En una sesión que se prolongó más de cinco horas, los cinco aspirantes a una Magistratura en el Tribunal Superior de Justicia de Baja California comparecieron ante un singular grupo de sinodales: los diputados de la Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales. Sus principales propuestas, sus fortalezas, el procedimiento de evaluación efectuado en el Poder judicial, el Haber de Retiro, fueron los repetidos cuestionamientos por el grupo de legisladores donde participaron Roberto Dávalos del PRD, Rodolfo Olimpo del PES, Miriam Ayón del PRI, del mismo partido  Rene Mendívil y el panista Cuauhtémoc Cardona. A ellos se les sumaron Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya, Juan Antonio Sánchez Zertuche y Juan Manuel Molina, más otros diputados que iban  y venían –Alcibíades, Irma Martínez, Fausto Gallardo– y que en su momento sumaron 13 los legisladores presentes. Y al final de las comparecencias –al elaborar el dictamen– la propuesta de Molina de solicitar al Poder Judicial un detallado informe –con actas y demás documentos– sobre el procedimiento de evaluación –que dejó primero a 20 aspirantes, luego a otros cuatro que impugnaron y fueron recalificados. El caso es que el Dictamen número 68 salió “genérico”, pero se les añadió un párrafo para puntualizar que “en caso de no lograr los 17 votos necesarios se tendría que repetir el proceso…”.   No aspiro a pensión: Zepeda El primero en comparecer fue Marcelino Zepeda Berrelleza, ensenadense y Juez Mixto de Paz, con 20 años de carrera judicial, el mejor evaluado –en la segunda evaluación después de reprobar la primera– según el Poder Judicial. “Lo que realmente está en juego es el valor supremo de la libertad”, dijo en alusión a los cientos de ciudadanos que tienen constitucionalmente la oportunidad de recurrir sentencias, acuerdos, providencias. “El derecho que tienen que la persona que asuma la posibilidad de dar solución a esos recursos cuente con experiencia y con un desarrollo académico sostenido”. Zepeda refirió que “en materia de justicia en Baja California no podemos andar con improvisaciones ni pretender empezar a aprender sino aplicar la experiencia y los conocimientos”. Recalcó que en los últimos 13 años ha dictado cientos de sentencias y miles de acuerdos –además de civil y mercantil– en el orden penal, “Quiero ser Magistrado para aportar experiencia, conocimiento adquirido y para promover e impulsar la transparencia en el Poder Judicial”. Otro de sus puntos: Que las sesiones del Poder Judicial sean públicas, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado Molina lo cuestionó sobre el Reglamento de la Carrera Judicial y el necesario anonimato de los participantes –en los concursos– concretamente si habían cumplido los candados de certeza y seguridad; Zepeda repuso que “sí hubo adecuado cuidado”. Al insistir el legislador en que si había puesto su nombre en uno de los exámenes, el compareciente aceptó, “No hubo firma pero sí el nombre…” Mendívil le preguntó sobre el Haber de Retiro –pensión para Magistrados–, Zepeda dijo tener un sueldo decoroso, sin ninguna aspiración a esa pensión, ni como juez ni como servidor público. Esa primera comparecencia se llevó cerca de 35 minutos.   Valentía necesaria: Flores Anguiano Siguió en el turno el Juez Civil del Poblado Guadalupe Victoria Ignacio Flores Anguiano, quien expuso que era una gran oportunidad “para contribuir en la impartición de justicia, con el propósito de superar en cantidad y calidad el quehacer jurisdiccional, lo que implica un serio compromiso y una grave responsabilidad”. Delineó un perfil óptimo del juzgador, mencionando la probidad, el conocimiento, humanistas y valientes, como necesarios elementos, ya que la falta de éstos impide alcanzar el propósito de la justicia. Del procedimiento de evaluación el diputado Molina le lanzo el “buscapiés” sobre los integrantes del comité de evaluación, el procedimiento y la declinación del Magistrado Jiménez Carrillo para de nuevo evaluar a los que ya habían “no acreditado”, a lo que el compareciente simple y llanamente dijo “A ciencia cierta no tengo conocimiento pleno del porqué de su decisión”, aunque mencionó que quizá por el hecho de que cuatro del los participantes habían interpuesto un recurso de revisión. Sobre el Haber de Retiro Flores Anguiano dijo que debía implementarse –de acuerdo a la Ley Orgánica– que los funcionarios al llegar a los 70 años tendrán derecho a una jubilación. Mencionó que a nivel federal y en algunas entidades existe la jubilación o el Haber de Retiro –al que caracterizó como una especie de indemnización al final del encargo– y así sintetizó su opinión: “me parece que es justo que cuando se le ha dedicado la vida a una labor como ésta, creo que vale la pena darle al juzgador una cantidad  mensual, mínima que sea, que le permita vivir…”. Su participación duró también cerca de 35 minutos.   Organizarse y ahorrar: Lourdes Molina La actual Jueza de Primera Instancia en Tijuana y académica –va por la Maestría– pareció la más organizada. Llegó con un equipo de apoyo, distribuyó un juego engargolado con su currículum y de entrada se apoyó en un fajo de tarjetas para sintetizar su planteamiento. Dio cifras del trabajo en su juzgado y su comparecencia –casi una hora con 15 minutos– resultó una suerte de mini informe de su gestión. Habló de sus convicciones y la importancia de la modernización, actualización y reingeniería del Poder Judicial. Mencionó lo que denominó “proyecto piloto” implementado en su juzgado en aras de la eficiencia y que incluyó el organizar los datos, estandarizar el trabajo y mejorar los resultados, donde se incluyó la figura de administrador. ”No es pretexto no tener dinero suficiente para impartir una justicia digna a los justiciables”, sostuvo Molina Morales. Expuso que su juzgado se han radicado 7 mil 746 juicios, de los cuales hay activos mil 982, el resto se concluyeron por varias causas, principalmente por convenio judicial, “soy una creyente de los medios alternos de solución de conflicto, participo de manera directa en las audiencias que se llevan en mi juzgado”, expuso la jueza tijuanense. Dijo que se determinaron 3 mil 728 juicios, 2 mil 336 concluidos, con sentencia definitiva, de las cuales –aseguró– hay un porcentaje de sentencias confirmadas de 99.79, que equivalen a 2 mil 331 sentencias. “Concibo a una Magistrada o Magistrado que legitima sus decisiones, que se apoye en su carrera judicial, pero que se apoye en su visión de Estado, con la mira y la acción judicial puestas en un diseño de celeridad procesal siempre respetuosa, leal e incluyente”, dijo la jueza Molina antes de iniciar la sesión de preguntas. Sobre el número de quejas en su juzgado, Molina Morales dijo no tener ninguna, y acerca del procedimiento –lanzada por Miriam Ayón– y el giro en la calificación donde de ir en el número uno la parte de los méritos la envió hasta el tercer puesto. “El procedimiento ha sido totalmente apegado a la legalidad, imparcial, objetivo, transparente”, sostuvo la jueza quien refirió que anteriormente el procedimiento era “muy sencillo”, prácticamente reunir los requisitos y “pasar al pleno del Tribunal, en el caso del juez, o contar con el apoyo del señor gobernador para ser designado”. Luego se modificó el Reglamento de Carrera Judicial y al ser designada jueza ya le tocaron estas nuevas reglas. Entre los cerca de 75 minutos de su comparecencia destacó la respuesta ante el tema del Haber de Retiro, Molina dijo: “Si es aportación de nuestro sueldo, nosotros organizados para nosotros auto ahorrar, estoy de acuerdo, creo que el pueblo ya bastante nos aporta”, dijo al mencionar su trayectoria como litigante y añadió que no teme terminar su carrera judicial y regresar a su despacho o al tiempo completo a la catedra. “Creo que tenemos tiempo suficiente, 15 años de juez o Magistrado, con ese ingreso nada despreciable, creo que no se puede organizar y ahorrar y preparar para retirarse, al menos mi abuela así me enseñó”.   