Ve el FT a Sheinbaum en encrucijada: lealtad a Morena vs. presión de Trump por Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a otros nueve políticos y jefes de seguridad mexicanos acusados de cargos de narcotráfico por autoridades estadounidenses, al declarar que, de existir pruebas creíbles en su contra, serían juzgados en México. La decisión, tomada cuando se aproxima la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el inicio del Mundial de Futbol, expone a Sheinbaum Pardo a la posible reacción del presidente estadounidense Donald Trump y pone de relieve las tensiones internas dentro de Morena, según un análisis del diario The Financial Times publicado el 2 de mayo de 2026.

Tras darse a conocer la acusación formal del Gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya —a quien se imputan cargos de proteger a los líderes del cártel de Sinaloa que traficaban fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia ese país, así como compra de votos e instalación de funcionarios corruptos— Sheinbaum Pardo optó por priorizar la lealtad al movimiento político fundado por su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Sinaloa negó los cargos en su contra. Al menos otras dos personas mencionadas en la acusación también mantuvieron su inocencia.

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El 30 de abril de 2026, Sheinbaum Pardo prometió que no habría encubrimientos, pero insistió en que se requerían pruebas irrefutables para vincular a Rocha Moya con el crimen organizado. Horas después, un juez suspendió la extradición a EE.UU. de un capo de la droga considerado sucesor de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien había sido arrestado días antes. El 1 de mayo de 2026, el propio Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán de Rosales, capital del estado de Sinaloa y también imputado por cargos similares, se ausentaron temporalmente de sus cargos. Gámez Mendívil también negó las acusaciones en su contra. Ese mismo día, en su conferencia mañanera, la titular del Poder Ejecutivo Federal rechazó encontrarse en una situación de presión extrema.

“Ella se encuentra entre la espada y la pared porque obviamente entiende lo que está en juego para su gobierno y para Estados Unidos, así como la revisión del T-MEC, que es de vital importancia”, declaró Arturo Sarukhán, ex embajador de México en EE.UU. “Pero Sheinbaum sabe que si entrega a Rocha, eso afectará a todo y a todos, incluido su mentor político”, añadió Sarukhán.

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La postura de la mandataria nacional llega en un contexto de creciente presión bilateral. El Gobierno de Trump ha designado a seis grupos criminales mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras, y ha amenazado con acción militar contra los cárteles en territorio mexicano. Aunque Sheinbaum Pardo envió 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con EE.UU. para disuadir migrantes y narcotraficantes, y entregó a ese país a casi 100 presuntos integrantes de cárteles, rechazó de forma reiterada las ofertas de Trump para que fuerzas estadounidenses ataquen a los cárteles en México.

La relación bilateral también se tensó tras la muerte de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un accidente automovilístico ocurrido en el estado de Chihuahua, luego de que participaran, aparentemente sin autorización del Gobierno mexicano, en una operación para destruir laboratorios clandestinos de drogas. El Gobierno Federal mexicano afirmó desconocer su presencia en territorio nacional.

“El mayor riesgo para Sheinbaum es que las personas extraditadas a Estados Unidos o encarceladas en México empiecen a hablar como forma de negociar su libertad”, afirmó Duncan Wood, analista del Centro Wilson en Washington. “Y entonces te encuentras con pruebas que no quieres conocer”, añadió Wood.

En el plano interno, la situación de Sheinbaum Pardo es igualmente compleja. Una encuesta de Bloomberg publicada a principios de mayo de 2026 situó su índice de aprobación en 51 por ciento, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, mientras que la economía mexicana se contrajo en el primer trimestre del año. Si bien el Gobierno de Sheinbaum reportó una disminución de 41 por ciento en la tasa diaria de homicidios desde septiembre de 2024 —un mes antes de que asumiera el cargo—, un informe del centro de estudios México Evalúa reveló que las desapariciones aumentaron 213 por ciento en la última década.

Morena, organización con facciones internas sobre la cual la presidenta de la República no ejerce control total, concentra figuras aún leales a López Obrador. En febrero de 2026, Sheinbaum Pardo destituyó a Adán Augusto López Hernández de su cargo como líder de Morena en el Senado, en medio de señalamientos por escándalos de corrupción que él niega: ingresos externos no declarados por más de cuatro millones de dólares recibidos en 2023 y 2024, supuestos vínculos de uno de sus colaboradores con un cártel de la droga y presuntos nexos con un esquema de robo y contrabando de combustible. López Hernández negó estar implicado o ser investigado. Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán —hijo de López Obrador, conocido como “Andy”—, figura cercana al expresidente envuelta en escándalos propios, sigue ocupando un cargo influyente dentro del partido.

Lila Abed, directora del programa de México en el Diálogo Interamericano, señaló que una de las mayores exigencias de la Casa Blanca en este momento es que Sheinbaum Pardo y México comiencen a expulsar a políticos con vínculos claros con el crimen organizado. “Creo que si no extradita a Rocha, Estados Unidos seguirá presentando acusaciones contra otros políticos”, advirtió Abed.

La presión sobre el Gobierno mexicano también inquieta al sector empresarial de cara a la fase crucial de las negociaciones del T-MEC, instrumento al que se dirige más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. “Todos están nerviosos”, declaró Pedro Casas, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Estadounidense en México, quien añadió que se registran avances en las negociaciones, aunque alertó sobre el riesgo de que la situación política “explote”. El Mundial de Futbol, organizado conjuntamente por México, EE.UU. y Canadá, arrancará en la Ciudad de México en junio de 2026, y antes del 1 de julio del mismo año deberá tomarse una decisión sobre si extender el T-MEC por 16 años.

“La clave aquí reside en la alianza entre el poder político a cierto nivel y el crimen transnacional, y en el hecho de que ya no se sabe dónde termina uno y empieza el otro”, advirtió Antonio Ortiz-Mena, profesor de la Universidad de Georgetown y consultor.