Delincuentes privados de la liberad o detenidos en operativos policiacos son desaparecidos, algunos son encontrados muertos. Un grupo de uniformados de Rosarito es acusado de servir al Cártel de Sinaloa y entregarles para ser ejecutados a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación; pero las desapariciones no son denunciadas. Los de Jalisco, que también tienen servidores en las corporaciones, han decidido atacar a los agentes municipales y, de nuevo, amenazar a los fiscales del Estado
El Fiscal General del Estado de Baja California, Guillermo Ruiz, y el Fiscal Central Hiram Sánchez, fueron amenazados a través de mensajería telefónica. Presuntos miembros del crimen organizado los acusaron de apoyar y proteger a los policías de Rosarito, que están colaborando con el Cártel de Sinaloa; de servir a los uniformados que están privando de la libertad a delincuentes de los cárteles contrarios, desapareciéndolos para entregárselos a los sinaloenses, o simplemente asesinando a los criminales de las células de traficantes opositoras.
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También les reclamaron a los fiscales tener acuerdos con la Alcaldesa de Rosarito Araceli Brown y Candelario Arceaga Aguirre “El Cande”, empresario radicado en el municipio de Playas, quien fuera detenido en mayo de 2009, procesado por tráfico y delincuencia organizada, posteriormente liberado sin cargos.
Esto sucedió el 18 de agosto, después que elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana, por instrucciones de la Fiscalía, con información recibida de manera “anónima”, apoyaran el Subdirector de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, al realizar un mega operativo en el fraccionamiento Soler de Tijuana, para buscar a su esposa, hija y suegra.
Las mujeres habían sido plagiadas la mañana del 17 de agosto y liberadas la noche del mismo martes, un día antes del operativo, pero como se mantuvieron alejadas de Silva y de las corporaciones, los integrantes de la Mesa por la Paz y Seguridad de Baja California lo ignoraban.
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Respecto a la advertencia que suponen llegó de los matones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque además es similar al video publicado en Facebook y Twitter entre las 22:30 y 23:40 horas del miércoles 31 de marzo, los fiscales negaron haber sido amenazados de manera particular por este hecho; Sánchez procuró restar importancia y recordó que a diario intentan amagarlos e intimidarlos. También rechazaron haber apoyado a Silva y ordenado la búsqueda en la calle Artículo 3º del fraccionamiento Soler, a pesar que el Secretario de Seguridad Municipal de Tijuana, Pedro Cruz Camarena, lo admitió ante los reporteros locales.
Una semana después, el miércoles 25 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), desarmaron a todos los policías municipales de Rosarito, 250 armas fueron sacadas de circulación durante tres días, para dispararlas, realizar pruebas balísticas y hacer un registro.
Informaron que la única intención era cumplir una normatividad que, en el caso de Rosarito, se había ignorado durante años. Pero el móvil principal de la fiscalía es saber si las armas oficiales han sido usadas en los crímenes recientes cometido en el municipio de playa; el informe aún no concluye, pero de entrada ya encontraron armas con modificaciones, de las que se hacen para tratar de modificar la “huella digital” de pistolas y rifles.
POLICÍAS ACUMULAN DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
La conmoción que dio origen a la amenaza contra los fiscales, habían iniciado a las 19:40 horas del sábado 14 de agosto, cuando un grupo de matones disparó en contra de la unidad pick up RAM con número económico BC-471-A1 en la que circulaba Silva -padre, esposo y yerno de las secuestradas-; lo balearon al salir de las oficinas de policías justo frente al centro de gobierno de Rosarito.
Como parte del operativo de respuesta fueron detenidos en el Rancho Chula Vista y procesados Walter Geovanny “N”- con cinco balazos en la espalda-, Marco Antonio “N” y José Luis “N”, si próxima audiencia será el 21 de octubre.
Pero de acuerdo a los bogados de los delincuentes, quienes el 15 de agosto interpusieron el amparo 585/2021-E, en favor del lesionado Walter Meza Rodríguez los agentes detuvieron a más delincuentes. Y en ese operativo los policías desaparecieron a por lo menos otros tres delincuentes identificados como Gerardo López Valdovinos, José Antonio Cárdenas Cinco y Héctor Manuel Valadez.
De manera extraoficial, las autoridades conocen que el atentado contra Silva habría sido porque los criminales acusan su presunta participación en la privación de la libertad de los ocho hombres, perpetrada el 28 de julio en una casa en construcción localizada en los lotes 16 y 18 de la manzana 129 en la calle Chilpancingo de la colonia Ampliación Lucio Blanco, donde cuidaban gallos de pelea, en Rosarito. Y privaron de a libertad a su familia para que lo admitiera.
