“Parece sorprendente que estén echando largas, [Alonso] Ancira [Elizondo] firmó el acuerdo reparatorio, mi familia y yo no tenemos ese derecho, utilizar la persecución de mujeres y la prisión preventiva para obtener un incremento en el monto, va en contra de mis derechos”, aseveró el ex funcionario federal, antes de que el juez de control difiriera la audiencia.
En la actualidad, Marín Torres se encuentra recluido en el CEFERESO, Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El llamado “Góber precioso” está acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005. El INAI fue constituido en mayo de 2014 y renombrado en 2015, al sustituir al ahora extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
La elección fue suspendida supuestamente porque las condiciones de seguridad no estaban dadas; Guillermo Aldrete dejó en claro que la decisión de Manuel Guerrero fue unilateral
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, aseguró, el 26 de abril de 2023, que no desahogarían por “fast track” las iniciativas que llegaron de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ello a pesar de que estaba por concluir el periodo ordinario de sesiones.
Después, se observa que los migrantes llegan a una zona separada de los guardias por una celda, en donde los dejan ahí durante mucho tiempo, en espera de agua y alimentos, por lo que algunas de estas personas comienzan a protestar colocando las colchonetas que se les proporcionaron junto a las rejas. Mientras tanto, los agentes migratorios observan sin hacer nada.
La falta de desahogo de la prueba ofrecida por la defensa de Palma de llevar a declarar a los testigos protegidos que declararon en su contra, en nada perjudicó al fallo absolutorio en su favor. Magistrados confirman que no debe haber reposición de procedimiento y su apelación debe resolverse de fondo
Por cinco votos a favor y dos sufragios en contra, del presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, quienes consideraron que la prórroga del político campechano, también conocido como “Alito”, era cuestionable, limitaba los derechos de la militancia y no tenía justificación para que no se hiciera en una Asamblea Nacional.
