El 4 de mayo, el Juzgado Segundo de lo Civil admitió una demanda interpuesta por el Gobierno del Estado de Baja California, solicitando sea declarado nulo el título de propiedad del Club Campestre de Tijuana.
La Secretaría de Salud envía hasta el 10% de las pruebas que se realizan, para estudios especializados en detectar variantes de preocupación en la entidad. Resultado de esos análisis, destacan 21 casos de la variante californiana y uno de la inglesa, con 20% mayor propagación acelerada en contagios del nuevo coronavirus
Las diferencias entre la representación federal en Baja California y la Secretaría de Salud cada vez son más evidentes: se tomaron decisiones que afectaron a 31 mil 200 adultos mayores y no se sabe cuáles serán las consecuencias por no vacunarse a tiempo, pues la segunda dosis de Sinovac no está disponible para suministrárselas. Al tiempo, suspendieron también la jornada de vacunación a personas entre 50 y 59 años
Desde finales de diciembre de 2020, ya era visible la simpatía por Morena de Alonso Gutiérrez Martínez, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) La Paz y titular del Consejo de Administración de Baja Interactiva Digital, SA de CV, empresa a quien el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur le entregó la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los comicios del próximo 6 de junio.
Un juez federal suspendió provisionalmente al gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la posibilidad de publicar el acuerdo expropiatorio contra el Club Campestre de Tijuana, ejecutarlo y desposeer a la asociación civil que ostenta la propiedad del predio, ubicado sobre el Bulevar Agua Caliente.
El lunes 3 de mayo, alrededor de las 22:20 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana), en la Zona Oriente de la Ciudad de México, 25 personas murieron y 79 resultaron heridas por el derrumbe del paso elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuando cruzaba un vagón con más de un centenar de pasajeros.
Carlo Emmanuel Herrero Soto es el primero de los cinco agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) que logró derribar el endeble caso que la Fiscalía General del Estado les imputó por el delito de secuestro agravado, en contra de un empresario de Mexicali identificado solamente como ETG, para evitar agresiones o represalia.
Poco antes de las 08:00 horas del miércoles 5 de mayo, un hombre llegó a la Estación de Bomberos Chapultepec para agredir verbalmente a elementos por no acudir a un incendio ocurrido a escasos dos kilómetros.
El caso de la libertad, retención y posterior arraigo de Jesús Héctor “El Güero” Palma Salazar, reviste importante interés para el sistema de justicia penal mexicano. Más que por el personaje -señalado de ser un narcotraficante histórico-, por la actitud del Poder Ejecutivo, que una vez más, pisotea a otro poder -como es el Judicial- y determina mantener al sinaloense privado de la libertad en tanto investiga si tiene o no más cuentas pendientes con las autoridades mexicanas.