En la página electrónica del Congreso de Baja California, en el rubro que aparece como Presupuesto Ciudadano, los diputados decidieron mentir y publican que reciben en el año 60 millones de pesos para Gasto Social. Hechas las cuentas, en realidad se están haciendo los despistados con otros 15 millones de pesos, porque a cada uno le depositan 250 mil pesos al mes, durante 12 meses, son 3 millones al año para cada legislador. Ahora multiplique por los 25 diputados, son 75 millones de pesos que gastan como les viene en gana, sin dar cuenta a nadie. Lo que reciben para Gasto Social, casi triplica su sueldo de 93 mil 655 pesos mensuales, mismos que según ellos se reducen a 60 mil 408 netos porque dicen que el resto se los retienen. En ese contexto pese a ese sueldo tan desproporcionado en medio de la crisis que vive el estado y el resto de los californios, los 250 mil pesos al mes, los 3 millones al año, y los 9 millones en el trienio que les dan para que repartan entre los menos favorecidos, son –parte de un abuso– definitivamente una tentación, y dado la relajación de los valores de algunos, las costumbres, las campañas, las mañas aprehendidas en política… para muchos es difícil de aguantar. Son 75 millones, muchos millones de pesos más que los 34.8 millones que tiene asignado como presupuesto anual la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o los 36.7 millones de pesos que le dieron este 2015 al Tribunal Contencioso Administrativo, o los 10.5 millones que tiene para este período el Instituto de Transparencia. Ese dinero es mucho más que los 50.9 que tiene asignado la Secretaría de Medio Ambiente o los 49.5 que le destinaron a la Contraloría, supuesta responsable de vigilar que el dinero de los bajacalifornianos se gaste sin abusos. Aunque resulta difícil saber en qué se gastan todos estos 75 millones los diputados, porque legalmente no existe quién los supervise, al principio de la actual gestión legislativa, después de sus respectivos procesos de acceso a la información –no contestaron en la primera ocasión– algunas de las solicitudes hechas por ZETA respecto al manejo de estos recursos, tardaron pero se respondieron y la comunidad pudo darse cuenta de malos manejos. Con recibos este semanario pudo acreditar que ese dinero etiquetado para los pobres lo usaron para pagar cigarros, importaciones de vehículos, sus compras personales de mandado, darle dinero a los reporteros o a empresas editoras como la que produce el periódico El Mexicano, entre otros abusos. En solicitudes posteriores de otros medios, y ciudadanos, estos gastadores legisladores han sido más opacos –según ellos más listos– y han argumentado el derecho a la privacidad de los datos, para no especificar a quién han beneficiado, lo que ha hecho que la información no pueda ser corroborada. Quien más lejos llegó fue la diputada Rosalba Regalado, sí entregó una lista con nombres, beneficio entregado, e importe del gasto, pero da lo mismo si no se puede ubicar a Juan Pérez del listado para preguntarle. También escondidos en el pretexto de la reserva de datos personales, tranquilamente al mes hacen cheques de 100 mil pesos, 150 mil pesos bajo un solo concepto, como “despensas” o “material de construcción”, si de verdad compran eso, a quién se lo dan es un misterio, porque nadie les cuestiona, como si fuera su dinero y no público. Ahora, no es poco común que lleguen a ZETA quejas de ciudadanos, de militantes panistas, o priistas refiriendo que los diputados usan ese dinero de los menos favorecidos, como si fuera su chequera personal. Incluso se cubren sus movimientos. Los que saben explican: como en toda familia a los diputados no les falta el hermano, hijo, tío, primo, esposa, marido, amasia, amigo o compadre a quien para que no haya riesgo le fingen alguna necesidad, y para que no aparezca en su lista de beneficiados, intercambian favores con otro legislador, entonces yo le doy dinero al tuyo y tú al mío y todos contentos. Y por qué no iban hacerlo si no hay nada que se los impida, si nadie los fiscaliza. En marzo de 2013, Gastón Luken ex diputado federal demandó públicamente que se eliminara el rubro de Gasto Social, pero el reclamo no pasó de ser un tema para ocupar espacio en la prensa y obtener simpatías de la opinión pública. Ya en noviembre de 2014 ante el grupo priista Reyes Heroles el diputado Cuauhtémoc Cardona refirió –y se publicó en la prensa local– que los 75 millones del gasto social debían canalizarse de otra forma porque la manera en que se maneja actualmente se prestaba a prácticas “ilegales y oscuras”, y les dijo a los tricolores que estaba proponiendo un sistema de evaluación. Pero llegamos al octubre de 2015, y tanto él como sus compañeros de legislatura siguen gastando a manos llenas sin rendir cuentas. Diputadas y legisladores, la mala fama de sus antecesores los persigue y luego ustedes le abonan, lo que no hace sino incrementar la desconfianza en los políticos y los partidos. Los 75 millones de pesos del Gasto Social, son para la gente pobre, es mucho dinero, es dinero de los ciudadanos y es su obligación moral y ética gastarlo de manera transparente, y si de verdad se usa para lo que está asignado, no debería ser problema dejarlo claro y comprobarlo.
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