Don Héctor Terán Terán fue conocido como el caballero de la política en Baja California. Era un hombre maduro, serio, alto, mesurado, ecuánime, de inteligencia y buen trato. Acompañó al primer gobernador de oposición en México, Ernesto Ruffo Appel, en la Secretaría General de Gobierno; fue el primer senador opositor al PRI electo en el país, pero antes ya había sido diputado federal. En 1995 se convirtió en el segundo gobernador de Baja California emanado del partido albiazul.
Político de convicciones y compromiso, hacedor de políticas y ejecutor de programas, don Héctor inició su gobierno cuando la corrupción gubernamental era un tema preponderante en México como lo es hoy. Decidido a transparentar su vida y gobierno, antes de que en el país existieran las leyes, normas y mecanismos que obligan a los funcionarios públicos y de elección popular a presentar declaraciones patrimoniales, de ingresos, de intereses, un día resolvió que lo haría de la forma más sencilla, haciendo pública en medios impresos, su declaración patrimonial.
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Pero no fue solo. Solicitó a todos quienes integraban su gabinete a hacer lo propio. Y así, un buen día en los diarios de Baja California apareció, a doble plana, la declaración patrimonial de Terán y los que con él trabajaban en el gobierno. Cada peso contabilizado igual que su origen, las propiedades en su haber, el menaje, las cuentas de banco, los ingresos en general y el capital en posesión. Todo lo hizo de manera transparente, por voluntad y para dar certeza a los gobernados de su compromiso al enterarlos de sus posesiones y con la encomienda de no enriquecerse en el poder.
De aquella acción ciudadana de transparencia han transcurrido 31 años, y al paso de cinco gobernadores más, y una gobernadora, la actual, ninguno repitió la hazaña de transparencia de don Héctor Terán. De hecho, poco a poco fue desarrollándose todo lo contrario. De la voluntad con la transparencia transitamos a la obligatoriedad de la misma, y a la opacidad.
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Un día, de repente los políticos que gobiernan el país, en la época del panismo y la mayor inseguridad (nada que pelearle a la situación de violencia actual), decidieron que sí presentarían sus declaraciones patrimoniales, pero que podían optar si éstas se hacían públicas o no, no fuera a ser que tal fortuna atrajera a la criminalidad organizada como sucede con familias prósperas a base de duro trabajo, esfuerzo y talento.
Y así, los políticos decidieron no dar a conocer su patrimonio, ocultarlo para no otorgar un parámetro de medición del incremento de su riqueza o bienes.
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Con los institutos de transparencia se vieron obligados a cumplir con ello, pero siempre y mayormente con la consigna de que su información no sea pública. Entonces los ciudadanos organizados, cuando la sociedad civil tenía cierta influencia y peso en la generación de políticas públicas —no como ahora que están marginadas, relegadas, limitadas y presionadas—, se instauraron formatos ciudadanos para solicitar a quienes aspiraban a un cargo público a cumplir con las declaraciones patrimoniales.
Pero hoy día eso ya no se sigue. En la actualidad se pueden encontrar algunos datos en lo que fue la plataforma de Transparencia cuando ésta era dirigida y operada por un órgano autónomo. Morena, el partido en el poder, acabó con ese esquema ciudadano, y ahora es el gobierno mismo el que regula el acceso a la información y la transparencia del gobierno.
Ningún político de los actuales, al menos en Baja California, ha tenido el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas personales. En contraparte, los bajacalifornianos sí han sido testigos del repentino crecimiento económico de sus gobernantes, legisladores, funcionarios en general. Y una de las más evidentes formas del enriquecimiento para la clase política es la vivienda. Pasan de residir en modestas colonias de clase media y casas igual en la medianía, a residencias en fraccionamiento de lujo, privadas, condominios de alta plusvalía. Luego, también se les ve de compras en exclusivos centros comerciales de San Diego, adquiriendo productos de diseñador a los que, evidentemente por las imágenes del pasado, antes no podían acceder.
No es un problema ascender en la escalera de la economía personal o familiar a base de trabajo, esfuerzo y talento. A diferencia de la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador que criticaba el aspiracionismo, la idea es que como individuos en una sociedad haya crecimiento y que aporte al todo, pero sí resulta sospechoso cuando la riqueza llega en automático al ganar una elección o conseguir un cargo en gabinete de cualquier orden de gobierno, y de manera particular, cuando se oculta a los gobernados el origen de tal recurso.
En los últimos años, con cualquier partido en el gobierno —el PRI, el PAN o ahora Morena—, ha sido evidente el enriquecimiento de la clase política; el más reciente caso es el del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, quien renta una residencia en una lujosa privada en la ciudad, donde los alquileres van de los 59 mil pesos hasta llegar los 280 mil pesos mensuales. Y bueno, si puede pagarlos no hay problema, aunque en su ”trabajo” de tiempo completo que es la Presidencia Municipal únicamente perciba poco más de 51 mil pesos mensuales (126 mil es el sueldo bruto pero le descuentan, entre ello, la pensión alimenticia, hasta llegar a esa cantidad).
Y aunque en un inicio, cuando fue consultado por ZETA, Burgueño accedió a transparentar sus ingresos, porque dijo tenía “otros”, o sea no sólo el sueldo como alcalde, con lo que le alcanzaba para rentar la lujosa propiedad, al final optó por la opacidad. Canceló la entrevista con el Semanario y su intención de transparencia quedó sólo en eso.
No es el único caso: el senador Gerardo Fernández Noroña pasó de vivir, y presumir que vivía en una vecindad, a habitar una propiedad de 12 millones de pesos en Cuernavaca, Morelos, y es momento que no logra transparentar el origen de los recursos, por más que insista en una narrativa oficialista de que en su vida personal no tiene por qué ser austero.
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador han evidenciado su reciente refinado y carísimo gusto por los artículos de diseñador, las grandes residencias y los viajes al extranjero, aun cuando su padre promovió una política de austeridad republicana que se ha quedado sólo en el discurso, al no lograr impregnarla ni siquiera entre sus vástagos.
Y así, súmele. Hay pocos políticos que pasan la prueba de las propiedades y los gustos por las casas de diseño internacionales. Pero en una época preelectoral como en la que estamos, sería conveniente y oportuno que la ciudadanía exigiera transparencia a aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, sea que quieran ser gobernador, alcaldes, diputados federales o locales, incluso regidores, que antes de pedir el voto, hagan pública su declaración patrimonial, los bienes en posesión y otros activos, para que los electores tengan la certeza de lo obtenido, y el compromiso de no lucrar con la política y desde el gobierno.
Sería lo ideal, que empezaran transparentando lo que mantienen a conveniencia en la opacidad. En una era democrática y ciudadana como la que se vive en el País, es momento de, otra vez, exigir transparencia para evitar corrupción, o señalar cuando sea evidente el enriquecimiento repentino de una clase política cada vez más ligada a la corrupción, el crimen y la impunidad, sin que tampoco haya investigaciones a fondo al respecto.
