Un cada vez más precario Hospital General de Tijuana

Fotos.- Alejandro Gutierrez Mora
Edición Impresa viernes, 10 septiembre, 2021 4:00 PM

Medicamentos como Paracetamol y Tramadol escasean en el nosocomio adscrito a la Secretaría de Salud estatal. Tampoco hay insumos como guantes, gasas y compresas para practicar operaciones. En el periodo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien en su momento calificó de “tétrica” la situación que prevalece en el HGT, en materia de carencias, las condiciones no han mejorado, acusa médico adscrito a la institución

La crisis por la que atraviesa el Hospital General de Tijuana, con carencia de insumos para tratar a pacientes y practicar operaciones, no es reciente. Se remonta al inicio de la presente administración gubernamental, cuyo periodo está por fenecer. A decir de un médico adscrito a la institución, en el recinto hospitalario el abastecimiento de recursos nunca ha ido más allá del 80% y actualmente ni por asomo se acerca a ese porcentaje.

Con todo y que el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, visitó el nosocomio en 2019, cuando contendía por el Gobierno del Estado y calificó de “tétrica” la situación que desde entonces privaba en el hospital, de manera que prometió atenderla con el apoyo de colaboradores (en caso de resultar favorecido en las urnas), el HGT no se encuentra “en mejores condiciones” que en la anterior administración, encabezada por Francisco Vega de Lamadrid. “Yo creo que estamos peor”, opinó el profesional de la salud consulado por ZETA.

Tan sólo el jueves 9 de septiembre, no había Paracetamol, Tramadol y Buprenorfina, medicamentos que sirven para tratar o mitigar el dolor. Tampoco se contaba con suficientes soluciones.

En tal caso, “si se le baja el azúcar a un paciente de manera grave, tenemos que ver cómo lo atendemos”, advirtió el profesionista.

Por otro lado, este Semanario obtuvo información referente a que en días previos habían escaseado algunos recursos para la práctica de intervenciones, como guantes, gasas, compresas, indumentaria médica y tubos de aspiración, con la desventaja que, de no solventarse semejante privación, las operaciones tendrían que reprogramarse.

Otros recursos que suelen escasear: pañales y catéteres, de afirmaciones hechas a este Semanario.

En algunas ocasiones “tenemos unos”, en otras “tenemos otros”; la realidad “es que nos tenemos que acoplar a lo que tengamos en insumos”, manifestó el médico abordado. “A veces no tenemos nada, a veces tenemos más cosas, es esa inconsistencia lo que nos afecta”, abundó.

La mitad de lo que se requiere para tratamientos e intervenciones lo están comprando los pacientes o allegados suyos, con el pormenor de que, a decir de otra fuente, no se están expidiendo recetas en el nosocomio, “no se da receta, ningún documento que involucre”.

En términos de atención, el HGT tampoco está funcionando en su totalidad. “Ahorita tenemos nada más gente en el área de Medicina Interna. Cirugía, Ortopedia, Neurocirugía, son las áreas que están abiertas”, indicó el galeno entrevistado.

Tijuana, Baja California, 29 de abril de 2019. Aspectos de los principales hospitales de la ciudad (Hospital General, ISSSTE, IMSS)

También mencionó que faltaban medicamentos para el área destinada a COVID-19, en este caso analgésicos. “Pero no se ha dejado de atender pacientes con COVID, el hospital no se ha cerrado”, sostuvo. Personal médico procura hacer lo que está en sus manos “para atender pacientes COVID y no COVID” con los insumos de los que se dispone.

Sobre las condiciones atribuibles al HGT, observó: “No creo que el problema sea con los directivos del hospital, los directivos del hospital solicitan lo que nosotros necesitamos”.

A propósito de tales autoridades y sus presuntas gestiones para la buena marcha del nosocomio, “solicitan lo que se requiere, el problema es que llegue”.