Los ocho hombres fueron torturados, asesinados y cuyos cadáveres fueron tirados en Tijuana, la madrugada del 29 de julio; cuatro en el Bulevar 2000, y otros cuatro debajo del puente vehicular de Punta Bandera.
Como corresponsable de ese operativo criminal, en el que los policías fueron señalados de “levantar y entregar” a las víctimas a sus asesinos, la tropa acusó también al policía de Rosarito, Guillermo Meza Thourringthon, ex agente ministerial de Tijuana detenido, investigado y liberado, por lo menos en tres ocasiones, entre los años 2000 y 2008.
Estos ocho hombres fueron asesinados casi al mismo tiempo en que mataron a balazos a Gabriel Carmona Rodríguez, también gallero, identificado como “la mano derecha criminal” de “El Güero Tavo”, cabecilla del CJNG en Rosarito, aún no identificado físicamente.
Antes, en julio 16, algunos policías ya habían acusado a su director, Carlos Meza, de detener al homicida de Paredes Esquer y “liberarlo o entregarlo” a otros matones.
Como parte de los agentes corruptos integrados al grupo presuntamente dirigido y/o solapado por Silva y Meza, las autoridades también iniciaron investigaciones en contra de uniformados con apellidos: Ponce, Ibáñez, Rivera, Santis, Castro, Jiménez y Valero.
Los incidentes antes mencionados, identificados e investigados por la FGE, son de julio; sin embargo, las supuestas privaciones y entrega de criminales, así como la participación de policías en homicidios son actividades que se han denunciado de manera extraoficial ante funcionarios de la fiscalía por lo menos desde enero del 2021, tras el asesinato de la jueza Diana Marlén Montes de Oca Ramos.
Pero no se habían ocupado realmente, ni del problema ni de las armas, hasta después de la amenaza.
ARELLANO, EL EJECUTIVO
De hecho, durante julio, la FGE sí solicitó información de las patrullas, las armas y los agentes que habían participado en algunos operativos implementados tras una serie de crímenes.
Sin embargo, la respuesta desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Rosarito fue nula o parcial en los diferentes casos. Cuando el secretario Francisco Javier Arellano Ortiz fue requerido para hablar de ellos, incumplimientos y la obstrucción de las investigaciones, el titular y responsable de la seguridad del municipio de playa pretendió evadirse.
Alegó que su responsabilidad era meramente ejecutiva, como si la planificación, el establecimiento de compromisos y metas, no incluyera monitorear a su policía, controlarla, regularla, administrar el equipo y el personal, guiar y avaluar a la tropa.
De hecho, el señor Arellano pretendió cargar toda la responsabilidad en el agente bajo sus órdenes, Carlos Meza Ávila, quién hasta el 28 de agosto funcionó como director de la Policía de Rosarito, pero cuando empezó la revisión de armas se incapacitó y fue suplido por Andrés García Curiel.
En el organigrama municipal, por debajo de Meza, está justamente César Pedro Silva Ibáñez como subdirector, quien ocupó el mismo cargo con la alcaldesa panista Mirna Rincón y se mantuvo con la morenista Araceli Brown.
DEL CANDIDATO A LA JUEZA
Actualmente, la FGE atiende varios casos relacionados con la corrupción de la Policía Municipal de Rosarito; pero el caso de Raúl Javier Paredes Esquer es el que más evidencias y avances presenta.
“Estuvo muy raro, hubo ahí una persecución, una supuesta balacera de la que no se encontraron casquillos, y la liberación de los presuntos responsables”, detallaron a ZETA al referirse al operativo homicida en el que el viernes 16 de julio le quitaron la vida a Paredes Esquer, policía activo de Rosarito, ex presidente del Partido de Baja California, y ex candidato a la alcaldía y la diputación del XV distrito.
El reporte del ataque contra el ex candidato fue recibido a las 12:35 horas, a plena luz del día, en la calle Leona Vicario frente a un centro comercial y el mercado el Sahuaro en la colonia ampliación Benito Juárez. Paredes fue declarado muerto a las 12:48, su cuerpo presentaba más de 20 heridas. Mientras los paramédicos atendían a su esposa, 21 casquillos de dos armas calibre 5.7 quedaron en la escena. A los homicidas no les importó cometer el crimen con la cara descubierta frente a muchos testigos.