Capacidad y empeño: Fernández Ruiz de Chávez En el turno siguió Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, actual Magistrado Supernumerario y Juez Familiar, quien habló de las funciones del Poder Judicial y su desempeño durante 34 años en esa instancia. “La idea de mi participación es colaborar en las funciones del Poder Judicial del Estado, que es impartir justicia”, expuso mencionando sus responsabilidades como Actuario, Secretario de Acuerdos, en la Secretaría General y como particular del Magistrado Presiente Donaciano Ortega Romero y desde hace 20 años, juez. “Mi propósito de aspirar a Magistrado es contribuir desde otra trinchera y un poco de mayor conocimiento para una mejor impartición de justicia”, dijo en su sintetizada presentación. Sobre lo que considera su fortaleza –la repetida pregunta de Mónica Bedoya a todos–, Ruiz de Chávez mencionó los requisitos Constitucionales para ser Magistrado– entre éstos la capacidad, la trayectoria u las distinciones recibidas, recalcando que en sus 34 años de su trayectoria nunca ha sido objeto de ninguna sanción y en sus años de juez ha sido ratificado en cinco ocasiones. “Eso deja ver una trayectoria donde me he distinguido por mi capacidad, mi dedicación y empeño”, expuso Ruiz de Chávez, quien dijo sentirse con los méritos suficientes. En cuanto a su vasta trayectoria –que no se reflejó en la calificación por méritos– Ruiz de Chávez consideró que hubo una “indebida apreciación”, mencionando lo sucedido durante el procedimiento de evaluación y por qué tuvo que recurrir a un recurso de revisión. El actual Juez de lo Familiar mencionó que ha participado en tres convocatorias para la Magistratura y en dos de éstas estuvo en primero y segundo lugar, en términos de calificación. Del Haber de Retiro dijo que era algo que “no me inquieta, con mis ingresos me es suficiente y en un futuro, Dios dirá”. Duró 35 minutos frente a los legisladores.   Soy institucional: Fragoso Finalmente y ya cerca de las siete de la tarde tocó su turno a Alejandro Isaac Fragoso López, Juez Cuarto Civil en Tijuana quien dijo tener cerca de 20 años de carrera judicial. Dijo haber laborado como Actuario en Tecate, luego igual en Tijuana y mediante concurso llegó a Secretario de Acuerdos en el Juzgado Octavo Civil y desde enero de 2008 fue designado –mediante concurso de oposición– como Juez de Primera Instancia en el Cuarto Civil, donde ya fue ratificado, a la par de su labor como catedrático. De su plan de trabajo mencionó directrices –propuestas al pleno del TSJ– como la capacitación legislativa, los indicadores de eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia para grupos vulnerables. El diputado Molina le preguntó sobre el procedimiento mencionando, que hace unos meses en el Poder judicial la mayoría de los participantes fueron ratificados como jueces pero ahora ese mismo organismo les dice que “no pasaron un examen teórico” 20 de ellos y aspirantes a la Magistratura. En respuesta Fragoso consideró que se trataba de un procedimiento complicado, desgastante, cansado y agotador. “Soy una persona institucional, pero reconozco que el concurso estuvo apegado, en su mayoría a las bases que establece el reglamento de la carrera judicial, sin embargo, hablando de nuestros compañeros, la convocatoria era muy clara y establecía que iban a ser cinco áreas de conocimiento, ahí es donde hubo confusión”. En suma el actual Juez Familiar consideró en cuanto al procedimiento que “en su mayoría se cumplió con los lineamientos que marca la carrera judicial. Estuvo menos de 30 minutos frente a los legisladores.   Dictamen 68 Al final de las comparecencias el diputado por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina consideró que era necesario solicitar más información –actas, documentos, el expediente completo–, en relación con el proceso de evaluación realizado en el Poder Judicial, dado que en las mismas respuestas de los aspirantes se evidenció que en los exámenes realizados no se cumplió con el requisito de seguridad marcado en el Reglamento de la Carrera Judicial. Molina dijo que con este tipo de prácticas “se podría haber perjudicado a alguno de los aspirantes”, aparte mencionando que hay al menos un juicio de garantías pendiente y relacionado con la primera fase del proceso. En suma proponía que no se elaborara un dictamen, hasta que el Poder Judicial remitiera la información complementaria requerida. Sobre el tema el coordinador de la bancada panista Gustavo Sánchez mencionó que “desde aquí vemos un procedimiento que no fue ortodoxo”, preguntándose hasta qué punto alguien que no saliera favorecido pudiera invocarlo y en qué plazos estaría para hacerlo. Por su parte el líder de los diputados priistas, René Mendívil expuso que “es un tema para registrar, atender pero creo que debemos sujetarnos a lo que es nuestra obligación y responsabilidad como comisión”. Dijo que a esa instancia le correspondía turnar el tema a la Junta de Coordinación Política. “Nosotros estaríamos, en todo caso, convalidando alguna anomalía, de haber alguna irregularidad”, expuso el presidente de la comisión, Roberto Dávalos, mencionando que se podría solicitar al departamento jurídico un análisis acerca de las posibles facultades para solicitar la información referida. Al final los diputados optaron por votar a favor de la propuesta para elaborar un dictamen “genérico”, donde se establece el supuesto de que alguno de los participantes obtenga la mayoría calificada, aunque se acordó incluir en los considerandos del documento que “en casos cuando el Congreso no aprueba el nombramiento, obliga a que tenga que remitirse una nueva propuesta por parte del Poder Judicial”. Terminado la sesión el diputado Molina insistió en que debe tomarse una decisión más seria y no con los ojos cerrados, por eso la necesidad de contar con mayor información sobre lo sucedido. “No estoy señalando que hayan sido imparciales, pero al menos la duda existe de que se violó el reglamento de Carrera Judicial”, refirió el diputado naranja considerando que sí quedan elementos para una posible impugnación.  

