Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, ordenó, el 9 de mayo de 2024, liberar a un total de 8 militares, en el proceso que tenían en su contra por el delito de delincuencia organizada, tras el pago de una garantía de 100 mil pesos cada uno.
Los militares también estaban bajo proceso, por el delito de desaparición forzada de personas, en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que salieron, alrededor de las 03:00 horas del 24 de enero de 2024, del Campo Militar 1-A.
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Ello luego de que el día sábado 20 del mismo mes y año, Duarte Cedillo determinó que llevarían su proceso en libertad. Sin embargo, los soldados sólo disfrutaron menos de una semana, porque el 1 de enero de 2024 regresaron al Campo Militar Número 1, con base en una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada.
Los militares presentaron un amparo, en el que lograron que el Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ordenara realizar una audiencia para revisar la prisión preventiva justificada que les impusieron en este último proceso.
En este asunto, la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a los militares por supuestamente haber colaborado o ser cómplices de los Guerreros Unidos, grupo criminal identificado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Aunque la Guardia Nacional (GN) dictaminó que existía un nivel de riesgo “alto” de fuga, Duarte Cedillo les otorgó a los militares el cambio de medida cautelar a los ex integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero.
La juzgadora federal concluyó que la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos no era idónea, necesaria y proporcional, por lo que en su lugar les impuso la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 100 mil pesos, además de firmar los días 1 y 16 de cada mes en el citado Juzgado. También les impuso la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país y de acercarse a víctimas o testigos.
Los militares beneficiados con este fallo fueron Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz. Una vez que los militares pagaran su respectiva fianza, podrían abandonar el Campo Militar 1-A.
Ante esta determinación judicial, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín (Centro Prodh) emitió un posicionamiento, el cual consideró que el criterio para esta determinación fue “parcial y sesgado”.
La organización no gubernamental puntualizó que los ocho militares están acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. Asimismo señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se encontraba litigando a favor de los soldados implicados. “Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”, indicó el Centro Prodh.
