas mafias han recibido de políticos en gobiernos en los Estados de la República Mexicana. A la fecha, formalmente han denunciado y presentado su caso ante una Corte en Nueva York, a diez personas, entre las que destacan Rubén Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa que a propósito de la acusación solicitó licencia al cargo, el Senador Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez Mendivil, Alcalde de Culiacán y quien también se retiró del cargo, así como siete personas más, todas colaboradoras cercanas de Rocha, las cuales de acuerdo al gobierno del vecino país, integraban el Clan Culiacán, una esfera gubernamental al servicio del ala de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Además, en ese mismo lapso, han retirado la visa a varios políticos mexicanos, entre quienes destacan tres gobernadores más: Marina del Pilar Ávila Olmeda, la de Baja California y la primera a la que le revocaron su documento de cruce fronterizo; Alfonso Durazo, el Gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, el mandatario estatal de Tamaulipas. Los cuatro, Rocha, Marina, Durazo y Américo, son del partido Morena, el mismo que gobierno el país.
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Y las investigaciones continúan sobre otros políticos, todos de Morena, porque desde 2018 los representantes de ese partido han ganado las elecciones y gobiernan más de la mitad del país. A Morena en el gobierno le toca enfrentar la escalada de investigaciones de la presidencia de Donald Trump, como no ha ocurrido con ninguna otra administración estadounidense contra México cuando el país era gobernado por la aplastante mayoría priísta primero, y la panista después.
Los morenistas han recibido una oferta del Gobierno de los Estados Unidos, en varias ocasiones se les ha invitado a cooperar con las agencias norteamericanas para proveer información y recibir beneficios. En septiembre de 2025, días después que el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Activos en el Extranjero, había inscrito en su lista negra a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, y dos empresarios locales, el entonces Cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, sentenció en una entrevista al semanario ZETA:
“Lo que sí puedo decir es que cualquier empresa, cualquier organización, cualquier persona que está involucrado en el crimen organizado apoyando grupos terroristas la vamos a investigar y ahora es el tiempo de cooperar. Más que nada, ahora es importante para todos que sepan: cualquier empresa, cualquier persona que está involucrada, es importante dejar eso y cooperar con nosotros”. La Ley, dijo, en referencia a la de su país, “los alcanzará a todos”.
En mayo de este año, luego de la revelación del Clan Culiacán, a saber, del Departamento de Justicia de la Unión Americana, encabezado por Rocha Moya y favorecedores de “Los Chapitos”, dos de los diez señalados se entregaron a la autoridad norteamericana: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Y hace unos días, en un nuevo audio dado a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, sobre una conversación de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda con supuestos representantes de una agencia de los Estados Unidos, esta se dice dispuesta a cooperar. Se le escucha a la morenista decir en la grabación de la llamada: “No me van a levantar cargos de esto, una orden de extradición, para que estoy dispuesta siempre a hablar de todo, que yo pueda saber cómo apoyar, cómo cooperar. Todo esto es lo que yo he escuchado, porque yo he escuchado las mesas de seguridad porque tampoco es que lo escuche en otras partes…”.
Recientemente también, en un acto de las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de los Estados Unidos, el director de la Agencia Antinarcóticos de la Unión Americana, la DEA, Terrance Cole, refirió sobre los cárteles y los gobiernos en México: “En la DEA, la aplicación de la ley es nuestra base. Traemos toda la fuerza de esta agencia a la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro químico y cada individuo que se beneficia de envenenar a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son uno y lo mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.
Mientras en México, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no ha sabido cómo contener la andanada de señalamientos de los norteamericanos, ni las investigaciones que realizan allende las fronteras mexicanas. El discurso de la Presidenta, está en defender a los morenistas, a los suyos, a Rocha Moya, a Marina del Pilar, incluso exigir información sobre la forma de la aprehensión de Ismael Zambada García, aun cuando no fue en la administración de Trump.
Por el momento, ante el errático comportamiento político de los morenistas azuzados por el gobierno de los Estados Unidos, tal parece que la estrategia es contener al partido, “rescatando” a las personas, a los políticos, gobernantes, señalados de colaborar, de alguna forma con los cárteles de la droga. Algo insólito en las relaciones bilaterales que va marcando al morenismo.