El Estado investiga a 3 o más funcionarios por el presunto desfalco de casi 2 millones de pesos de la Beca Progreso, recursos con los que debieron beneficiar a los alumnos de escasos recursos de 110 escuelas ubicadas en la periferia de Mexicali. Sin embargo, el dinero fue depositado en cuentas personales de funcionarios panistas. Aunque la denuncia no fue ratificada, el subprocurador Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador explicó que de la acusación “se podrían desprender algunos hechos delictivos que serían perseguidos de oficio por la procuraduría estatal”. Sin embargo desde la Contraloría y el Secretaría de Educación, con una auditoría inconclusa, los titulares Bladimiro Hernández y Mario Herrera no han tenido problema en defender a los tres funcionarios que depositaron recursos públicos en sus cuentas personales y desestimar la acusación penal en contra de los 3 funcionarios estatales por el delito de desvío de recursos y peculado. Todavía más, las cuentas públicas en las que se ejecutaron los presuntos desvíos del año  2012 al 2014, fueron aprobadas por el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado. De hecho, la Directora responsable del Fideicomiso que administra la Beca, Lucia Margarita Villareal Camarena, quien hizo la denuncia del desvío de fondos, había rechazado la existencia de malos manejos apenas el pasado mes de junio, durante la Expo Beca Progreso 2015 cuando la reportera Lucia Gómez le preguntó en Tijuana.  De acuerdo a la papelería presentada hoy por Villareal Camarena, al menos tres funcionarios estatales serían los responsables del quebranto patrimonial al Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo mal llamado  “Beca Progreso” por un millón 998, 176 pesos producto de los ejercicios fiscales2012-2014 a través desvío de cheques  Serían Román Ernesto Padilla Rivera quien actualmente se desempeña en la Dirección de Participación Social y Alexander García Luna quien a pesar de no salir en el padrón de funcionarios tendría una plaza de intendente en el Sistema Educativo Estatal y Jesús de la Rosa Anaya. El involucramiento de este último le dio tintes político-partidistas a la denuncia por tratarse del miembro de una numerosa y conocida familia de funcionarios panistas. Su hermano Daniel es titular en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Edel de la Rosa funge como Secretaria Auxiliar de Control y Seguimiento de la Oficina del Ejecutivo, su fraterno Andrés ex diputado federal y pre contendiente a la alcaldía de Mexicali, y David quien fuera ex Síndico Procurador en el Ayuntamiento de Mexicali.   NO CUADRAN LOS NÚMEROS Beca Progreso s uno de los programas insignias de la Secretaría de Educación y Bienestar Social dirigida por Mario Herrera Zarate. Actualmente el fideicomiso tiene un presupuesto de 371 millones de pesos que destina a 3 mil 041 escuelas y 326 centros de apoyo, aunque el recurso se maneja por medio de una cuenta concentradora de Banamex mediante la cual se hacen transferencias a una subcuenta de HSBC. De acuerdo al protocolo, es a las escuelas más alejadas y las de menor alumnado a las que se les entregaba el recurso en cheque Y conforme a la denuncia de Lucía Margarita Villarreal, descubrió el fraude cuando las cifras de la Secretaría de Planeación y Finanzas no cuadraban con las que tenía la misma dependencia estatal ya que éstas se integraban a la “Cuenta de Nómina Especial” utilizada por diversas dependencias estatales y a la cual ella no tenía acceso. En documentos entregados a ZETA se advierte como cheques tramitados por Jesús de la Rosa aparecían en el sistema de Beca Progreso como “cancelados” mientras que en Finanzas tenían la firma de Villareal Camarena, que ahora argumentan podría ser falsificada. Ante la situación, la funcionaria pidió la relación de cheques cobrados a los bancos obteniendo copia de 47 de ellos el 21 de septiembre del 2015, 4 estarían a nombre de Alexander García Luna por un valor total de 79 mil 464 pesos, 11 a nombre de Jesús de la Rosa Anaya por 228 mil 458 pesos y 32 a nombre de Román Ernesto Padilla Rivera por un valor de 573 mil 226 pesos. ZETA tiene copia de alguno de estos documentos. Luego de comprobar que fueron endosados a estos funcionarios, el 22 de septiembre de 2015 la directora del programa de la Beca, presentó una denuncia por escrito por el “posible” delito de Peculado con Número Único de Caso 020-2015-41596 en contra de los tres servidores y/o quienes resulten responsables.   APARATO PARA ENCUBRIR Para quienes desde el gobierno apoyan a  Villarreal, el poder de los De la Rosa se hizo sentir el 24 de septiembre, 2 días después de la denuncia penal en contra de los tres funcionarios estatales. Porque fue cuando Contraloría del Estado se presentó ante la oficina de Villareal para iniciar una auditoria de “rutina”, ese día solicitaron diversos archivos que fueron entregados a la dependencia estatal, posteriormente el 28 de septiembre se levantó una acta circunstanciada a la funcionaria pese a que no se encontraba en su oficina al estar en Tijuana comisionada por el titular de la dependencia. Ese mismo día le entregaron un procedimiento al personal para que en un plazo de 24 horas se entregará la información, finalmente el 15 de octubre fue suspendida. Según informó en su momento el secretario de educación a la prensa la suspensión fue porque se negó a entregar documentación. Según imágenes colocadas en su perfil de Facebook, el día en cuestión, la funcionaria estatal estuvo en Tijuana junto con el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides para la entrega de un recurso en la escuela Jardín de Niños Citlalli, por lo que no cuadraría la negativa de información. Entrevistado por ZETA el contralor Bladimiro Hernández Díaz aseguró que se trataban de dos temas diferentes, la denuncia realizada por Villarreal y la auditoría que se hizo en su oficina. Incluso aseguró que dos días después del inicio de la auditoria –el 26 de octubre– la funcionaria presentó la denuncia administrativa contra tres servidores públicos en su oficina. En un comunicado oficial enviado por la misma dependencia informó que “con fecha del 24 de septiembre de 2015 se inició una auditoría por parte de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental (DCEG), tal como consta en el acta correspondiente”. Sin embargo la versión del contralor con fechas distintas, se contrapone a una serie de documentos en poder de ZETA en los cuales se acredita que la denuncia se presentó en su dependencia con fecha el 22 de septiembre del 2015 –mismo día que se presentó la denuncia penal–, el cual fue sellado de recibido el 24 de septiembre del 2015 bajo el número de expediente 0642 y folio de recibido 201507631 por la DCEG, el mismo día que se inició la auditoría “rutinaria”. Pero la dependencia insiste en su comunicado: “…se hace necesario puntualizar que se trata de dos procedimientos distintos en torno al Programa Beca Progreso, el primero referente a la auditoría iniciada el 24 de septiembre como parte del programa anual y el segundo que se deriva de la denuncia presentada por la titular de dicho organismo el 26 de septiembre, una vez que ya había iniciado la auditoría normal”. — ¿Es común que los recursos del Estado, en este caso los cheques puedan ser endosados a funcionarios? Se le preguntó al contralor Hernández Díaz. “No, hay algunas condiciones en las cuales sí podrían ser, pero en este momento no tenemos nosotros elementos para asegurar cuáles”, respondió. — ¿Cuáles son? “Pues que el servidor público hubiera registrado una cuenta y que tuviera que hacer el depósito correspondiente por el medio electrónico, eso es inusual, en teoría podía suceder pero nosotros la Contraloría haríamos una observación de que es una irregularidad administrativa aun cuando se hubiera hecho buen uso del recurso y hubiera llegado a su fin, nosotros lo observamos porque no debe de aparecer un servidor público en su cuenta personal”, aseguró el contralor.   