Impunes, delitos de médicos en BC

Fotos: Cristian Torres.- Médico ingresando al Cereso / Cateo central médica Santa María
Edición Impresa lunes, 13 septiembre, 2021 12:00 PM

Baja California es un oasis para los profesionales de la salud, puesto que obtienen grandes dividendos económicos a causa de la alta demanda de residentes de Estados Unidos, pero también por la impunidad a costa de las leyes ineficientes y por una Comisión de Arbitraje Médico que, según abogados, es un ente de contención para proteger a los profesionales que cometen actos negligentes. Según datos de la FGE, en dos años y medio se denunciaron 143 casos de negligencia, de los cuales sólo dos han sido judicializados

Una realidad contrastante existe en el sector salud de Baja California, donde se ha creado una pujante zona benéfica para los profesionales médicos y dentistas, enfocado principalmente en dotar de servicios en serie a residentes de Estados Unidos e incluso de otras latitudes.

El atractivo mercado radica en que los precios y cobros de aseguradoras en el vecino país del Norte, son muy superiores a la oferta en la frontera mexicana, por lo cual se enfoca en las necesidades de los residentes del vecino país, incluso por encima de los propios connacionales.

Es evidente el impulso que los propios gobiernos han otorgado a los especialistas de la salud, puesto que han creado facilidades para simplificar los flujos migratorios para este sector, e incluso apoyan en la promoción de los servicios que se ofrecen en las 264 clínicas y hospitales privados, 27 públicos, mil 896 consultorios de medicina especializada, mil 799 de medicina general y más de 900 consultorios dentales distribuidos por todo Baja California, según cifras de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Sin embargo, estos beneficios no se reflejan en la responsabilidad de los actores del sector salud de la entidad, puesto que la promoción de la actividad no se ve reflejada en una regulación minuciosa de la actividad de médicos y odontólogos, sea cual sea su profesión.

Y es que BC cuenta con una de las legislaciones más laxas en torno a las sanciones de actos negligentes que se cometen, según se puede analizar en el estudio “Responsabilidad de los Profesionales de la Salud” del Congreso de la Unión -fechado en 2015-, lo que ha propiciado un verdadero “oasis” del cual se obtienen grandes beneficios económicos y una insuficiente regulación en sus prácticas.

Una solicitud de Transparencia realizada por ZETA ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con número 00891921, refleja la impunidad en la que incurre el sector salud -privado y público-, puesto que, de 2019 a la fecha, se han recibido 143 denuncias, de las cuales sólo dos han terminado en una judicialización y el resto se encuentra en investigación.

Manifestación por negligencia médica

Para Rubén Barragán Tejada, doctor y perito especialista en negligencias médicas con más de 20 años de experiencia, es necesario un cambio de mentalidad por parte del gremio médico, en el que deben priorizar la atención de los pacientes y no protegerse entre ellos, como actualmente ocurre.

“Se debe legislar adecuadamente la práctica médica porque ellos seguirán haciendo sus mañas, y luego dicen, ‘como no me hacen nada’, pero están jugando con una vida humana”, externó el galeno radicado en Jalisco.

Para este reportaje, ZETA solicitó una entrevista a la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (CAMEBC), pero al cierre de esta edición, jueves 9 de septiembre, no emitieron una respuesta; tampoco lo hizo el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud del Estado.

 

MÉDICOS GOZAN DE IMPUNIDAD

En las últimas semanas se han documentado dos casos de probable negligencia médica en instituciones privadas de Mexicali. Uno de ellos ocurrió en el quirófano del Hospital de la Familia, donde el ginecólogo José Andrés Acosta Santana (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art.13 CNPP), intervino a una joven llamada Reyna Michell para remover un quiste de sus ovarios. Según el dictamen forense, la paciente perdió la vida a causa de la perforación de una arteria.

