A pesar que la Ley obliga al servicio público a presentar declaración patrimonial y una versión pública para consulta de la población, gobiernos bajacalifornianos están muy lejos de cumplir
El pasado 5 de junio se cumplió el plazo para que todos los funcionarios y servidores públicos presentaran su declaración patrimonial, de interés, y las versiones públicas de las mismas, con el objetivo de conocer los bienes que ostenta todos lo trabajadores gubernamentales a nivel local y así conocer su evolución financiera o de propiedades.
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La intención de ello es identificar discrepancias entre los salarios del funcionario y de su familia con los bienes que adquiere durante su gestión. Sin embargo, es necesario que toda declaración patrimonial y de interés tenga ciertas restricciones de información, para así no vulnerar los derechos de privacidad de los involucrados. Es decir, aunque sean trabajadores del sector público, tienen derecho a que ciertos datos no lo sean, como RFC, número de cuenta bancaria, datos de sus hijos menores, entre otras cuestiones.
Desde el 5 de junio de 2026, los gobiernos están obligados a que toda la información cotejada y revisada sea pública en la Plataforma Nacional Digital, un órgano que se creó a nivel federal para acumular la correspondiente de todos los trabajadores del servicio público para su fácil consulta.
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A pesar de ello, las instituciones públicas no están preparadas; es más, ni siquiera han hecho las mínimas adecuaciones para poder cumplir con la nueva legislación que les dio un periodo de un año para adecuarse, pero que desde hace 10 años han invitado a los gobiernos a comprometerse con la transparencia y filtrar su propia información para consulta pública.
En Baja California no existen las adecuaciones legales ni se han diseñado los formatos para que esto pueda ser una realidad, a pesar de que desde hace años se tiene conocimiento del proceso.
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Francisco Javier Riebeling, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, es a quien todos responsabilizan de esta omisión, pues debido a un “formato”, prácticamente ninguna dependencia o institución quiere cumplir con la transparencia. También responsabilizan a Gabriela Monge, secretaria Anticorrupción, por ser el eje rector de este tema en toda la entidad, pero la realidad es que realmente ninguna institución está cumpliendo o intentando cumplir con la Ley.
ZETA realizó una serie de peticiones en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a diversas áreas de gobierno, principalmente en el Poder Ejecutivo y el municipal, para conocer por obligación de la Ley, a los entes públicos a proporcionar la información de los bienes de los titulares de cada área. Todos se negaron a entregar la información requerida. Como ejemplo, en una de estas respuestas, el Ayuntamiento de Mexicali redactó lo siguiente:
“Se hace de su conocimiento que en relación a lo solicitado a esta Sindicatura no le es posible proporcionar la versión pública de la declaración patrimonial solicitada mediante folio 1120058726000223, toda vez que hasta en tanto se determinen los formatos aplicables para las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses, y en su caso se actualice la legislación en materia de responsabilidades administrativas del Estado de Baja California para dichos efectos, se estará en posibilidad de proporcionar dicha información”.
Lo que confirma que sólo por no contar con un formato, se niega la transparencia y publicidad de tal informaron. La burla de la opacidad es Óscar Vega Marín, quien, en calidad de síndico del Ayuntamiento de Mexicali, es el encargado de solicitar a los servidores de ese gobierno a presentar sus declaraciones y versiones públicas, le da la vuelta al proceso y decide, en un afán de él parecer cumplido, publicar su declaración patrimonial en su página de Internet, sin la formalidad del caso, y sin aplicar algún mecanismo para que los funcionarios de su gobierno cumplan con esta medida.
En un movimiento donde los gobiernos morenistas declaran insistentemente que no son iguales a los del pasado, y presumen que combatirán la corrupción, la realidad es que a nivel local no se ha creado ningún marco legal o nuevo mecanismo que garantice el acceso a la información a la ciudadanía, tampoco mecanismos para evitar la corrupción, salvo por algunas buenas intenciones aisladas de funcionarios en entes públicos.
En estos momentos, de los más de 60 mil documentos que deben entregar, el gobierno en general ha entregado apenas 12 mil, quienes básicamente entregaron lo que les vino en gana, con tal que cumplir el requisito.
La administración morenista no cumplió con el margen y en estos momentos podemos considerar que prácticamente todos los gobiernos de Baja California incumplen con la Ley.