LA SUSPENSIÓN La Procuraduría General de Justicia del Estado citó a la funcionaria para ratificar la denuncia penal el 15 de octubre del 2015 a las 10 de la mañana, según testigos de la oficina de Villarreal, “extrañamente” la funcionaria  fue citada por sus jefes ese mismo día pero a las 9 de la mañana para notificarle la suspensión temporal. Aseguran el movimiento administrativo fue de “mala fe e intencional” para obstruir la justicia,  porque con la suspensión quedaba relegada de sus funciones durante el tiempo que se realizara la auditoria y eso le impedía legalmente realizar la ratificación de la denuncia para la que había sido citada. El 15 de octubre, minutos antes de iniciar la comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del segundo año de gobierno, el titular de la SEBS, Mario Herrera Zarate afirmó a ZETA que la auditoría en mención se llevaba como parte de un proceso administrativo regular. Sin embargo, en su turno, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides aseguró ante el pleno del Congreso que la directora de Beca Progreso había sido suspendida por Contraloría del Estado en represalia por denunciar a los funcionarios. Dijo que la denuncia penal no había avanzado y que la funcionaria fue suspendida sin previo aviso y sin derecho a comparecencia. También acusó la injusticia de que Lucia Villareal quede fuera de la dependencia mientras que los tres señalados del desfalco de 0.52 por ciento del presupuesto mediante utilización indebida de recursos, continuarán laborando. Por su parte el secretario de Educación Mario Herrera afirmó que se trataba de un tema de la Contraloría del Estado y mencionó que estaría al pendiente de la presunción de inocencia y al debido proceso. Días después el secretario de Educación cambio de parecer, el miércoles 21 de octubre tomó partido, así Herrera salió a la defensa de los denunciados, advirtió que éstos no tenían contacto directo con el recurso educativo pese a que De la Rosa fungió en ese cargo hasta noviembre del 2014.   POSIBLES DELITOS DE OFICIO El subprocurador Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador confirmó que la denuncia no fue ratificada por la funcionaria debido a que no se encontraba en funciones al ser suspendida temporalmente, pese a ello dijo que se podrían desprender algunos hechos delictivos que serían perseguidos de oficio por la procuraduría estatal. Afirmó que la denuncia fue por el endoso y falsificación de 74 cheques aunque en la carpeta solo presentó 47 que representan 898 mil pesos y del resto ya fue solicitado a la Comisión Nacional Bancaria. “Señala que hay algunos cheques que fueron reportados como cancelados, pero que si fueron cobrados entonces obviamente necesitamos recabar todas las diligencias para llegar a la verdad, señala ella que hay firmas falsas, pero obviamente acaba de presentar la denuncia y estamos recopilando nombramientos, cédulas de trabajo”, afirmó el funcionario. En cuanto a la Contraloría dijo que han estado en contacto y que “tienen plena apertura y que la información que solicitemos no la van a remitir”, apuntó Ramírez.   NIEGA GUSTAVO El diputado local del PAN y posible precandidato a la alcaldía de Mexicali, Gustavo Sánchez negó “rotundamente” que existiera algún ofrecimiento de una regiduría a la directora de “Beca Progreso” Lucia Villarreal, afirmó que aún no ha decidido si buscará contender –como candidato a la alcaldía–, por lo que no estaría en posición de ofrecer algún puesto a la funcionaria. Esto en relación a lo publicado en  de diversos medios de comunicación que señalan la denuncia hecha por Villarreal como un movimiento, un golpe político dirigido por Sánchez en contra de Andrés de la Rosa –hermano de Jesús–, para provocar que éste desista de participar en la contienda interna en busca de ser candidato del PAN a la alcaldía de Mexicali.      

Los hijos de Francisco Rafael Arellano Félix no están dispuestos a crear división ni peleas en su familia por la disputa de una herencia incierta, solo tienen un interés: conocer el destino final de los restos de su padre, puesto que saben que fue incinerado y hasta el momento desconocen el lugar donde se encuentran sus cenizas. Esa es la versión que los descendientes del mayor de los varones Arellano Félix hicieron llegar a ZETA a través de su abogado Martín Medina, quien los representa jurídicamente ante diversos tribunales de Mazatlán, Sinaloa, donde la viuda de Francisco Rafael promovió un juicio sucesorio testamentario a unas semanas de su muerte a finales de 2013. Luego de publicarse la nota ‘Pelean los bienes de Arellano’ en la edición 2167, los jóvenes Arellano Barrionuevo –quienes desde hace más de dos décadas viven en los Estados Unidos– solicitaron se puntualice que ellos no iniciaron ningún trámite para reclamar bienes o dinero; sin embargo, ya en el juicio fueron enterados de que tienen derecho. Estudiantes y profesionistas al otro lado de la frontera, los ahora adultos han tenido una vida agitada desde su infancia, pues tuvieron que ser llevados por su madre a otro lugar para su protección fuera del alcance de cualquier tipo de venganza. Tras el encierro en prisión de Francisco Rafael a finales de 1993, su posterior extradición a la Unión Americana en 2006 y su liberación definitiva en 2008, sus hijos poco pudieron disfrutar de su presencia; sin embargo, refieren haber tenido una relación amorosa y de mucho respeto hacia la figura paterna. Aún más traumática resultó para los chicos Arellano la experiencia de haber estado presentes en el momento en que el ex empresario sinaloense fue ejecutado cuando festejaba su cumpleaños en una residencia de Cabo San Lucas, el 18 de octubre de 2013, pues un día antes llegaron puntuales a la invitación que les hiciera su progenitor. Luego que un sujeto vestido de payaso ingresó al inmueble donde se realizaba la celebración, se aproximó a la víctima y le efectuó un disparo, los vástagos de Arellano Félix fueron los primeros en auxiliarlo. El menor de los hijos le taponeaba desesperado el cuello a su papá en un intento de que no le siguiera brotando la sangre, mientras que el hijo mayor persiguió al homicida –que portaba un arma de fuego– y en su impotencia por detenerlo le arrojó una tableta que llevaba, impactándole en la espalda, pero no pudo alcanzarlo.   