La actual administración de Tecate, encabezada por el alcalde Román Cota Muñoz, enfrenta duras críticas ciudadanas y sindicales debido a la profunda contradicción entre su discurso oficial de austeridad y el manejo real de los recursos públicos.
Mientras el Gobierno Municipal ejecuta el despido de más de una veintena de trabajadores -hasta el 25 de julio- argumentando un plan de ahorro que busca alcanzar el 30 por ciento de lo que actualmente se registra en los egresos, los manifestantes denuncian el despilfarro de dinero en eventos públicos, autopromoción y el incremento de compensaciones para funcionarios allegados a la alcaldía, principalmente en áreas como Oficialía Mayor, Secretaría del Ayuntamiento, y ahora en Tesorería.
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Al ser cuestionado en conferencia de prensa, Román Cota confirmo los despidos y aseguró que se respetarían los derechos laborales de cada uno de ellos: “Aún estamos con el plan de contención de gastos que se hizo en conjunto con la Secretaría de Hacienda; ya se dieron algunas terminaciones de contrato, la meta es lograr en general un ahorro del 30 por ciento”.
Sobre el pago de finiquitos comentó: “Es parte del derecho que adquiere cualquier trabajador al momento de que termina la relación laboral; este tipo de liquidaciones se realizan bajo un convenio”.
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Ente los trabajadores que fueron notificados de la terminación de contrato, se encuentran algunos que acumulaban más de tres administraciones laborando en el ayuntamiento y quienes aseguran no hubo acercamiento alguno para informarles qué pasará con su liquidación, mientras que otros afirman que ni siquiera recibieron el pago de la última catorcena laborada, siendo ésta la del viernes 24 de julio:
“Solo recibí el papel que me notificaba mi baja de manos de mi jefa, no se me comunicó nada respecto a pago alguno; quise cobrar mi catorcena porque la trabajé y tampoco pude. Si tengo que actuar de manera legal lo haré porque se entiende que a eso estamos expuestos en estos trabajos, pero hay derechos y se tiene que respetar”, dijo uno de los ahora ex trabajadores del ayuntamiento.
El ahorro que busca Román Cota dentro de la nómina no es aplicable a personal cercano a sus funcionarios, tanto familiares como parejas, tal es el caso de los familiares de la síndica procuradora Saraí Osuna Arce, quien cuenta con consanguíneos dentro del gobierno, incurriendo incluso en conflicto de interés, el cual es permitido por el propio alcalde.
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Por ejemplo, el subdirector de Contraloría es Rubén Arce Pineda, tío de la síndica procuradora Saraí Osuna, alias “la Doña”, a quien le corresponde coadyuvar de la mano de su sobrina la vigilancia de la administración de los bienes del Municipio, la recaudación fiscal, y el ejercicio de recursos públicos, percibiendo un pago mensual de 58 mil 423 pesos con 41 centavos, según datos obtenidos del Portal de Transparencia. El hijo de Luis Rubén Arce también labora en el área de traslados, en las oficinas municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en esa ciudad.
En el organigrama municipal y familiar de la síndica procuradora también figura Katia Escobar Arce, su sobrina, quien es jefa de la unidad coordinadora de Transparencia, y que en 2025 según el Portal de Transparencia de Tecate, ya se desempeñaba como asistente administrativo dentro de la Coordinación General de Gabinete, percibiendo un sueldo mensual de 31 mil 388 pesos con 40 centavos, mientras que su esposo Guillermo Sandoval de la Torre, sobrino político de la síndica, también aparece en el portal de transparencia en el área de Subdirección Administrativa de la Sindicatura como subdirector administrativo, con un módico sueldo mensual de 58 mil 818 pesos con15 centavos.
En DIF Tecate laboraba hasta hace unos días Desirée Castaños Arce en el área de Psicología, con un sueldo de seis mil 641 pesos con 17 centavos, a quien trabajadores del DIF aseguraron que, por órdenes de su tía, Saraí Osuna, se le reubicó en el Instituto Municipal de la Mujer, para evitar que fuera despedida, aunque la decisión no fue aceptada por la directora del instituto, la licenciada María Luna.
