Karla Ruiz Macfarland fue, durante poco más de siete meses, presidente municipal de Tijuana. No fue fácil, asegura. Aparte de ser un gobierno corto, le tocó una pandemia y dos vedas electorales que le limitaron el accionar.
El séptimo laboratorio de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas fue desarticulado en Ensenada, la mayoría se atribuye al Cártel de Sinaloa, operado por Ismael “El Mayo” Zambada García.
Una realidad contrastante existe en el sector salud de Baja California, donde se ha creado una pujante zona benéfica para los profesionales médicos y dentistas, enfocado principalmente en dotar de servicios en serie a residentes de Estados Unidos e incluso de otras latitudes.
Mientras el coronavirus sigue cobrando vidas en Baja California Sur, pareciera que en Los Cabos la pandemia no existe. Desde los peores momentos de la tercera ola de contagios de SARS-CoV-2, los bares y centros nocturnos de la Zona Dorada de Cabo San Lucas permanecían abiertos, claro, con permiso del Ayuntamiento.
La crisis por la que atraviesa el Hospital General de Tijuana, con carencia de insumos para tratar a pacientes y practicar operaciones, no es reciente. Se remonta al inicio de la presente administración gubernamental, cuyo periodo está por fenecer.
Un mes de conflictos con la base sindical, fallas en los servicios públicos y otros pendientes acumulados después, en Sesión Ordinaria de Cabildo el martes 24 de agosto los regidores aprobaron la “renuncia” de Rubén Muñoz Álvarez como Alcalde del XVI Ayuntamiento de La Paz.
“Tenemos un incremento importante en violación y violencia familiar en el año. De violación es un incremento del 32% y de violencia familiar el 22%. 26 estados salieron en rojo en violencia familiar y 24 estados en rojo en violación.
El Fiscal General del Estado de Baja California, Guillermo Ruiz, y el Fiscal Central Hiram Sánchez, fueron amenazados a través de mensajería telefónica. Presuntos miembros del crimen organizado los acusaron de apoyar y proteger a los policías de Rosarito
La administración estatal autorizó 317 millones 171 mil pesos, para obra de infraestructura vial en el estado en 2021. Del total, a Tijuana le correspondió ejercer 14 obras por 122 millones 389 mil 410 pesos. Es decir, el 38% del total.
Al menos desde hace seis años el Grupo ProPlayitas y la Asociación de Colonos de Zona Playitas han exigido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada detener el derrame de aguas negras proveniente de la planta de bombeo en San Marino
