Dicen los cercanos a la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra, que el compromiso que ella hizo con el Gobernador de Baja California, fue encabezar esa institución durante tres años. No más. Ernesto Ruffo Appel, el primero Gobernador del PAN en Baja California, tuvo tres Procuradores, aunque no lo planeó así, sí consideraba que dos años de titular la PGJE eran más que suficientes para una persona, considerando el desgaste por la responsabilidad, la criminalidad y las estrategias a corto y mediano plazo para combatir la incidencia delictiva y ahora el narcomenudeo. De hecho son raros los personajes que después de haber sido Procurador, local o federal, continúan con una carrera pública de ascenso. La persecución que se supone deben emprender contra los criminales, la defensa del Estado y los resultados que están obligados a dar –medibles y perceptibles a partir de la seguridad en calles y colonias– son tareas de harta dificultad, especialmente cuando se tiene como contexto una Policía Ministerial infiltrada por la corrupción, un Ministerio Público carente de capacidad científica de investigación; y compromisos políticos. El desgaste suele ser enorme, pues. De ahí que la hipótesis de Procuradores de dos años, pueda ser que funcione. Sin embargo la mayoría de los Gobernadores han tenido solo un Fiscal. Eugenio Elorduy Walther mantuvo en esa posición y a pesar de las críticas y los señalamientos de colusión, a Antonio Martínez Luna, mientras que José Guadalupe Osuna Millán dejó seis años en la Procuraduría a Rommel Moreno Manjarrez, y durante los tres años de Alejandro González Alcocer su concuño Juan Manuel Salazar Pimentel hizo lo propio. En el corto tiempo que gobernó, don Héctor Terán Terán tuvo dos Procuradores. José Luis Anaya Bautista y Marco Antonio de la Fuente Villarreal. Francisco Vega de Lamadrid, inició el sexenio restándole una Magistrada al Poder Judicial cuando desde ahí sacó a Perla Ibarra para integrarla como Procuradora. Ella había sido su Secretaria de Seguridad cuando Alcalde de Tijuana, y la carrera de la señora se había desarrollado en el Poder Judicial. La apuesta es que alguien que conocía de primera mano los errores de investigación por parte del Ministerio Público, podría hacer un buen papel al momento de judicializar los casos de criminales –menores o de alto impacto– que traen en jaque a la sociedad bajacaliforniana. Que quizá habiendo sido Secretaria de Seguridad, traería estrategias probadas para la disminución en la comisión de delitos y la seguridad a los gobernados. Pero las expectativas que generó el nombramiento de doña Perla no se han cumplido. Centrada –dicen quienes tienen oportunidad de verla y oírla– en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el combate al crimen organizado y a la delincuencia lo ha dejado a otras instituciones. Sin una limpia en las filas de la Policía Ministerial poco puede hacer para cumplir con estrategias efectivas de combate a la impunidad. La mayoría de los secuestradores, narcotraficantes, asesinos y criminales que delinquen con soltura y sangre en este Estado, no cuentan con una orden de aprehensión en su contra. Sabemos sus nombres porque los dejan en narcomensajes o porque Policías de compromiso los investigan por su lado, pero de documentos ministeriales en su contra poco hay. Hace unos días se dijo que la Procuradora se retiraba. Que ya no aguantaba más el ritmo, la crítica, el desgaste y la ausencia de resultados, ciudadanos pensaron que era un cambio normal, dos años de Procuradora están bien y más en el contexto de inseguridad que vive Baja California. Los homicidios han incrementado, la violencia contra mujeres y niños, contra víctimas alejadas del crimen organizado, también. Las ciudades, Tijuana, Mexicali, Ensenada, vuelven a oler a sangre y plomo. Mientras la Procuradora no se va. El Gobernador la ratifica en el cargo y sus cercanos dicen que se queda un año más, hasta el 2016, cuando en todo el País sea efectivo el Nuevo Sistema de Justicia Penal… cuando quizá, ya para la seguridad del Estado, sea tarde. Una Procuradora que no concede entrevistas, que no está enterada de las investigaciones que aparatos de inteligencia de la Estatal Preventiva, las Municipales o el Ejército realizan, no abona al combate a la inseguridad. Una Procuradora tímida con los criminales, que no promueve órdenes de aprehensión ni para los delincuentes comunes, no sirve de mucho en esos momentos. Quizá las dos, Procuradora y Gobernador, podrían reflexionar, más allá de vanidades y orgullos, qué es lo que conviene a Baja California en estos momentos en que un nuevo cártel se ha asentado en nuestro territorio. Sería algo sensato. ¿No?
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