Los diputados y magistrados defendieron la designación de jueces por imposición, burlando el espíritu de la reforma judicial, argumentando más juzgados. A seis meses, han olvidado nombrar cuatro jueces penales
Diputados (as) morenistas y magistrados (as) del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tienen tres opciones en torno a su interpretación de la reforma judicial: o padecen analfabetismo jurídico, son pillos, o ambos… y en ninguno de los casos quedan bien parados.
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Nuevamente, instancias federales se ven obligadas a corregir la plana a las entidades federativas, entre ellas Baja California, debido a que se les envió una reforma judicial para su homologación a nivel local y tanto el Congreso del Estado como el Poder Judicial hicieron lo que les vino en gana.
En la pasada edición de Semanario ZETA publicamos un reportaje relacionado con la interpretación errónea que tuvo el Poder Legislativo de Sinaloa (que es igual a la de Baja California) donde los togados dejaron clara la necesidad de separar la titularidad del TSJE y del Consejo de Administración, como una medida para evitar conflictos de interés. El magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, actualmente dirige ambos organismos, lo cual fue definido como inconstitucional por los ministros.
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Como sí no fuera suficiente, el pasado miércoles 20 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó formalmente un nuevo paquete de reformas que vendrán a fortalecer y mejorar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, donde nuevamente se observa que el Gobierno de México tuvo que intervenir para poner orden en el desastre interpretativo de varias entidades del país, entre ellas Baja California.
“Si bien se conserva la libertad configurativa de las entidades federativas para regular los aspectos no previstos en la Constitución, se precisa sin lugar a dudas que los Estados deben replicar el diseño federal en todo lo posible, evitando así que intereses locales o grupos de poder desvirtúen la elección judicial de sus fines sociales y democratizadores, que son en última instancia los fines del pueblo”, refiere parte de la iniciativa presentada por la mandataria federal, lo que deja claro que identificaron que algunos grupos de poder local, desvirtuaron el espíritu de la reforma.
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Uno de los puntos importantes de la reforma judicial 2.0 es la que se da en el artículo 116 de la Constitución, donde limita el proceso de designación de jueces y magistrados a lo que explícitamente dice la Carta Magna:
“La propuesta de candidaturas y la elección de los magistrados, magistradas, juezas y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se sujetarán a las mismas bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos, duración de los cargos y demás disposiciones que esta Constitución establece para el Poder Judicial de la Federación en todo lo que resulte aplicable”, lo que cierra la posibilidad de diversos mecanismos, entre ellos, el invento de la designación de jueces de imposición (o interinos), pues diputados definieron en la Constitución local un mecanismo de designación cupular directa para jueces; y mediante una terna propuesta por la Gobernadora, para los magistrados con salas de nueva creación.
Evidentemente, la reforma local viola el espíritu de la norma, a pesar de las defensas desesperadas del diputado Juan Manuel Molina y el magistrado Alejandro Fragozo López, con la que se repartieron siete juzgados de 11 previstos.
Por cierto, el argumento para utilizar el recurso de jueces por imposición que burlaran el proceso de elección judicial, se dio ante la supuesta necesidad de hacer crecer el Poder Judicial por la demanda de juicios. Sin embargo, los otros cuatro juzgadores pendientes no designados iban a las áreas penales, considerada la más sensible, pero a seis meses de la propuesta, no los han nombrado. Parece que tampoco eran tan urgentes para el Magistrado presidente
El Gobierno de México entiende que, en varias entidades, los grupos políticos y cacicazgos, incluyendo de su mismo partido, practicaron vejaciones contra la reforma judicial emprendida por el gobierno que se autoproclama como la Cuarta Transformación, y aprovecharon la coyuntura para afianzar su poder; o bien, arrebatarlo para sus fines.
