La Sindicatura de Tijuana ya investiga la presunta falsificación de la firma del exsecretario Arnulfo Guerrero en permisos para una corrida de toros
La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, confirmó que la Dirección de Contraloría ya realiza una investigación en torno a la presunta falsificación de la firma del exsecretario general de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, en un permiso que pretendía autorizar una corrida de toros en la ciudad, tras recibir una denuncia por parte de la Comisión Nacional Taurina, presidida por el licenciado Ricardo Zurita.
Esta acción legal se da en el contexto de la cancelación de los eventos taurinos programados en la ciudad, luego de que el ex secretario Guerrero León negara haber otorgado el permiso correspondiente para la celebración de la corrida.
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“Esta semana recibimos una denuncia por parte de la Comisión Nacional Taurina…ya ahora que recibimos nosotros también esta denuncia de carácter formal, ya iniciaremos obviamente las indagatorias al respecto”, explicó Balderas Beltrán.
Sobre por qué la Sindicatura no inició la investigación de oficio ante la trascendencia pública del caso, la funcionaria municipal aclaró que la institución se encuentra respetando los tiempos legales derivados del reciente cambio en la titularidad de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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De acuerdo con la ley, la Secretaría General de Gobierno tiene un periodo de 45 días para evaluar el acta de entrega-recepción. Durante este lapso, el secretario entrante debe revisar la documentación heredada y asentar formalmente cualquier irregularidad o anomalía detectada, incluyendo el estatus de los permisos controvertidos.
“No la habíamos seguido de oficio porque estamos en el proceso de entrega-recepción. Entonces, estas observaciones tendrían que estar consideradas, en dado caso existiera alguna situación que tengamos que revisar de acuerdo a los señalamientos que hay en donde presuntamente se falsificó la firma del ex titular”, precisó la síndica.
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Con la denuncia formal en mano, la Sindicatura buscará empatar sus investigaciones con las observaciones que registre la actual administración de la Secretaría de Gobierno dentro del marco legal de la transición.
Finalmente, cuestionada respecto al escenario en el que las indagatorias demuestren que la firma del exsecretario general no fue falsificada —lo que contradiría las declaraciones del exfuncionario—, Balderas Beltrán aseguró que la Sindicatura actuará con firmeza ante cualquier falta administrativa que logre comprobarse, aplicando las sanciones correspondientes.
“La Sindicatura ha sido muy firme en hacer las sanciones correspondientes cuando se ha detectado alguna falta administrativa no grave. Si algún funcionario, en este caso, es acreedor para alguna sanción, la Sindicatura va a actuar de conforme a la ley y al reglamento se lo permitan. De eso ténganlo por seguro”, declaró Balderas.
La polémica por la fiesta brava
El empresario Manuel Bowser, propietario del Nuevo Toreo de Tijuana, había anunciado con optimismo el arranque de la temporada taurina 2026 para el domingo 5 de julio. El cartel inaugural contemplaba la participación de los matadores José Mauricio, Ernesto Javier “El Calita” y Sergio Flores, lidiando astados de la ganadería de Fernando de la Mora.
Para respaldar la legalidad del evento, Bowser exhibió ante ZETA la documentación y los permisos emitidos por el Ayuntamiento que presuntamente avalaban la actividad, asegurando haber cubierto con anticipación los honorarios de los toreros y la adquisición del ganado. Sus planes para este año sumaban cinco fechas, destacando la presentación del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza como parte de su gira de despedida.
Entre los documentos que presentó el organizador de la corrida estaban las aprobaciones firmadas por el entonces secretario de Gobierno Municipal de Tijuana, Arnulfo Guerrero León, quien renunció el 27 de mayo, quien rechazó categóricamente haber autorizado los permisos para una corrida programada en el coso taurino propiedad de Manuel Bowser, documentos sellados con fecha del 29 de mayo, dos días posteriores a su salida del Ayuntamiento.
Guerrero León no solo se deslindó de los permisos, sino que solicitó iniciar una investigación para determinar quién autorizó dicho documento que le fue otorgado al empresario.
“Mi postura siempre ha sido basada en el respeto a la legalidad y en la protección hacia los animales. Por ello, si existe algún documento que pretenda vincularme con la autorización, solicito que sea revisado de inmediato por las autoridades competentes, y de existir cualquier irregularidad, se investigue y se deslinden responsabilidades”.
