Alrededor de 100 personas podrían haber sido afectadas por la presunta venta ilegal de terrenos municipales y áreas verdes en Residencial del Bosque, donde un grupo de personas habría recaudado cientos de miles de pesos mediante la comercialización de predios invadidos.
Adriana Martínez, residente de la zona, denunció que los involucrados se apropiaron de al menos cinco predios pertenecientes al Ayuntamiento de Tijuana. Entre ellos señaló un terreno sobre Paseo del Bosque, donde Guadalupe, conocido como “Jeesse”, y Claudia Lorena habrían seccionado y vendido lotes de un espacio destinado para equipamiento urbano y áreas verdes desde diciembre de 2025.
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ZETA corroboró mediante documentación catastral, registros públicos y una respuesta oficial del Ayuntamiento vía transparencia, que el predio con clave catastral BZ-904-054 está registrado en el Padrón Inmobiliario Municipal.
Dicho predio corresponde al terreno recuperado el pasado 19 de mayo por vecinos y autoridades sobre Paseo del Bosque. En la misma respuesta, el gobierno municipal informó que en Residencial del Bosque existen al menos cinco predios utilizados como áreas verdes, identificados con las claves BZ-911-009, BZ-906-058, BZ-901-006, BZ-915-001 y BZ-913-001.
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Por estos hechos fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado bajo el folio 0204-2026-04983, por posibles delitos ambientales y despojo.
Marlene, vecina de la calle Roble, señaló que los involucrados también intentaron dividir y vender otro predio colindante, promocionado como “Rincón del Bosque”e, donde ofrecían apartados desde cinco mil pesos y esquemas de financiamiento para lotes valuados en 950 mil pesos. Además, los trabajos con maquinaria pesada provocaron inundaciones al intervenir el pluvial recolector de la calle, así como grietas en bardas cercanas.
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Una exintegrante de la asociación “Fuerza y Esperanza Unidos A.C.”, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias, afirmó haber observado durante aproximadamente un año la comercialización irregular.
Aseguró que los predios pertenecen al Ayuntamiento y a CYD Desarrollos Urbanos, empresa filial de Urbi, constructora del fraccionamiento. Según relató, los compradores entregaban enganches de entre 40 y 50 mil pesos, y algunos llegaron a pagar hasta 200 mil pesos, mientras que un mismo terreno era ofrecido a más de una persona.
“Así como vendían, al que no le gustaba le quitaban el terreno y lo volvían a vender”, afirmó. Añadió que la asociación civil era utilizada para generar confianza mediante actividades comunitarias y estimó que los señalados habrían recaudado hasta un millón de pesos.
Vecinos señalaron que Claudia Lorena habría trabajado anteriormente en el Ayuntamiento. ZETA identificó que una persona con ese nombre laboró en el SDIF Municipal durante 2020 y 2021 como auxiliar administrativo, lo que pudo haberle permitido conocer procesos municipales y zonas susceptibles de invasión.
El director de Administración Urbana, Fernando Sánchez, confirmó que los terrenos pertenecen al Ayuntamiento y están destinados para equipamiento urbano.
“Efectivamente estaba en nuevas invasiones, pero se trabajó con ellos y los desalojaron. Los primeros días de mayo se les citó, vinieron, acudieron y se clausuró. Es propiedad del Ayuntamiento, son áreas para equipamiento urbano”, afirmó.
Sin embargo, la exintegrante de la asociación aseguró que aún existen espacios ocupados de manera irregular, entre ellos viviendas improvisadas sobre la calle del Ébano, y que varias personas continúan sin recuperar los enganches entregados por terrenos que legalmente no podían venderse.