Juicio en secreto El abogado Martín Medina estableció que fue la viuda de Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, quien a las semanas de la muerte de su cónyuge promovió ante el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de Mazatlán, denuncia formal del intestado a bienes del finado (juicio sucesorio testamentario 2246/2013). En la denuncia se omitió señalar la existencia de los hijos de Francisco procreados en sus dos primeros matrimonios. Fue una media hermana de los Arellano Barrionuevo, quien vive en Culiacán, quien se dio cuenta de la maniobra de la viuda y dio aviso a sus fraternos. Lizárraga, reina del carnaval de Mazatlán en los años ochenta, denunciaba en total silencio la sucesión para ella y para su hija Isabella Guadalupe. Los edictos del juicio solo se publicaron en el puerto de Mazatlán y no así en Tijuana o Cabo San Lucas, donde el matrimonio Arellano Lizárraga tuvo su domicilio conyugal. Al descubrirse que sí existían más hijos del finado Arellano Félix y ser llamados al juicio sucesorio testamentario que ya estaba muy avanzado, los también herederos tuvieron que echar mano de juicios de amparo para no ver violentados sus derechos fundamentales. El abogado Medina refiere que “había ya sentencia en la cual a ella –Rocío Lizárraga– la declaraban como cónyuge supérstite en herencia al 50 por ciento y, realmente no es, porque ella no está casada por sociedad conyugal, sino por separación de bienes”. Sobre sus clientes, el litigante destaca que “ellos, que ni siquiera saben dónde está enterrado el papá, bueno, dónde están las cenizas porque lo incineraron, entran al sucesorio para pelear más que nada las cenizas del papá. Preguntan ¿dónde está mi papá? Por lo menos para irle a rezar. Sea lo que sea, él era muy católico, ¿no? y los hijos siguen siendo muy católicos, muy religiosos. Entonces por eso entran al sucesorio. Y del sucesorio vienen unos amparos”. En cuanto a los bienes que poseía Francisco Rafael Arellano Félix y que podrían ser parte de la masa hereditaria los familiares del fallecido no cuentan con información, pues la mayoría fueron asegurados por la Procuraduría General de la República en 1993, en la averiguación previa 4384/DGI/93; sin embargo, se estima que en la actualidad no había nuevas fincas, pues el hoy occiso “no tenía nada a su nombre”. Señala la representación legal de los jóvenes Arellano que aunque sus clientes no firmaron nunca documento alguno, la viuda de Francisco cuenta desde 2012 con diversos poderes notariados y “la señora manejó todas las propiedades, no dejó nada a la sucesión. ¿Me explico? Absolutamente nada. Pero sí cuentan los hijos, que cuando ellos estuvieron –en Cabo San Lucas– un día antes de su muerte, su papá tenía en su casa muchísimo, muchísimo dinero y muchísimas joyas. Cosa que no sabemos dónde quedó. Se esfumaron, se esfumaron”.   La finca de Frankie Oh! Aunque falta identificar bienes, hacer el inventario y el avalúo correspondiente, en días recientes se dictó una primera sentencia y se apersonó a los Arellano Lizárraga, Arellano Barrionuevo y Arellano Vega para entrar al juicio de las propiedades. En la primera resolución se designaron los porcentajes de los herederos y nombraron albacea. Sin embargo, el proceso va a ser muy largo. El hijo mayor de Rafael Arellano Félix solo tiene interés en un inmueble. No es motivo de la sucesión testamentaria, pues la propiedad está a su nombre desde que era menor de edad. Su madre se la regaló. Se trata de la finca que albergó durante muchos años a la exitosa discoteca Oh! ubicada en el puerto de Mazatlán. “Por ser homónimo del papá, el SAE se la quitó. El agente del Ministerio Público se la quitó y eso es lo que está peleando ahorita mi cliente. Es la finca de la avenida del Mar 1302. Y te voy a ser sincero, el gobierno federal no se la quiere entregar”, afirmó quien representa los intereses de los hijos de Arellano. El inmueble en cuestión ha sido ganado dos veces en juicios de amparo. Uno promovido en 1995, pero la finca fue reasegurada y el más reciente en 2012 cuando se ordenó al Ministerio Público de la Federación levantar el aseguramiento y al Registro Público de la Propiedad retirar la anotación correspondiente. Sin enterarse cuándo fue, la propiedad volvió al dominio de la Procuraduría General de la República y es momento que no se regresa a su legítimo dueño. El único juicio de amparo que sigue vigente, de los promovidos por los hijos de Francisco Rafael, es el 588/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa y deriva del nuevo aseguramiento del mencionado inmueble, señalándose un presunto abuso de autoridad de parte de la autoridad ministerial. Finalmente, aunque para el abogado Medina existió –de manera inicial– un fraude a la sucesión, los afectados no interpondrán denuncia alguna, pues no les mueve el interés económico ni de venganza. “No hay fortuna, no hay absolutamente nada. No hay nada que se pudiera ver en una sucesión para que los hijos pudieran tomar algo. Si dejó algo, como dicen los hijos, que vieron un día antes de la fiesta, en la casa de él, se quedó la esposa totalmente con ello”. Reiteró el entrevistado que sus clientes tienen derecho a saber dónde está su papá, “para  llevarle aunque sea unas flores o rezarle algo, ¿no?”.

Aunque las elecciones serán en el verano del 2016, los actos proselitistas de los funcionarios del Ayuntamiento comenzaron a ser tema polémico. Por ejemplo, la regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ana Gabriela García Salgado, ventiló un posible acto de malversación de fondos públicos para solventar gastos de campañas políticas a través de la compra de materiales, pagos de honorarios y construcción de obra pública a precios “inflados” como consta en el formato técnico de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom).   El 14 de octubre los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría un techo financiero por más de 15 millones de pesos de un recurso federal del programa “Hábitat 2015” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y aunque desde un inicio los ediles detectaron inconsistencias en el presupuesto presentado por la Sedesom, al final decidieron no contradecir al alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico y votar a favor.   De entrada ese día destinaron miles de pesos para la compra de equipo, papelería y otros insumos para la impartición de talleres sobre jardinería, auxiliar contable, derechos ciudadanos “todos somos amigos”, violencia de género y derecho, en la colonia Popular 89, pero nunca aclararon que estos cursos iniciaron desde el pasado 6 de octubre y aún no hay proveedor.     Las compras y contrataciones La edil García Salgado recriminó que siendo una dependencia con un perfil social, priorice la impresión de logotipos de la dependencia, con lo que se elevan los precios de los insumos.     “Con esos antecedentes no es posible que una simple pluma se tase en 40 pesos solo porque se le imprima el logotipo y la leyenda de la Sedesom, que es quien ejecutará este recurso. Estoy segura que una pluma realiza la misma tarea para la que fue hecha y que el gasto sería menos si no tuviera esta marca de impresión”, reclamó la edil cuando se aprobó este recurso, dado que el titular de esta dependencia, Samuel Albestrain Pérez, está interesado en contender por la diputación en el Distrito XIV, que es la zona donde se ejercerá este recurso como obras de infraestructura, talleres y cursos. Confundido, el alcalde  Hirata Chico respondió que, estos recursos, son propuestas para efectos de licitación, pero no hay tal, ya que por el monto es necesario que se asigne al proveedor de manera directa.  El derroche también se puede advertir en los documentos presentados por los titulares para justificar el pago a “talleristas” por mil 500 pesos el día en una jornada de seis horas, volantes para promocionar a la Sedesom a razón de 15 pesos cada uno y cuadernos por 114 pesos, carpetas en 133 pesos. Mientras que los manuales cuestan 232 pesos cada uno sin detalles del número de hojas o el tipo de engargolado.   Más incongruencias económicas fueron presentadas en el presupuesto por las oficinas Infraestructura, Educación, Juventud e Instituto de la Mujer, todas coordinadas por Sedesom, donde proponen lo mismo la compra de productos a precios distintos, como dos lonas alusivas al curso por 928 y en otra mil 160 pesos de 3 por 5 metros.    