Roberto Quijano, socio y vocero del Club Campestre de Tijuana, confirmó que desde el 21 de abril se han mantenido pláticas entre representantes del club social y deportivo y la administración estatal por el proceso de expropiación iniciado por Jaime Bonilla Valdez. Amador Rodríguez Lozano insiste en expropiar, aunque para crear un parque, como se ha anunciado, admite: “Tendremos que encontrar mecanismos de financiamiento”
Versiones extraoficiales aseguran que la negociación es permanente, por lo que se prevé que las conversaciones continúen hoy viernes 23 de abril.
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De acuerdo con las mismas versiones extraoficiales, en las reuniones han participado el presidente del Club Campestre, Gastón Toledo, así como tres consejeros: Óscar Foglio, Fernando Cervantes y Andrés Luján.
Como representante del gobierno estatal, ha asistido el director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado (INDE), David González. También habría participado el ex director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi), Marco Antonio Blásquez (actual candidato por Morena-PT para el Distrito 9).
En entrevista con ZETA, Roberto Quijano no precisó los temas que están sobre la mesa de negociación, pero refirió que “durante años ha habido acercamientos con gobiernos para tratar de acercar el Club, las actividades que ahí se realizan, porque hay deportistas en la ciudad que seguramente son talentosísimos, muchachos, niños, que hay que apoyarlos; si los podemos apoyar de diversas maneras, claro que lo vamos a hacer, de ninguna manera es un Club que digas se niega a recibir gente”, justificó..
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“Imagínate un niño que juegue bien golf, que juegue bien tenis, que juegue bien cualquier otro deporte que se practique ahí; frontenis, basquetbol, futbol soccer, claro que es bienvenido, de ninguna manera somos excluyentes. Claro hay que tener mucho cuidado porque el Club es muy frágil, cuesta muchísimo dinero mantenerlo. No puede abrirse como un parque público, tendría que ser de alguna manera con ciertas restricciones, pero claro que el Club debe tener una función social”, afirmó.
ZETA preguntó si en la negociación se perfila que el Club Campestre aporte dinero para llevar áreas verdes a otros puntos de la ciudad. En respuesta, el abogado empresarial expresó: “No te puedo decir en qué términos sería, todas las opciones están abiertas”.
Quijano expuso que si dentro de la función social del Campestre está apoyar económicamente o con expertos en mantenimiento, el Club está abierto a un sinnúmero de posibilidades. Aunque confía en que “el sentido común y la negociación lleguen a un buen resultado para las partes”, puesto que la expropiación no le conviene al gobierno, al Club y a la ciudad, y la viabilidad de hacer allí un parque es muy remota con un costo “altísimo”.
Aclaró que, pese al proceso de negociación, el Club Campestre no dejará de atender la vía jurídica.
“La vía de la negociación siempre va a estar abierta y escuchamos las mejores de las propuestas, pero puede ser que sea una negociación cierta, real, que se cierre; sin embargo, los plazos los tenemos que cumplir nosotros. No podemos dejar de atender lo jurídico. Van por vías separadas”, manifestó.
El miércoles 21 de abril, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados a nivel nacional y el Capítulo de Baja California, exhortaron al gobernador Jaime Bonilla Valdez a que en el ejercicio de sus facultades legales, “actué de buena fe”, reconozca la protección de la Constitución a la propiedad privada y “valore adecuadamente costos y beneficios en las finanzas públicas de los bajacalifornianos” en el intento de expropiación del Campestre.
En un posicionamiento público, la asociación que integra a 3 mil asociados en el país, indicó que la figura de expropiación debe ser utilizada “única y exclusivamente” para los fines expresados en la Constitución mexicana. “En virtud de lo anterior, pensar que la expropiación es un medio para el cobro de contribuciones, regularización de predios o un instrumento de justicia social, es distorsionar su naturaleza jurídica”.
En ese sentido, la Barra calificó de “preocupante” el decreto de Utilidad Pública que el gobierno estatal emitió el 13 de abril de 2021, con el que se inició el proceso de expropiación del Club Campestre.
A inicio de semana, representantes del Club Campestre dieron a conocer que se defenderán en tribunales al considerar que la declaración de utilidad pública carece de sustento legal, económico y social.
Del lado del gobierno, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ofreció una conferencia de prensa para reiterar que la expropiación está sustentada en la Ley, y que hasta el cuarto día hábil (de un plazo de 15 días) no había acudido ninguna persona o asociación a las oficinas de la dependencia en Mexicali para revisar el expediente y en todo caso impugnarlo.
Anticipó que la expropiación procedería, y en mayo próximo, el gobierno estatal podría tomar el predio. Se requerirán mil 230 millones de pesos para indemnizar a los propietarios del Club Campestre, a pagar en un plazo de dos años. Aproximadamente 300 millones más para adecuar el lugar conforme al proyecto de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, que contempla crear un lago, un anfiteatro, una pista de atletismo, canchas deportivas para tenis y futbol; y destinar 5 millones de pesos para el mantenimiento del campo.
Respecto al origen del recurso, el funcionario manifestó: “Tendremos que encontrar mecanismos de financiamiento. En estos momentos, si alguien está interesado estamos vendiendo 12 mil millones de pesos en bienes inmuebles que nos ha autorizado el Congreso del Estado, porque no es posible que haya habido tal cantidad de inmuebles y estemos pasando por una escasez de recursos”. Incluso se analiza la posibilidad de que constructores puedan aceptar obras por terrenos.
