A pesar que la Ley obliga al servicio público a presentar declaración patrimonial y una versión pública para consulta de la población, gobiernos bajacalifornianos están muy lejos de cumplir
De aquella acción ciudadana de transparencia han transcurrido 31 años, y al paso de cinco gobernadores más, y una gobernadora, la actual, ninguno repitió la hazaña de transparencia de don Héctor Terán. De hecho, poco a poco fue desarrollándose todo lo contrario. De la voluntad con la transparencia transitamos a la obligatoriedad de la misma, y a la opacidad.
Uno de los temas en los que la administración burgueñista no ha impulsado “un modelo de Gobierno de Puertas Abiertas, que promueve el acceso claro y oportuno a la información gubernamental”, para “fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana”, es precisamente la asignación, adjudicación, concurso del contrato para la compra de cámaras corporales de los policías de Tijuana.
Diputados y administrativos volvieron a justificar con su ineficiencia la falta de transparencia que caracteriza al Poder Legislativo, uno de los más opacos y el más caro del país