Un ejemplo, es que las reglas de operación del programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, establecen que el pago por hora de los honorarios del capacitador o instructor tendrá como base el salario mínimo vigente en el Distrito Federal más el correspondiente impuesto al valor agregado y será: “A) hasta dos salarios mínimos para instructores solo con experiencia laboral. B) 2.5 salarios mínimos con estudios técnicos o certificados. C) hasta 3 salarios mínimos con estudios profesionales”. A esto se suma un sinfín de supuestos gastos que se harán con dinero de “Hábitat 2015” en dependencias como Infraestructura, Grupos Vulnerables, Institutos de la Juventud y Educación, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sededoe) por un monto de 15 millones 185 mil  pesos. Un porcentaje de este dinero es para talleres iniciados desde el pasado 6 de octubre, pero de los que no se pudo constatar su real impartición ante la negativa de la dependencia para informar sobre el desarrollo y asistencia a los mismos. El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa, quien forma parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, reconoció que es un gasto excesivo el que se pretenden hacer, pero aclaró que nada más se aprobó el techo financiero y que por ningún motivo permitirán que se hagan estas compras.  “Llama la atención, cómo vas a gastar 40 pesos en una pluma, cómo vas a gastar en un plumón 180 pesos, treinta en un CD o en un volante 15 pesos. A Sindicatura se nos prende de inmediato un foco amarillo para estar al pendiente de quien esté facultado para realizar estas compras, pero solo espero que no gaste 40 pesos cuando una pluma vale 5 pesos”, advirtió Barbosa Ochoa.   Un tanto confuso, agregó que las bases del programa permiten presentar este tipo de presupuestos pero no el que se hagan adquisiciones a precios exagerados.     La historia se repite Otro regidor de oposición, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Serratos González, quien se abstuvo de votar el dictamen, sacó a relucir que esta situación se repitió en el 2014 con la anuencia del presidente municipal, cuando este recurso federal se invirtió en áreas que estaban fuera de los polígonos de marginación y lo direccionaron a zonas donde electoralmente es más conveniente.   En el presupuesto del 2014, la regidora Alicia Rivera Santoyo (PRD) también votó en contra porque les habían dicho que eran otros los polígonos y este año fueron la Colonia Popular 89 y Maneadero, dado que el Ayuntamiento pone como prioridad ejecutar el recurso en polígonos de pobreza. “Las cuentas no nos dan, no nos dan. Este presupuesto está muy inflado, en compras. Aplaudimos que se lleven a cabo estos programas, pero qué malo que se entreguen de última hora a los integrantes del Cabildo, sin que podamos hacer modificaciones”, opinó Serratos. Relajado, el edil reconoció que los aspirantes, silenciosos, recurrirán como hasta hoy lo han hecho a estos actos ilícitos para beneficio político, incrementarán los precios de insumos del programa Hábitat, aplicarán los recursos del Ramo 33 donde mejor les convenga aunque no correspondan a zonas con alta marginación. “Pero nosotros como postura y siendo congruentes en el caso del PRD, vamos a manifestarnos en contra de que sigan sucediendo estas cosas”.   Funcionarios gastan en marketing Los funcionarios con acceso a más recursos económicos han recurrido a las portadas de revistas para evidenciar sus intenciones políticas en el 2016, como es el caso del secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, y el secretario de Desarrollo Social, Albestrain Pérez, cuyas imágenes aparecen en lonas instaladas en puntos estratégicos e incluso en espectaculares.  Ambos servidores públicos argumentan que fueron las editoriales quienes los buscaron para promover su imagen, pero incluso tienen a su cargo personal de comunicación y relaciones públicas que los días 24 y 25 de septiembre –días hábiles– viajaron a la ciudad de México para participar en el congreso de Marketing Político. A fin de revisar el gasto erogado y si los empleados de confianza recibieron su sueldo a pesar de estar ausentes de sus centros de trabajo, se solicitó información a través del Portal de Transparencia pero el Oficial Mayor del Ayuntamiento, José Guadalupe Ríos Vela, ha prorrogado su respuesta. El congreso de Marketing Político está enfocado en sistemas políticos desde la estrategia electoral y los temas relacionados con mercadotecnia política y comunicación pública con o sin experiencia en el ramo. “Se caracteriza en sus pasadas ediciones por recibir gobernantes, legisladores, servidores públicos, dirigentes de los partidos políticos, asesores, estrategas políticos y equipos de campaña, así como estudiantes de los posgrados más importantes en la materia”, se menciona en el portal de la última edición de este congreso.   Sin orden El síndico procurador Iván Barbosa exhortó a los funcionarios públicos que quieran participar por un puesto de elección popular a que renuncien de una vez, para que no se preste a malos entendidos, pero aclaró que es el primer edil, Hirata Chico, quien debe meterlos en cintura. “Sí, el presidente municipal es el que debe poner orden y decirles que quien tenga intenciones está en momento de retirarse. La contienda electoral está abierta y no debemos caer en errores electorales o supuestos desvíos públicos que se pueden interpretar de esa forma por ser funcionarios, pues mejor…”. A sabiendas que los procesos dentro de su dependencia son lentos y es complicado comprobar que los aspirantes usan recursos públicos con fines propagandísticos, el síndico procurador expresó resignado que van a estar al pendiente de cualquier gasto que se lleve a cabo dentro de la administración.   Hacen lo que quieren Sobre la posible desventaja que existe para el Partido Acción Nacional (PAN) ante el hecho de que al menos veinte funcionarios municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –como lo ha mencionado el mismo alcalde– estén ya “encampañados”, el presidente del comité municipal del partido albiazul, Hugo Zepeda Berrelleza, consideró que el alcalde Hirata Chico es una persona totalmente influenciable. “La respuesta que da el presidente municipal en cuanto a los que pretenden, da muestra de la forma en la que ha venido gobernando el municipio de Ensenada, sin rumbo y con falta de autoridad. No hay gobernabilidad y cada uno de los funcionarios hace lo que cree que es mejor para sus intereses personales. Repito, falta liderazgo y decisión”, criticó el dirigente. Sobre la estrategia a seguir mencionó que el PAN hará una campaña que tendrá que ver con propuestas claras y una de las preocupaciones que tiene su partido en este momento es el uso de los recursos públicos para otros fines que no sean el llevarlos a la comunidad por parte del partido en el poder. Habló sobre la reestructuración de la deuda pública, donde en uno de los conceptos se decía que debía pagarse un adeudo por más de 55 millones de pesos y al final se liquidó con 40 millones de pesos: “Fue un pago mocho porque no pagó el total de la deuda, y hay una preocupación y una solicitud de investigar dónde quedó ese dinero”. Por último, la regidora García Salgado recriminó que ante la falta de una política de austeridad el escaso dinero que ingresa a las arcas municipales se distribuye de una manera inequitativa, y llega a menos ciudadanos. Se evade la responsabilidad de integrar la unidad tabuladora de precios que ponga orden y dé certeza sobre en qué se invierten los recursos.    