 

HGT RECONOCE DESABASTO

El Hospital General de Tijuana emitió un posicionamiento el 7 de septiembre, en el que los “directivos” reconocieron “no contar con el 100% de abastecimiento” en el nosocomio. Al respecto, “se trabaja coordinadamente con el gobierno estatal, a través del Instituto de Salud Pública del Estado de Baja California, para solicitar de manera oportuna los insumos, medicamentos y equipamiento necesario para la atención de los pacientes”.

Afirmaron que para seguir “trabajando por el beneficio de los pacientes”, se cuenta “con el apoyo del Patronato Pro Hospital General de Tijuana, así como de otras instituciones locales de salud y de médicos especialistas de la entidad “que se formaron en su especialidad en esta unidad hospitalaria”.

Sobre la capacidad de atención, precisaron que actualmente se atiende “a 107 pacientes hospitalizados” y, de ese total, 35 se encuentran internados “por sospecha y/o confirmación de COVID-19”.

Pese a la pandemia, se han logrado reactivar servicios de especialidad y subespecialidad. Según agregaron, los servicios intrahospitalarios “continuaron funcionando ininterrumpidamente”, siendo estos los casos de Oncohematología Pediátrica, Oncología Adultos, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Imagenología, Neurocirugía y demás.

“Asimismo, a partir del mes de abril del presente año se han realizado mil 083 procedimientos quirúrgicos de carácter prioritario y de tipo electivo, principalmente por parte del Servicio de Cirugía General, Cirugía de Tórax, Neurología, Endoscopía y Oncología Adultos”, refirieron.

 

SUSPENDEN CIRUGÍAS EN HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA

La carencia de recursos para la atención de la salud, no es exclusiva del Hospital General de Tijuana. El 3 de septiembre tuvieron que suspenderse las cirugías programadas y electivas, en un afán de que procedieran “únicamente las urgencias”, según quedó estipulado en un memorándum.

Sobre el motivo de la suspensión, el documento dio cuenta de “falta de material, insumos, equipo y medicamento” en la unidad hospitalaria. El oficio circuló con la firma del director del Hospital General de Ensenada, doctor Johann S.S. Galván de la Fuente.

Se habló de carencia de “compresas, gasas, guantes, tubo aspiración, batas”, y corrió el comentario de, con todo y que sólo procederían las urgencias, tampoco se contaba con material para proceder en tal caso.

En su comparecencia por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el jueves 9 de septiembre, el secretario de Salud de Baja California, Óscar Alonso Pérez Rico, reconoció el envío del memorándum al personal sanitario. No obstante, negó la suspensión de alguna cirugía. Atribuyó a la autoridad competente en el centro médico ensenadense que, de no saber administrar los recursos, irse por una salida fácil con el oficio girado.

El médico del Hospital General de Tijuana abordado por este medio explicó que el desabasto constituye un problema que se presenta a lo largo y ancho del país. En lo particular, mantiene contacto con colegas adscritos a nosocomios de otros estados. “Están igual o peor que nosotros, no creas que estamos peor”, aseguró.

Finalmente, hasta donde tiene conocimiento, los médicos del HGT no han sido objeto de denuncias por posible falta de atención a pacientes, pese a las graves carencias que enfrenta el nosocomio.

 

EXCLUSIÓN DE MENORES A VACUNACIÓN VIOLA LA CONSTITUCIÓN: ABOGADOS

Consultados por ZETA, abogados refirieron que el Estado mexicano está obligado a proteger la salud de los mexicanos, independientemente de cualquier condición que los identifique, de modo tal que incumplir con esa obligación, constituye una violación a la Constitución y a los derechos básicos.

Bajo esa premisa, los menores de edad deberían contemplarse en el programa nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. A mediados de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal Hugo López-Gatell, mencionó que en caso de que ese grupo poblacional presentara alto riesgo de perder la vida a causa de la enfermedad respiratoria, habría razones para inmunizarlos.

No obstante, declaró que las posibilidades de enfrentar complicaciones de salud por el coronavirus no son altas.