A las 12:50 PM, policías municipales reportaron el aseguramiento de un Volkswagen Jetta gris 2014 de los homicidas, en la calle Dátil frente al domicilio con el número 4149 del fraccionamiento Villafloresta. Testigos informaron que 10 patrullas lo venían correteando, el conductor, un hombre obeso, chocó en el lugar, y huyó corriendo por la calle Duraznos.
Las cámaras de video revelan que el grupo de matones incluía a los hombres a bordo de un pick up blanco tipo patrulla sin balizaje, que siguió de cerca a las víctimas los minutos previos al asesinato.
Al interior de la corporación la versión es que, como parte del operativo de búsqueda, Carlos Meza Ávila, entonces director de la Policía rosaritense, persiguió a los de la camioneta, les dio alcance y los intervino para después dejarlos ir, “y hay video”.
“Los problemas de Raúl Javier eran al interior de la corporación… no hacia afuera”, aseguraron testigos.
En teoría, entre 2019 y agosto de 2020, Meza y Paredes estaban del mismo lado. El candidato policía pebecista formaba parte del grupo de policías asociados con el presunto narcotraficante, Pedro Fausto Fernández López “El Cremas” -asesinado el 28 de noviembre de 2020-, quienes peleaban contra la jueza Diana Marlén Montes de Oca Ramos por un terreno en el fraccionamiento Vista Marina.
A la jueza Montes de Oca y a su anciana madre también las asesinaron, pero el 17 de enero del 2021 en la colonia Vista Marina de Rosarito. Los investigadores de la FGE contemplan que el arma con la que mataron a la mujer de la tercera edad fue sembrada el 25 de febrero de 2021, por los policías municipales que a las 17:21 horas de ese jueves tenían asignada la unidad BC-487-A1 y atendieron una denuncia por privación de la libertad en los condominios Oceana, donde fueron detenidos dos traficantes de drogas Hugo Reyes Almanza y Austin Lee Waller.
SILVA, THOURRINGTHON Y MEZA
La indagatoria de los actos de corrupción y presuntos delitos de policías en Rosarito tiene como columna vertebral la carpeta de investigación por el asesinato del candidato policía, Raúl Javier Paredes Esquer. Y la FGE espera que las evidencias localizadas hasta el momento sean apoyadas por los resultados del registro de las huellas balísticas.
Los primeros nombres en surgir y a investigar fueron los del director Carlos Meza Ávila, quien empezó como policía municipal en Tijuana en 1992; fue supervisor de Fuerzas especiales en 1994, escolta de comandantes, subjefe de la Policía Turística. En 1998 ingreso a la Procuraduría. En junio de 2002 fue detenido en Tijuana por el secuestro de cinco personas, uno de ellos asesinado al mes siguiente. Evidentemente fue liberado porque estuvo asignado a Rosarito del 2006 a 2010.
De 2014 a 2017 trabajó en Michoacán. Y de julio a septiembre de 2019 fue designado escolta de la Alcaldesa electa Araceli Brown, el resto es historia.
En el caso de César Pedro Silva Hernández, en octubre de 2018, la exalcaldesa Mirna Rincón informó que le habían impuesto una suspensión definitiva, porque junto al entonces coordinador de jueces municipales Alfredo Rivera Hernández habían extorsionado a los padres de decenas de jóvenes y menores de edad, quienes habían sido detenidos en una fiesta clandestina con droga y alcohol.
Les cobraron multas por liberarlos y no ingresaron los recursos a las arcas municipales.
Tanto Meza como Silva han sido denunciados por policías de Rosarito por cobrarles cuotas, en dólares, para que les asignen patrullas y zonas o delegaciones específicas.
Entre los policías señalados de corrupción también resurgió Guillermo Meza Torrington, detenido en agosto de 2007, en posesión de 45 armas, acusado de formar parte de una célula al servicio de Eduardo García “El Teo”, quien estaba en proceso de escindirse del Cártel Arellano y aliarse al Cártel de Sinaloa. Ya había sido investigado por sus alianzas mafiosas en 2001 y 2003. Fue acusado de secuestro calificado en enero 2008 y libró todos los cargos.
Para cerrar, el 18 de agosto el secretario Francisco Arellano fue denunciado por su jefe de escoltas, Jorge Alberto Pérez Crosthwaite, quien fuera arraigado y liberado en el año 2006 por delincuencia organizada, y su presunta participación en el asesinato de tres policías y un civil que interrumpieron la fiesta de cumpleaños de Javier Arellano Félix. Lo acusó de haber organizado una red de policías para extorsionar a los asistentes al Baja Beach Fest.