Así estuvo la votación… Regidores que dijeron que sí Alcalde Gilberto Hirata Chico Jaime Guadalupe Zepeda Ávalos (PES) Guillermina Calvo Romero (PRI) Salvador Espinoza Ascencio (MC) Máximo Rivas Valencia (PT) César García Urías (PRI) Columba Domínguez Delgadillo (PRI) María Verónica Hernández Valdez (PRI) Gilberto Bernardino Sánchez Martínez (PEBC)   En contra  Ana Daniela García Salgado (PV)  Abstenciones Arturo Serratos Tejeda (PRD) María de los Ángeles Zepeda Morán (PAN) Ana Gabriela Bórquez Gómez (PANAL) Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa Síndico Social, Félix Ojeda Ortega Inasistencia Alicia Yesenia Rivera Santoyo (PRD)      Los sobreprecios                 Insumo   Sedesom precio local   diferencia     Porcentaje  desvío                   2 Palas   406 pesos   185 pesos    221 pesos   119.46%  442 2 Azadones   522 pesos 196 pesos    326 pesos   166.32%  652 1 Carretilla    mil 600 pesos 750 pesos   850 pesos   113.33%  850                 100 Volantes  15 pesos 2  pesos    13 pesos     650%  mil 300  4 Marcadores  174 pesos 15 pesos   159 pesos     1060%  636 5 Post it   87 pesos 7.50 pesos   79.50 pesos    1060%  397 30 Cartón   75.40 pesos 16 pesos    59.40 pesos    371.25%  mil 782 Cascarón                Huevo                                 Talleristas             </td>   240 horas   243 pesos  3 salarios   208 pesos     49 mil 920      por hora mínimos               Sedatu                        

El denominado Programa de Emergencia para la Prestación Sustentable y Efectiva del Servicio de Alumbrado Público (PEPSESAP), instrumentado por la administración de Jorge Astiazarán, será 2 mil 154 millones 656 mil pesos más caro que el fallido proyecto de Sola Basic, convenido por el gobierno de Carlos Bustamante. De acuerdo a la propuesta de Astiazarán, aprobada por mayoría del Cabildo, el XXI Ayuntamiento podrá contratar un nuevo programa de alumbrado público por un costo estimado en 2 mil 295 millones 656 mil pesos; 16 veces más caro que los 141 millones de pesos que el XX Ayuntamiento pagó a Sola Basic. Proyectado a diez años, para su pago se autorizó comprometer el ingreso del impuesto por alumbrado público que se cobra a través del recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a más de 500 mil usuarios de Tijuana. No solo eso, el acuerdo de Cabildo dejó abierta la posibilidad de modificar ese gravamen a los usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica, quienes actualmente pagan un impuesto fijo de 16 pesos bimestrales, “en lugar de un monto indexado al Salario Mínimo Vigente”, se expone en la propuesta. Si bien es cierto en el esquema de Astiazarán se incluye el pago del servicio de alumbrado público, con todo y el ahorro que supone la sustitución de las 67 mil luminarias que lo conforman, así como el cargo administrativo que facturará CFE por retener el gravamen y el crecimiento del servicio a diez años, el pago al proveedor cuando menos será de mil 283 millones 869 mil pesos. El argumento para pagar más de mil millones de sobreprecio por las 67 mil lámparas es que, “nosotros –el XXI Ayuntamiento– no nos vamos a robar 140 millones de pesos, como lo hizo el anterior –el XX Ayuntamiento–“, expuso la regidora Martha Rubio.   ONEROSO PROYECTO Para contratar una empresa que se encargue de reemplazar y dar mantenimiento por diez años a las 67 mil luminarias de Tijuana, el Ayuntamiento proyectó un pago de mil 283 millones 869 mil 869 pesos, a través de un fideicomiso que retendrá el cien por ciento del Impuesto del Alumbrado Público (IAP). En el acuerdo avalado por la mayoría del Cabildo, a excepción del Síndico Social, Bernabé Esquer Peraza, el pago al proveedor se tasó en un monto de mil 283 millones 869 mil 869 pesos, lo que indica que el costo y mantenimiento por cada lámpara costará a los tijuanenses 19 mil 162 pesos. “El nuevo programa de alumbrado no tendrá costo para el Ayuntamiento”, expuso el alcalde Jorge Astiazarán, afirmación que difiere del proyecto propuesto. El pago a la empresa que obtenga la adjudicación saldrá directamente del Impuesto al Alumbrado Público que actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra en el recibo que por consumo de energía eléctrica expide a 513 mil usuarios de Tijuana. El 90 por ciento de esa recaudación proviene de cuentas de servicio doméstico, a los que se les aplica una cuota fija de 16 pesos bimestrales; el 10 por ciento restante lo conforman comercios e industrias,  a quienes se les factura de acuerdo al consumo, tomando como base el salario mínimo diario general vigente, pago que puede fluctuar desde uno, hasta 5.5 salarios mínimos. En 2014, esta recaudación generó al municipio la captación de 150 millones de pesos y, de acuerdo al presupuesto de ingresos de Tijuana, aumenta un 15 por ciento cada año. Esto significa que en diez años se estaría captando alrededor de mil 400 millones de pesos, esto sin tomar en cuenta el aumento de la tarifa de energía eléctrica y el número de usuarios. Sin embargo, en la propuesta de Astiazarán, la captación de ese gravamen en 2016 se propuso de 195.5 millones de pesos, lo que significa el tener que elevar en un 30 por ciento su recaudación actual. Por ello en el décimo cuarto punto de la propuesta se advierte, “por lo que se requerirá de una mínima inversión adicional…”, y continúa, “inversión que no saldría de las arcas municipales, pues se amortizaría con los remanentes del impuesto por alumbrado público”. Dichos remanentes se consideraron con un crecimiento anual del 30 por ciento, que sumados a diez años dan un ingreso mínimo de 2 mil 472 millones 125 mil pesos, cantidad que resulta ser el doble de lo que se pagará al proveedor de las luminarias. Y como la idea es que todo se capte en un fideicomiso para que el municipio no lo reciba en forma directa, el gobierno en turno ideó que en la cesión del derecho de ese impuesto se pague la facturación por el servicio de alumbrado y el costo que este manejo administrativo significará para el erario. En resumidas cuentas se presupuestó a 10 años una facturación por alumbrado de un monto de 945.7 millones de pesos, más 37.1 millones del posible incremento en el consumo de energía eléctrica, a lo que se añadió un pago de 28.9 millones de pesos por el cargo administrativo que aplicará CFE, además de los mil 283.8 millones de pesos de pagó al proveedor, para llegar a un gran total de 2 mil 295 millones de pesos. Del posible remanente de 176.4 millones que esta proyección económica generará, el gobierno de Tijuana también lo incluyó en la cobertura de “los compromisos derivados del contrato de eficiencia del servicio de alumbrado público”.   