Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
El pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California determinó la suspensión provisional de la Juez Lourdes Molina, luego de expresar su inconformidad con el enroque de jueces en el estado; cuya argumentación y motivos no han sido transparentados por el titular del organismo Alejandro Isaac Fragoso López.
El acoso y hostigamiento sexual fueron definidos mediante una reforma al Código Penal del Estado impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende, la cual vuelve punibles y se agrava la pena en contra de los agresores. La iniciativa fue aprobada por unanimidad
Se comprometieron recursos federales por alrededor de 12 mil millones de pesos en 30 años, según comentó el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez.
El incidente ocurrió en Ciudad Morelos, en el valle de Mexicali, donde el menor tuvo que ser trasladado a las instalaciones del Centro de Salud de la comunidad.
En tan sólo 2 días fueron hallados los restos en 4 fosas clandestinas ubicadas a unos 300 metros del basurero municipal ubicado en los alrededores del libramiento de SLRC-Golfo de Santa Clara.
Al momento de ser detenidos pidieron comunicarse con un tal Cristóbal Garibay o con “El Pave”, para que los dejaran en libertad. Sin embargo, policías municipales continuaron con el arresto; les localizaron un arma de alto poder y droga.
Luego de seis horas de una intensa audiencia de formulación de imputación, se decretó libertad a la presidenta de la Asociación Civil CAMAC, Dalila Carrillo, acusada por cientos de maestros de un fraude de miles de millones de pesos, los cuales manejó por medio de una caja magisterial de ahorro.
Mientras que la justicia civil se obliga a publicar las sentencias que resuelven por la vía penal, civil, mercantil o familiar, los Juzgados militares viven en total opacidad y sin rendir cuentas a nadie
Una batalla legal que inició desde 2019 entre el propietario de un rancho y parque recreativo y la empresa Ganadera Mexicali, SA de CV, de Grupo Bona, ha exhibido al Estado mexicano y al Gobierno del Estado de Baja California como inoperantes para brindar una evaluación rigurosa, medidas preventivas y justicia en materia ambiental, con la finalidad de reducir el impacto generado por la producción cárnica en Mexicali, municipio considerado “Capital de la Carne”.