Pese a que nueve médicos y el dictamen forense establecían una probable responsabilidad del doctor, el Juez de Control, Luciano Angulo, desestimó las acusaciones del Ministerio Público, argumentando que no existía un dictamen relacionado con el procedimiento médico para implicarlo en el hecho delictivo, pese a que los doctores que intervinieron, precisaron el actuar del galeno dentro del quirófano.

El otro caso ocurrió el miércoles 1 de septiembre en la Unidad Médica Santa María, donde una mujer llamada Liliana Edith Castro Félix, falleció mientras era intervenida por la doctora Iliana Verdugo (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art.13 CNPP). Aunque el dictamen forense estableció que el deceso se dio a causa de que la mujer ingirió alimento previo a la operación, la FGE llevó a cabo un cateo en las instalaciones para indagar si existe alguna responsabilidad por parte de la institución o la especialista. En próximos días, la Coepris efectuará un procedimiento alterno.

De 2019 a la fecha, Baja California contabiliza 143 denuncias por negligencia médica, de las cuales sólo dos culminaron en una judicialización -en Mexicali y Ensenada-; el resto permanece en investigación, salvo 19 que ya fueron determinadas (archivadas, judicializadas, criterios de oportunidad o incompetencia).

A raíz del procedimiento judicial contra el doctor Acosta, diez especialistas de la salud dejaron la batalla jurídica y solicitaron el perdón a la víctima o sus familiares que interpusieron la querella; tres de ellos por casos de los últimos tres años, y el resto data de procedimientos desde 2012.

Según datos de la FGE, de 2019 a la fecha, sólo en Mexicali se contabilizan 51 denuncias, 14 de estas por homicidio, pero también se documentaron casos como lesiones, responsabilidad médica y técnica.

Pese a estos casos documentados, la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (CAMEBC) no ha emitido una sola resolución en contra de profesionistas de la salud en lo que va de 2021 -de acuerdo con información oficial disponible en su página de internet-, pero sí presume 512 orientaciones a pacientes inconformes, 92 asesorías, 85 gestiones inmediatas, 12 quejas y once conciliaciones entre médico y víctimas.

Tampoco existe elaboración de dictámenes documentados desde 2019, cuando se emitieron tres, ni se identifica si estos fueron en contra de la práctica médica; por el contrario, en los últimos dos años se contabilizan 42 quejas, pero ningún dictamen, sólo conciliaciones.

Tanto para el vicefiscal Pedro Ariel Mendívil como para el abogado penalista Elías Flores Gallegos, la CAMEBC es una institución cuya imparcialidad se encuentra en duda, puesto que se trata de médicos locales evaluando la praxis de sus compañeros, lo que evidentemente genera protección e impunidad.

Flores Gallego afirmó que incluso debería llamarse “Contención de Arbitraje Médico”, puesto que su prioridad es proteger las malas prácticas del sector y no brindar atención a la ciudadanía.

Por su parte, Marco Aurelio Gámez Servín, titular de la Coepris, comentó que de las miles de clínicas, hospitales, unidades médicas y consultorios, han sancionado por lo menos al 20%, por incumplir con normas oficiales mexicanas o algún elemento que pone en riesgo la salud del paciente o el mismo personal, como un nosocomio donde se tenía una máquina de Rayos X ni protección de plomo en las paredes, o una calibración adecuada.

También hubo un incidente en el que un sujeto sin título profesional relacionado con el sector salud, llevaba a cabo intervenciones cosméticas.

Durante año y medio, la Coepris ha intentado poner orden en las clínicas y centros hospitalarios, incluso en los públicos, donde también se detectaron irregularidades que se han subsanado.

 

DOCTORES TRATAN DE TAPARSE ENTRE ELLOS: PERITO BARRAGÁN TEJADA

Uno de los pocos especialistas a nivel nacional en casos de negligencia médica y graduado de la Universidad de Guadalajara, Rubén Barragán Tejada, es claro al considerar que existe poca sensibilidad por parte de los especialistas de la salud en torno a los actos negligentes, y con frecuencia, los médicos intentan protegerse entre sí.

