Octavio Romero Oropeza defendió que sus bienes fueron adquiridos hace décadas en el sector privado, mientras los registros públicos revelan un patrimonio millonario
El bloqueo en la Garita Nueva de Mexicali presiona a las autoridades federales de México y Estados Unidos para aclarar los casos de cabotaje, la revocación de visas y brindar a los choferes la oportunidad de esclarecer sus casos.
A pesar que la Ley obliga al servicio público a presentar declaración patrimonial y una versión pública para consulta de la población, gobiernos bajacalifornianos están muy lejos de cumplir
De aquella acción ciudadana de transparencia han transcurrido 31 años, y al paso de cinco gobernadores más, y una gobernadora, la actual, ninguno repitió la hazaña de transparencia de don Héctor Terán. De hecho, poco a poco fue desarrollándose todo lo contrario. De la voluntad con la transparencia transitamos a la obligatoriedad de la misma, y a la opacidad.
Uno de los temas en los que la administración burgueñista no ha impulsado “un modelo de Gobierno de Puertas Abiertas, que promueve el acceso claro y oportuno a la información gubernamental”, para “fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana”, es precisamente la asignación, adjudicación, concurso del contrato para la compra de cámaras corporales de los policías de Tijuana.
