El furor por cumplir con la determinación presidencial de ejecutar una reforma judicial se diseminó con la selección de jueces y magistrados. En Baja California se les olvidó reglamentar el nuevo orden judicial
Han pasado ocho meses de que Baja California concretó la reforma judicial, al emitir los nombramientos formales de cerca de 200 jueces y magistrados que componen el Poder Judicial en la entidad. Un hecho histórico -seas afín a Morena o no- que algunos consideran la democratización del máximo órgano jurisdiccional del país, mientras que, para otros, fue la destrucción de la justicia.
El 1 de septiembre del 2025, los seleccionados, jueces y magistrados asumieron sus nombramientos, y aunque la mayoría de ellos formaban parte ya -al menos en Baja California- del aparato judicial del Estado, eso no impidió que se gastaran casi 200 millones de pesos en una elección que nadie pidió.
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Pero más allá de señalar los errores y cuestionar las fallas de los nuevos “jueces del Bienestar”, parece que al gobierno morenista, dirigido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de sus diputados -que funcionan más como Oficialía de Parte del ejecutivo -, encabezados por el diputado Juan Manuel Molina, “olvidaron” que la reforma constitucional local (tergiversada en sus procedimiento, para beneficio de los gobiernos locales en contubernio entre los tres poderes) no era suficiente para echar a andar al “nuevo” Poder Judicial.
Y es que ocho meses después, en Baja California no se han llevado a cabo las reformas secundarias que definan el funcionamiento de varios nuevos esquemas creados por el proyecto impulsado desde el Palacio Nacional, reformas que sí ocurrieron a nivel federal.
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Uno de los fenómenos más evidentes es el del funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, dirigido actualmente por las magistradas Guadalupe Ricardo y Flor Olivia Ortegón Lizárraga, junto con el togado, y ex secretario particular de Marina del Pilar Ávila, Nahum Rodríguez Chávez.
Este órgano disciplinario, que sería uno de los sistemas de engranajes más importantes para los morenistas (pues representó el único ente creado en su totalidad por el oficialismo), carece de una normatividad definida. De hecho, en ninguna parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se nombra al Tribunal de Disciplina, por lo que hasta el momento han funcionado exclusivamente con reglamentos hechos al vapor e interpretaciones jurídicas forzadas.
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Más allá del conflicto político -público- que existe entre el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López con la titular del área de Disciplina Judicial, a la fecha no está definida la facultad que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, la evaluación de desempeño de jueces y magistrados. Tampoco se ha definido si el Tribunal de Disciplina está facultado para investigar y emitir sanciones contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; o bien, si está a cargo de funciones como la Contraloría y las áreas de Transparencia, entre otras funciones.
En estos momentos, varias de las funciones del Poder Judicial operan en un limbo jurídico, debido a la inacción de los diputados para impulsar las reformas secundarias que regirán la operatividad del órgano jurisdiccional, y también del cabildeo y negociación política que prevalece entre los tres poderes.
Otro ejemplo: mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opera de forma independiente del Órgano de Administración Judicial, y que existe ya un trabajo que define las funciones de cada uno, en Baja California el presidente del TSJE es el mismo que se encarga del Consejo de Administración, por lo que tanto lo jurisdiccional como lo administrativo y sancionatorio, recae en manos del mismo magistrado presidente.
A ocho meses de la elección de juzgadores, parece que la reforma judicial no le interesa a nadie en Baja California. Se atendió como un capricho de la Presidencia de la República para combatir el contrapeso que representaba para las reformas promovidas por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, pero hasta ahí.
Previo a la reforma, a diferencia del Gobierno de México, donde había un duro enfrentamiento político, en Baja California la relación entre los tres poderes era tersa; incluso presumían un alto nivel de sumisión del Legislativo y el Judicial hacia el Ejecutivo. El problema es que los responsables de la reforma local están obligados a concretarla en su totalidad, distribuir de manera clara y transparente, las responsabilidades y obligaciones; pero ahora que es necesario arrastrar el lápiz y colocar todo en su lugar, parece que nadie tiene interés en consumar el proyecto morenista.
Al respecto, desde el interior del Poder Judicial aseguraron que, además de la Constitución local, sí se han reformado algunas leyes secundarias, pero reconocieron que todavía están trabajando en un proyecto de nueva ley orgánica del Poder Judicial de Baja California. Y en el comité de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares, aún están trabajando con la armonización legislativa. Así que los bajacalifornianos seguirán esperando.