“(Se requiere un) Cambio de actitud de los médicos, más que nada es eso, obviamente el gremio de los médicos se cuidan mucho y, si alguien comete una responsabilidad, tratan de taparse entre ellos, obviamente porque en una demanda contra una negligencia médica, puede ser civil, penal, lo más común son las quejas médicas en contra del hospital médico. En Derechos Humanos, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Aquí en Jalisco está la Comisión de Arbitraje Médico, hay mucha impunidad”, refirió el forense con más de 20 años de experiencia.

La mayoría de los dictámenes que Barragán ha realizado a lo largo de su actividad profesional, arrojaron que los médicos cometieron algún tipo de negligencia,

Guillermo Ruiz, fiscal general

“una de las cosas precisamente es la falta de pericia, de práctica, es muy raro que los médicos que metan la pata, pero más de alguno que comete un tipo de errores, son inexpertos o muy jóvenes, que el paciente obviamente se pone en manos del médico, confía en él y él espera un buen resultado, y al final el resultado es una situación muy

dramática”, compartió.

El también abogado ha documentado casos en Veracruz, Zacatecas, Jalisco e incluso en Baja California, concretamente por un caso de Mexicali, donde de una operación maxilofacial devino en el fallecimiento de un paciente.

En este caso -aseguró-, el representante legal de la familia le solicitó apoyo con un dictamen, toda vez que los médicos y especialistas de BC se negaban a participar para no perjudicar a su compañero de gremio, toda vez que era un reconocido cirujano de la entidad.

Barragán Tejada refirió que hay otros casos como una mujer en Zacatecas a la que le extirparon un riñón, cuando el origen de su padecimiento no se encontraba en este órgano; y otro en el que a una persona le perforaron el intestino, intentando extraer tejido dañado.

Los médicos culminaron la operación y no se dieron cuenta de la lesión, al grado de darlo de alta con esa lesión.

Respecto al tiempo de los peritajes, el especialista aseveró que tienen una duración aproximada de una semana, partiendo desde el expediente clínico y la inspección física del cuerpo, aunque reconoció que hacerse en una institución pública puede prolongar el periodo, debido a la carga laboral.

Rubén Barragán Tejada solicitó la publicación de sus correos electrónicos para atender casos de negligencia médica: rubengdl4@hotmail.com y pegassogdl@gmail.com

 

EN BC, POCA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA

Tanto Flores Gallegos como el propio especialista Barragán Tejada, coinciden en que el ejercicio de la práctica médica y sus respectivas sanciones, deben legislar a nivel local y nacional, para evitar encubrimientos.

La evaluación “Responsabilidad de los Profesionales de la Salud”, a cargo del Congreso de la Unión, establece que Baja California cuenta con un apartado dentro de su Código Penal, donde se identifica la responsabilidad médica y técnica, lo que representa un avance positivo, pero carece de una serie de apartados jurídicos que representen mejores herramientas para las autoridades investigadoras.

Sin embargo, la entidad cuenta con las penas más reducidas en caso de una sanción por el ejercicio profesional, que van de un mes a dos años de inhabilitación, amén de que no penaliza la deficiencia del servicio como tal, sino que sanciona con base al daño que ocasione.

De los más de 30 delitos que se consideran a nivel nacional cometidos por profesionales de la salud, sólo cuatro se encuentran contemplados en la legislación local: la responsabilidad médica y técnica; la responsabilidad de daños indebidos; abandono injustificado y la sustitución de medicamentos. No así sanciones en cuanto a diagnóstico inapropiado al padecimiento, exploración ginecológica con motivos deshonestos, negar la prestación de servicios en notoria urgencia, ostentarse con una especialidad no validada legalmente, simular una intervención quirúrgica, realizar una intervención quirúrgica innecesaria, e incluso una sanción penal ante la mala práctica.

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