En entrevista con ZETA, el abogado empresarial Roberto Quijano Sosa refirió que “el grupo que más se ha venido contagiando en los últimos seis meses, es el de personas de 30-35 años para abajo, “más de 25 años para abajo”, en vista de que “la gente de más de 35 años o de más de 18 años ya se vacunó y ya entendieron el tema de la sana distancia, el tema del cubre bocas, etcétera”.

De ahí que considerara como un deber del Estado mexicano, proteger a los menores. “Ya están yendo a las escuelas, ya están en contacto con otras personas, entonces, sentimos en ese aspecto que es el grupo más vulnerable y el que tiene que protegerse”, expuso.

Sobre los amparos que se están promoviendo en el ánimo de que niños y jóvenes no estén privados del derecho a vacunarse, “no tiene ningún objetivo más que proteger a un ciudadano, a un mexicano más que está bajo la responsabilidad de sus padres”, aseveró.

“Sus padres tienen la obligación hasta ética, moral, profesional de proteger a sus hijos, y si el Estado mexicano no está proveyendo esa seguridad en salud, pues nosotros que pagamos impuestos, tenemos el derecho de reclamarle al Estado mexicano”, explicó Quijano.

“Es un derecho humano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, son derechos humanos que el gobierno tiene que proteger y cuidar, y esos derechos humanos, no importa si eres mexicano, nacional, extranjero, si eres menor, si eres mayor, si eres adulto, es totalmente irrelevante”.

El entrevistado aludió al “Artículo Primero de la Constitución, (que) habla de que esta Constitución protege a quien pise territorio nacional y la protección a sus connacionales”.

Por su parte, el abogado litigante Omar Javier Durán Contreras indicó que en conjunto con algunos colegas y por la vía del amparo, consiguió se les otorgara la suspensión a 15 menores de edad en Baja California, de forma tal que no tengan impedimento para vacunarse.

“Como aquí lo que está en peligro la vida y la salud de los menores, el Juez de Distrito otorga una suspensión, ya sea de plano o provisional, donde le dice a la autoridad responsable, en este caso el secretario de Salud: ‘¿Sabes qué? Dale cita, se concede la suspensión, cuando se haya concedido, se concede la suspensión y asígnale lugar, fecha y hora para que se vacune al menor’. El juicio va a seguir hasta verse el fondo del asunto, pero lo que más importa aquí, es esa suspensión para que el menor sea vacunado”, detalló.

En su opinión, “no es posible que la estrategia de vacunación los haya excluido”, ello en referencia a los menores de edad. “Te das cuenta que la Organización Mundial de la Salud, la Cofepris aquí en México, la ODC de Estados Unidos, ya autorizaron para la vacuna Pfizer. Pfizer es la única vacuna autorizada para niños de 12 a 17 años, entonces, la tenemos nosotros en el país y las autoridades están diciendo que es inminente el regreso a clases, ¿por qué no incluirlos en este esquema de vacunación? Sigo estudiando y veo que no están incluidos”, argumentó Durán Contreras.

A raíz de que un Juzgado en Oaxaca le otorgó “la suspensión a una menor para que sea vacunada”, él tomó como modelo para elaboración de su propio amparo colectivo, el que formuló la abogada en ese caso.

“Esa menor, su mamá es abogada y la abogada promueve y obtiene el amparo para su hija, entonces, veo que la abogada, de nombre Alma Franco, tratando de hacer el bien por la comunidad, sube a internet su formato de amparo”, comentó.

El abogado Durán está preparando otro amparo y, para sustentar ese siguiente recurso, ofrecerá como antecedentes el que interpuso a favor de quince menores, así como el interpuesto por la litigante Alma Franco.

Sobre los casos en que se otorgan suspensiones y no procede la vacunación a los menores, tiene que ver con que las autoridades “no se quieren hacer responsables de lo que vaya a pasar”.

Mencionó que “en dado caso de que proceda (vacunarlo) y no le cause ningún daño al menor, el juez le dice: ‘O le aplicas la vacuna, o te multo porque estás desacatando una orden judicial de un juez federal’”.

Para concluir, advirtió que como sanciones por semejante incumplimiento, aplican “desde una multa, hasta un juicio en materia de amparo por desacato del juez”.

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