La opacidad y versiones encontradas de funcionarios de la administración que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, respecto a lo que acontece al interior del albergue de DIF Estatal en Tijuana, muestra la crisis de Derechos Humanos que se ha generado en los últimos diez años con los menores “rescatados” por el organismo gubernamental.
La investigación corresponde a la denuncia presentada en 2019 por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, contra de Vega de Lamadrid y otros ex funcionarios.
Luego de la polémica generada por la intención del Poder Ejecutivo de transferir 3.6 millones de pesos destinados para la adquisición de cubre bocas y utensilios médicos para atender las necesidades de eventos sociales, dio marcha atrás a la intención.
El cobro de piso se ha vuelto más frecuente en Tijuana, en especial en la Zona Este, en colonias como Maclovio Rojas, Valle de San Pedro, Ampliación Guaycura y Anexa Sánchez Taboada, donde -según información proporcionada a ZETA- las extorsiones se extienden hasta los repartidores que surten las “tienditas de la esquina”, así como a los residentes.
En los últimos siete años, el Poder Judicial ha operado con números rojos. Es decir, gasta lo que no tiene para cubrir necesidades básicas, lo que para especialistas es una forma de administración que tarde o temprano va a colapsar.
Por cada diez comerciantes establecidos a lo largo y ancho del puerto de Ensenada, tres vendedores informales evaden el pago de contribuciones fiscales, estima el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Rafael Chávez Montaño.
La diputada Montserrat Rodríguez Lorenzo, quien preside la Comisión de Salud en el Congreso local, presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Salud ante el Congreso de la Unión para que se incluya a los médicos con maestría en Cirugía Estética
Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera restituir a Jaime Bonilla Valdez como senador de la República bajo el argumento de que el líder del Partido Acción Nacional en Baja California no estaba legitimado para controvertir su reincorporación
El gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, manifestó su aprobación ante la alternativa de desalar agua de mar para combatir la crisis hídrica y abastecer a las y los habitantes del municipio de La Paz.
“En realidad sí temo que vayan a tomar alguna otra represalia, en vista de que me he defendido de una manera; pues bien, no he dejado que vulneren mis derechos humanos”, reconoció el periodista Diego Soto, director del portal Tres Seis Cinco Mx.