Ahí mismo en Sindicatura, labora también como parte de la amistad que el esposo de Saraí Osuna, Alejandro Boisson, y ella mantienen con el actual director del Instituto Muncipal del Deporte en Tecate, Saul Pruneda, y la pareja sentimental de éste, Irery Solía, como comisaria, percibiendo un sueldo mensual de 34 mil 762 pesos con siete centavos.
Es decir, solamente en la nómina de los allegados a la síndica procuradora, el Ayuntamiento de Tecate invierte un pago mensual en nómina de más de 190 mil pesos, que al parecer no le hacen ruido al presidente municipal para gestionar también el recorte pertinente.
A este discurso contradictorio de despidos y blindaje, se le suma la recontratación de Mariana Menna, antes directora del Instituto Municipal de la Mujer, quien fue removida de su cargo, entregado un finiquito y nuevamente recontratada y colocada en la Dirección de Gestión Integral del Territorio (DGIT), como jefa del Rastro Municipal (que no existe), y quien según el Portal de Transparencia recibe un sueldo de 11 mil 246.70 centavos, más una compensación mensual de 10 mil pesos.
A ello se le suman familiares de directores, como lo es la propia directora de la DGIT Ivone Anaya, cuñada del ahora tesorero muncipal Omar Blancarte, quien además también tiene laborando a uno de sus hijos en el Ayuntamiento de Tecate, todos ellos con una nómina que supera los 100 mil pesos mensuales.
A la fecha, más de una veintena de trabajadores operativos que han sido despedidos sin recibir su última catorcena ni el finiquito que les corresponde, bajo la excusa oficial de que “no hay dinero”, amenazan con iniciar demandas laborales en contra de quien resulte responsable, y por ende generarle aún más carga económica al ayuntamiento; denuncian que mientras se les niega el pago a los trabajadores despedidos, el Proyecto de Ley de Egresos revela incrementos en compensaciones mensuales que superan los 40 mil pesos para los allegados al alcalde.
“Estos recortes presupuestales carecen de un criterio técnico y ético, ya que en la selección de bajas se ha protegido y blindado por completo a los amigos y familiares de los funcionarios públicos de primer nivel, concentrando los despidos exclusivamente en el personal que no cuenta con conexiones políticas. Mientras a los trabajadores despedidos se nos niega el sustento familiar bajo la excusa de ‘falta de liquidez’, la Ley de Egresos demuestra que sí existen recursos para otorgar compensaciones, así como para financiar la promoción de su imagen institucional”, advirtieron.
Hace apenas un mes, el 26 de junio, el presidente municipal Román Cota citó a todos los trabajadores del ayuntamiento y solicitó su apoyo ante la situación “tan difícil” en el tema económico que vive el ayuntamiento que encabeza.
Pero mientras se habla de austeridad, 157 millones de pesos fueron asignados a presidencia muncipal, hecho que quedó exhibido durante la comparecencia ante el Congreso del Estado de Baja California para la revisión de los presupuestos de la ley de ingresos del 2026, donde diputados locales señalaron formalmente que destinar esta millonaria cantidad exclusivamente a la Presidencia Municipal es un exceso injustificable.
Mientras, incluso los directores siguen percibiendo un sueldo íntegro a pesar de dedicarse a otras actividades; tal es el caso de la actual directora del Instituto Municipal de la Juventud, Sara Michel Rodríguez, quien percibe un sueldo que supera los 40 mil pesos mensuales mientras participa en horario laboral en concursos de belleza, asiste a clases de maquillaje, peinado, modelaje y se presenta en eventos públicos en horario laboral, dejando de lado actividades propias del instituto que encabeza, todo ello con la venia y aceptación del alcalde, quien trastabilló al responder cuando se le increpó si la directora contaba con un permiso laboral para estas cuestiones, atinando a sonreír.
