Dos grandes cárteles, siete u ocho organizaciones criminales de alto impacto y unos cien grupos menores de la delincuencia organizada, no menos peligrosos, conforman la geografía del narcotráfico en México. Sin embargo, las autoridades federales han fincado su estrategia en la pacificación del mundo del crimen sin atacarlo frontalmente y haciéndolo en forma tangencial, sin que se tenga noticia de resultados relevantes.
Demandas, recursos de impugnación y una serie de descalificativos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y su consejero presidente, Lorenzo Córdova, han sido parte de la respuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y personajes de Morena como el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado y hasta el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ante el acuerdo INE/CG26/2021.
“Cualquiera de estos será suficiente para desafiarnos de manera profunda. Pero el hecho es que los enfrentamos a todos a la vez. Seremos juzgados, usted y yo, por cómo resolvemos estas crisis en cascada de nuestra era”, dijo el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, para comenzar, anunció una lista más larga de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones para un solo día, que cualquier otro mandatario en la historia de la Unión Americana: 17 en total, para actuar respecto a migración, la pandemia, la crisis climática, la igualdad y la economía.
A decir del diputado de la XXIII Legislatura de Baja California y representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Juan Manuel Molina García, la lista aprobada por el líder partidista en la entidad, Ismael Burgueño Ruiz, sobre la asignación de candidaturas a las alcaldías conforme a la cuota de género, “no tiene alcances y efectos jurídicos”.
La guerra por la distribución de droga en el primer cuadro de la ciudad en Ensenada, ha llevado a las bandas delictivas a elevar el tono de las amenazas dirigidas al narcotraficante Carlos Adrián Casas Reyes “El Mercenario” o “El Tragedias”.
Como parte de la campaña del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez contra el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, estuvo la acusación directa sobre su presunta participación en el asesinato de un facebookero que publicaba información de inseguridad y violencia, que además, había sido sentenciado por extorsión.
La política de austeridad que ha pregonado el gobierno de Morena en Baja California, no se aplicó en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud), a cargo del secretario Alonso Óscar Pérez Rico, quien firmó contratos otorgados en adjudicación directa por más de 50 millones de pesos a una empresa fantasma para la limpieza de las diferentes unidades médicas y administrativas del Instituto.
A mediados de octubre de 2020, fuerzas de inteligencia federal confirmaron a ZETA la estructura criminal relacionada con la desaparición forzada de personas y la distribución de estupefacientes en el la Zona Norte en Mulegé.