MODERNIZACIÓN SIN DISPENDIO Un proyecto sustentable y económico, por el cual se pagó un promedio de 900 pesos por luminaria, que sumado al costo del balastro generó un gasto por unidad de solo mil 400 pesos, fue el que desarrolló el municipio de Toluca. Aunque muchas empresas se acercaron al gobierno de Toluca para ofrecerle el hacerse cargo por el sistema de alumbrado hasta por 20 años, la entonces alcaldesa, Martha Hilda González Calderón, optó por hacerlo por cuenta propia. Con recursos propios y un financiamiento a nueve meses de 20 millones de pesos, para un total de 39.2 millones de pesos, el gobierno de Toluca reemplazó este año 28 mil lámparas de alumbrado público que le han generado un ahorro de un 40 por ciento en el gasto de energía eléctrica. Sin heredar deuda a posteriores administraciones, el actual gobierno de ese municipio recurrió a los programas de asesoría y capacitación que dispone el gobierno federal a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía eléctrica (FIDE) y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). En primer término, sin costo alguno, el FIDE capacitó al personal de la Dirección del Medio Ambiente y Servicios Públicos para que pudieran analizar las necesidades de luminosidad de cada zona, explicó Margarita Sandra Saldaña Garnica, titular de la dependencia. Posteriormente, continuó, CONUEE los asesoró técnicamente para que pudieran determinar el tipo de tecnología requerida y delinear un proyecto sustentable, económico y acorde a las necesidades de cada área del municipio. La definición del proyecto se realizó en 2014, detectándose que el 40 por ciento de las 40 mil luminarias  instaladas no funcionaban, y un 30 más se encontraban en muy buen estado, por lo que se optó por reemplazar 28 mil para 2015; antes de ello, en 2014, con recursos propios se adquirieron 11 grúas, con una inversión de 11 millones de pesos, equipo que sería utilizado para el desarrollo del programa. Pero al solo disponer de un presupuesto para alumbrado de 19.2 millones de pesos, el Cabildo autorizó en enero de 2015 adquirir un crédito con el Banco nacional de Obras (Banobras) a nueve meses. En cinco meses, a partir de febrero de este año, personal de Servicios Públicos llevó a cabo el cambio del sistema de alumbrado público, reemplazando bombillas y balastros previamente licitados. Actualmente Toluca ha crecido su servicios a 44 mil luminarias; a las 28 mil del programa de alumbrado se sumaron 4 mil que pudieron ser adquiridas con apoyos federales provenientes de Hábitat y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Al cambiarse focos de vapor de sodio de 150 y hasta 250 watts por lámparas led de 90 watts, el municipio se encuentra no solo mejor iluminado, sino que el pago mensual de energía eléctrica disminuyó en un 40 por ciento. Por ello el consumo adicional que genera el contar con más lámparas, no ha significado una erogación extra. Además, por haber implementado un proyecto eficiente, la Secretaría de Energía, a través de CONUEE, le bonificó el 15 por ciento de lo invertido. A la par que culmina su periodo administrativo, el gobierno de este municipio saldará el crédito a corto plazo con Banobras; no dejará deuda pendiente por este concepto y a cambio deja una ciudad iluminada y con equipo propio.   EDILES DESINFORMADOS Para el cabildo de Tijuana no existe otra manera de poder proporcionar a los tijuanenses un servicio de alumbrado eficiente, moderno y sustentable, que no sea comprometiendo la recaudación. Al no existir capacidad financiera para créditos a largo plazo, “la única opción es el fideicomiso propuesto”, coincidieron en opinar los regidores Luis García, Héctor Riveros y Luis Felipe Ledezma. Cuestionados sobre la estimación planteada para el pago del programa, en la que se consideró la totalidad del impuesto al alumbrado público y un porcentaje adicional mínimo del 14.6 por ciento, los integrantes del Cabildo de Tijuana dijeron desconocerlo. Luis García argumentó que el proyecto le fue presentado en forma apresurada, sin solventar la totalidad de las dudas y a solo unas horas de subirlo al pleno del Cabildo. Y aunque en la aprobación facultan al gobierno de Jorge Astiazarán para convocar y suscribir los convenios necesarios para ejecutar el programa, lo que incluye el realizar un “un convenio de recaudación del Impuesto al Alumbrado Público y/o convenio modificatorio al existente”, este último convenio tendrá que garantizar el “hacer efectivo el supuesto del presente punto de acuerdo”, es decir los ingresos necesarios para poder sufragar un programa de más de 2 mil 295.6 millones de pesos. Finalmente, con la aprobación del Cabildo del 9 de octubre, el gobierno de Astiazarán está facultado para formalizar un convenio con el licitante ganador por la vigencia y con las condiciones proyectadas. Pese a lo ya aprobado, los regidores aseguran que no permitirán aumento en el impuesto de alumbrado público. Mientras Luis García anotó que si falta presupuesto se tendrá que salir de los ingresos propios del municipio, sin elevar ningún gravamen, Héctor Riveros consideró que la disposición del equipo de alumbrado público que se retire podría generar un ingreso adicional que permitiría sufragar el recurso faltante.   SOLA BASIC IMPUNE Ocupado como está en idear el nuevo programa de iluminación para la ciudad, el gobierno de Tijuana deja en manos “de las instancias que corresponden”, el dar seguimiento al caso de Sola Basic, así lo externó Bernardo Padilla, secretario general del XXI Ayuntamiento. Actualmente Sindicatura da seguimiento a una demanda formal y continúa llamando a comparecer a los funcionarios del XX Ayuntamiento, pero sin dar una resolución final del caso. En tanto, Manuel Montenegro, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Baja California, informó a ZETA que será en noviembre de 2015 cuando dé una resolución sobre la investigación que sigue sobre este tema.     Colegio de Ingenieros impugnará impuesto a alumbrado público   Calificado como anticonstitucional, el impuesto al alumbrado público que aplica el municipio de Tijuana será impugnado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana a través de un amparo. Pablo Hernández Lee, presidente del organismo, rechazó el proyecto con el que Jorge Astiazarán pretende solucionar el error cometido por la administración de Carlos Bustamante al contratar a Sola Basic, yerro que costó al municipio 141 millones de pesos. Antes de imponer un impuesto o aumentarlo, primero que resuelva la incompetencia y posible corrupción del gobierno anterior, expuso. Dijo que los tijuanenses siguen esperando que el XXI Ayuntamiento dé resultados sobre el caso de Sola Basic, contrato desfavorable que firmó su antecesor y que el actual gobierno está obligado a investigar y resolver, antes de intentar invertir más recurso público en una acción por la que ya se pagó. Hernández Lee indicó que en reunión colegiada se tomó la decisión la noche del miércoles 21 de octubre de promover un amparo que no solo impida un posible incremento al impuesto de alumbrado público, sino que elimine su cobro, al considerar que el pago de los servicios públicos ya está incluido en el cobro del predial. Respecto al nuevo proyecto de alumbrado público, acusó opacidad, toda vez que el alcalde no ha informado de cómo se va a efectuar y cuánto tendrá que pagar el municipio por él y bajo qué condiciones. José Ángel Peñaflor Barrón, quien promoverá la acción legal planteada por el colegio,  informó que el impuesto por el derecho al alumbrado público ha sido reiteradamente declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ejemplo precisó que en municipios como León, Guanajuato; Nuevo León; así como Empalme y Guaymas, en Sonora, se han amparado en contra de ese gravamen y han obtenido el fallo favorable de la Suprema Corte. Esto es, explicó, “porque invaden la función del legislativo federal al imponerse en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad”. En el caso de Tijuana, recordó, de inicio el cobro se tasó en un peso, “y ya van en 16 pesos bimestrales y ahora lo quieren aumentar al doble, no estamos de acuerdo”, opinó. Finalmente, los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles consideraron que el gobierno de Astiazarán debe buscar una solución al problema de alumbrado público que heredó de la administración anterior, con los recursos propios del municipio, y no de los bolsillos de los tijuanenses. Pablo Hernández reiteró su postura de exigir la recuperación de los 141 millones pagados a Sola Basic, “el actual gobierno primero debe lograr eso, que entiendan que hacen una función para lo que los contratamos”.