La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 3 de agosto de 2026 que emitirá un decreto para garantizar el acceso a la información del Gobierno Federal y reservar únicamente aquella vinculada con la seguridad nacional o con procesos judiciales en curso. El anuncio lo realizó durante su conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México.
La mandataria nacional adelantó que, además del decreto, presentará un planteamiento para incorporar esos criterios en la ley, con la finalidad de que el estándar quede establecido en la legislación y no sólo en un acto administrativo. Precisó que la protección de los datos personales se mantendrá como límite al acceso público.
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“El objetivo es que sólo aquello que realmente es seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer, pero las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del Gobierno, obviamente resguardando los datos personales”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Los detalles del decreto y de la propuesta legal serán expuestos el día 4 del mismo mes y año por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), y por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), quienes acudirán a la conferencia matutina.
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“Si quieren, mañana tocamos ese tema. Va a venir Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, vienen a platicar, era para el viernes, pero ya no pudimos hacerlo, sobre el tema de la transparencia, un decreto que voy a emitir y un planteamiento también para que sea parte de la ley”, agregó Sheinbaum Pardo.
El anuncio se produce en el marco del nuevo esquema institucional en materia de transparencia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue extinguido mediante la reforma constitucional de simplificación administrativa y las leyes secundarias publicadas el 20 de marzo de 2025. Sus facultades quedaron distribuidas entre autoridades garantes de los poderes y de los órganos autónomos.
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En el ámbito de la Administración Pública Federal, la función de acceso a la información quedó a cargo de Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la SABG con autonomía técnica y operativa. La dependencia encabezada por Buenrostro Sánchez asumió de manera directa las atribuciones relacionadas con la protección de datos personales y la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Con el decreto anunciado, el Gobierno Federal buscará acotar los supuestos bajo los cuales las dependencias podrán clasificar información como reservada, un punto que concentró las críticas de organizaciones civiles y especialistas tras la desaparición del organismo garante autónomo. La presentación de la iniciativa legislativa definirá el alcance permanente de esos criterios.
