No se ha hecho mucho ruido, pero en la Secretaría Anticorrupción hay expedientes que en próximas semanas sancionarán a funcionarios de mediano y alto nivel en gobierno de Marina Ávila
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El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se perfila hacia su última etapa, el declive, el cual comenzará a partir del anuncio formal del próximo candidato (o candidata) a la gubernatura de Baja California, definición prevista -a más tardar- en el mes de septiembre. A partir de ese momento, iniciará el proceso de convertirse en exgobernadora, y poco a poco decisiones propias comenzarán a verse en plenaria con el sucesor (o sucesora).
Sin embargo, antes de que se concrete el declive natural de la mandataria estatal, dentro de las próximas semanas espera materializar una serie de acusaciones de tráfico de influencias e incluso posibles actos de corrupción dentro de su administración, como una medida para enviar un mensaje al resto de su gabinete en la última etapa de su gestión.
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Se trata de varias investigaciones que fueron iniciadas en la Secretaría Anticorrupción, dirigida por Gabriela Monge, a petición directa de la mandataria estatal, quien descubrió -mediante videograbaciones- supuestos favores y beneficios solicitados a su nombre, y de las que no estaba enterada.
En los próximos días, Marina del Pilar tendrá una reunión con el primer cuadro de su gabinete para exigirle a su equipo que todo aquel que tenga interés en competir o en ayudar a un proyecto político para el 2027, que presente su renuncia formal y se vaya a trabajar con el o la aspirante.
De manera paralela, se pondrá sobre la mesa el señalamiento de al menos dos funcionarios de segundo y primer nivel, que fueron videograbados realizando gestiones y acuerdos económicos y políticos, comprometiendo sus cargos, para beneficiar a ciertos sectores y candidatos, y para lo cual usaron el nombre de la gobernadora como una estrategia de convencimiento.
Las indagatorias comenzaron desde hace unas semanas, las cuales está atendiendo directamente la propia Gabriela Monge, y en caso de tener elementos suficientes podrían incluso acudir ante una instancia penal.
En otras palabras, funcionarios han usado el nombre de la gobernadora para obtener ciertos beneficios o comprometer su poder político en cierta dependencia, para negociar con otros sectores de cara al 2027.
La gobernadora fue informada de ello, vio videograbaciones y solicitó la investigación, por lo que, dentro de los próximos días, a la par de las salidas motivadas por afinidades políticas, se podrían generar otros cambios dentro del gabinete. Es decir, ya sea por decisión propia o por investigación administrativa, pero solicitarán la remoción de algunos trabajadores de los círculos cercanos.
A la par se le suma la investigación en contra del director de la CESPM, Armando Carrazco López, por la adquisición de una vivienda ubicada en la Jolla, en San Diego, por un monto superior al millón de dólares, mediante un financiamiento obtenido en Estados Unidos, la cual podría culminar en una salida anticipada del funcionario -al menos- en tanto se esclarece la procedencia del dinero, dentro de dos semanas.
