“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta frase que se convirtió en un grito de lucha para reclamar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa quedó en eso, solo en una frase.
Buena parte de los edificios que se construyen en las ciudades fronterizas son hospitales de especialidades privados, ninguno público. Esa es la señal de la rica veta de negocios lucrativos que significa el tema de la salud y la vivienda a lo largo de las fronteras entre México y EUA.
En los archivos de la Catedral de Tijuana, B.C., providencialmente encontramos una carta firmada por el entonces obispo Juan Jesús Posadas Ocampo, enviando condolencias de la comunidad bajacaliforniana a los fieles salvadoreños, con motivo del asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, fechada en 1980.
Ahora resulta que el caos y el temor que se ha vivido desde hace por lo menos una semana en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California es obra de quienes “manipulan” y “exageran” las cosas con tal de hacer quedar mal al gobierno del Presidente López Obrador.
La situación mundial, nacional, regional y estatal ha venido sufriendo una difícil metamorfosis en la época contemporánea, impactando de lleno a Baja California, especialmente en tres casos
Es indudable que “el crimen organizado” o “extrañas manos oscuras” buscaron y lograron atemorizar a la población civil de diversos estados con ataques en los que se dispararon armas de fuego, se secuestraron unidades de transporte públicos y vehículos particulares para provocar un caos y desorden entre la ciudadanía de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Baja California.
Los hechos del cártel y la declaración oficial del viernes negro, fueron una revelación que revela la lógica del sistema de seguridad municipal y oscuros pactos del personal policiaco y altos mandos.
