Los decálogos y discursos del movimiento que llevó a AMLO a la silla presidencial, no tuvieron significado alguno para algunos gobiernos y militantes, entre ellos, Baja California
En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa llamada Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual está vigente y representa una guía que asienta limitaciones para todos los entes federales del país, pero deja fuera a los gobiernos locales, dado que no se trata de una ley general, aunque se supondría que en las entidades federativas, al menos aquellas donde gobierna Morena, siguieran el ejemplo de su máximo líder.
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En Baja California tuvieron que pasar siete años y que la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo exhibiera a los diputados locales como los más costosos del país, para que iniciaran los trabajos de la Ley de Austeridad, promesa que aún no se concreta.
De las 18 hojas que conforman la Ley Federal de Austeridad Republicana, tres puntos destacan, en el análisis de esta columna, para recordar lo desinteresados que son los morenistas de Baja California de su propia narrativa, como, por ejemplo, en lo que respecta al uso de vehículos aéreos, seguros y a las remodelaciones estéticas.
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Según el artículo 16 de dicha Ley, en su apartado V, “los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal, atendiendo a las particularidades del bien correspondiente, serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos. Los que no cumplan con esta función serán enajenados asegurando las mejores condiciones para el Estado”.
Mientras desde Presidencia se mandaba un mensaje de austeridad y la pauta a seguir, en Baja California se adquirió una aeronave en el año 2023, que sí bien se ha dicho que fue una “ganga”, bajo el precepto amloista, no debió adquirirse; o bien, debió usarse exclusivamente para temas de seguridad y salud.
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Los morenistas del Poder Legislativo también ignoraron esta normativa al ordenar la remodelación de la Sala de Sesiones Benito Juárez García, cuyo monto casi alcanzó el millón de pesos. En ese mismo artículo 16, pero apartado VII, se lee: “Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo”, algo que quedó demostrado ocurrió en diciembre del año pasado en Baja California.
Y para demostrar que los tres poderes incumplen una Ley sumamente sencilla de seguir, el Poder Judicial eroga más de 20 millones de pesos anuales para brindar servicio de gastos médicos privados a los magistrados, quienes se negaron a cubrir cuotas de Issstecali y optaron por contratar un servicio costoso y privado, cuando en el artículo 22 de la misma regla dice lo siguiente: “Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo”.
La nueva Ley de Austeridad de Baja California, que apenas se está trabajando, debería considerar estos tres puntos, estos detalles que demuestran incongruencia.
Ojo, ninguna de las cosas que se hacen actualmente es ilegal e incluso se podrían justificar, pero cuando uno de tus discursos para llegar al poder era la austeridad, y no cumples, el juicio es mucho más duro.
