Apenas habían contactado a Ricardo Iván Carpio Sánchez por Catalino Zavala, miembro del equipo de transición del Estado y uno de los reclutadores de personal para la administración de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ayala, cuando los actuales jefes y empresarios que han vivido de los contratos de gobierno durante sexenios, empezaron a escuchar pasos. Carpio es el fiscal de Unidades Especializadas, y en los dos sexenios anteriores fue comandante y fiscal Antisecuestros, grupo al que han acudido el fiscal y los ex procuradores generales cuando han tenido casos delicados que requieren resolver sin que sean contaminados. El joven fiscal evade las luces, no es el más popular ni el más conocido, rechaza tratar con la prensa. Al interior de la fiscalía tiene fama institucional de aprehensivo, desconfiado y escrupuloso. En el trabajo, de concentrado, tenaz y paciente. En las carpetas, de que “agarra y no suelta”. Dicen que no tiene compromisos con las células del crimen organizado, pero sí relaciones amistosas con empresarios de la seguridad que han disfrutado grandes contratos con los gobiernos panistas. Aunque el equipo de la gobernadora electa no ha dicho qué desea de Carpio, sus detractores asumen que podría estar considerándolo para la Secretaría de Seguridad Pública que está analizando volver activar, la cual, de concretarse, podría ser la responsable del trabajo de inteligencia y de los contratos en materia de seguridad. Por eso ahora, son precisamente sus “amigos”, los empresarios identificados como Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Jorge Figueroa Barrozo (Canacintra-Tijuana) -socios y amigos-, apoyados al parecer por el fiscales central y general, Hiram Sánchez y Guillermo Ruiz, respectivamente, quienes comparten información, porque quieren a don Ricardo Iván fuera de la jugada. Lo conocen, y por la reacción, al parecer creen que no servirá a sus intereses. Razón por la cual, a partir del mediodía del miércoles 18 de agosto, emprendieron una campaña en su contra, relacionándolo con el diputado Miguel Ángel “Mala Fama” Bujanda, y denunciando que el fiscal de Unidades Especializadas junto al empresario Gómez Santelices, habría estado implicado en una presunta extorsión a la empresa Blue Propane, misma que fue negada a ZETA por los abogados de la gasera, quienes reiteraron el mal servicio y maltrato de la fiscalía, “pero no han llegado a eso… todavía”. Así las cosas, doña Marina aún no decide si quiere a Carpio o no y para qué, pero la grilla iniciada por quienes ostentan el poder actualmente en el tema de la seguridad -los empresarios, sus jefes y sus supuestos amigos-, evidencia que sea lo que tenga planeado la gobernadora, no les conviene.
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