Durante dos días intentaron recuperar documentación relativa a una situación de salud de la jueza especializada en materia mercantil, Lourdes Molina, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado ser víctima de una persecución política por parte de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado
El equipo de abogados de la jueza especializada en materia mercantil de Tijuana, Lourdes Molina, denunció el abandono de trabajo del secretario del Consejo de la Judicatura del Estado, Carlos Rafael Flores Domínguez, y reclamó que continúa la persecución política en su contra.
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En entrevista para ZETA, tanto la letrada como su representante legal, denunciaron en dos momentos el acoso del que la primera es víctima desde hace más de un mes, cuando se determinó hacer un enroque de varios jueces de manera unilateral y sin presentar un estudio al respecto.
Alejandro Isaac Fragozo López, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), anunció el enroque de jueces en materia civil, bajo el argumento de que era necesario romper con algunos malos vicios dentro de algunos Juzgados.
La noche del miércoles 23, así como el jueves 24 de marzo, dos representantes legales de la jueza -Raúl Curiel y Francisco Patiño- acudieron a las instalaciones del Poder Judicial del Estado para solicitar la recuperación de unos documentos médicos originales, los cuales requerirían para acudir a una cita médica sobre un padecimiento intestinal congénito que Molina se atiende de forma recurrente, mismo que se agravó a raíz de que contrajo COVID-19 durante enero.
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Según lo referido por el abogado Raúl Curiel, Molina fue separada temporalmente de su cargo debido a una persecución política en su contra por parte de los grupos de poder del TSJE.
Bajo el argumento de que una de sus incapacidades era falsa, el Consejo de la Judicatura ordenó suspenderla de manera provisional, en tanto se lleva a cabo la investigación, pero tanto su abogado como Molina, aseguran que no se les ha otorgado el derecho de audiencia para probar su inocencia.
El día miércoles, el equipo jurídico de Lourdes Molina acudió a Oficialía de Partes del Poder Judicial para presentar la documentación, pero también para solicitar que todos los anexos -citas médicas y diagnósticos- le fueran devueltos debido a que el día de hoy, viernes 25 de marzo, tenía una revisión médica en la que su especialista revisaría su situación de salud.
Sin embargo, el actual secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Flores Domínguez, no se encontraba en las oficinas, siendo que es la única persona que puede cotejar y dar fe a la documentación que reciben.
Por Ley -aseguró la jueza-, el Poder Judicial se ve obligado a dejar a un encargado con fe pública que pueda hacer constar la entrega de documentos dentro del Poder Judicial. Pese a ello y que la propia Lourdes contactó vía telefónica con Flores Domínguez, este hizo caso omiso y no permitió la entrega documental.
Al día siguiente intentaron nuevamente recuperarlos, pero les fue imposible por las mismas negativas del secretario del Consejo de la Judicatura.
A juicio del abogado Curiel, la ausencia del funcionario debería ser sancionada, amén de que la retención de documentos implica un acto de abuso de autoridad, por lo que analizarán interponer una denuncia al respecto.
“En la Ley, los términos vencen a las doce de la noche, entonces, cuando no tienes una Oficialía de Partes común, dice la Ley que tiene que quedarse un funcionario que tenga fe pública y disponible para la ciudadanía hasta las doce de la noche. Si no tienen Oficialía de Partes, si cierra a las tres, lo que deberían de hacer es que el secretario general de Acuerdos del Consejo, estuviera disponible para trabajos, hasta las doce de la noche”, refirió Lourdes Molina, a la par de reiterar que el magistrado presidente del TSJE pretende obstaculizarla para que no tenga la posibilidad de ser ratificada, al grado de intentar inhabilitarla por una supuesta falta en la que no le han permitido demostrar su inocencia.
“Estoy ahorita en el proceso de ratificación, y curiosamente tenía mi visita para efectos de programación desde octubre, para el 8 y 9 de febrero, entonces he ahí la urgencia de sacarme del Juzgado, no me dejaron estar en mi visita, lo mandé al TSJE, al CJE, al presidente, y les pedí que reagendaran mi visita para efectos de ratificación, quién más estará para efectos de ratificación, y entonces resulta que a ese oficio donde yo les hice, me estaba entregando mi médico, que es mi médico desde antes que yo fuera juez”.
Recordó que sus problemas dentro del Poder Judicial surgieron cuando se negó a participar en actos de corrupción, cuando la ex magistrada María Esther Rentería le impuso un actuario en su Juzgado, mismo que removió debido a que descubrió -mediante quejas de abogados- que el funcionario cobraba algunas visitas que formaban parte de su trabajo.
“Lo que hay detrás de todo esto es que no me quieren ratificar y me quieren inhabilitar, porque si me inhabilitan, yo no puedo ser magistrado. No queda ninguna duda, todos los caminos me llevan a esto, es un hecho notorio que el señor (Jaime) Bonilla me bloqueó; llamó al Congreso para que cualquiera estuviera en la lista, menos yo”, sentenció la jurista, quien agregó que Fragozo López, actual presidente del TSJE, debe su nombramiento al ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández, quien la ve con malos ojos -al igual que Bonilla- porque le ha detenido todos los abusos que han intentado hacer sus amigos empresarios en el sector.
