“En el Gobierno Municipal tenemos claro que la transparencia no es sólo una obligación legal, es un deber ético con la ciudadanía. Hoy más que nunca, Tijuana necesita un gobierno cercano, honesto y dispuesto a dar cuentas claras de cada acción y cada recurso público ejercido”, destacó el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño en el comunicado Número 3 del día 6/10/2025, en el que el Ayuntamiento publicitó los avances del Gobierno Municipal en la implementación de la nueva Ley de Transparencia de Baja California.
El problema es que el discurso del profesor-alcalde quien, por cierto, mantiene ocultas y privadas sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, no termina de concretarse en la vida real.
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Uno de los temas en los que la administración burgueñista no ha impulsado “un modelo de Gobierno de Puertas Abiertas, que promueve el acceso claro y oportuno a la información gubernamental”, para “fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana”, es precisamente la asignación, adjudicación, concurso del contrato para la compra de cámaras corporales de los policías de Tijuana.
La primera información pública de esta compra la ofreció el 27 de marzo del 2026, el regidor Ranier Falcón como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, órgano que presuntamente debía aprobar el proyecto y presupuesto; dijo que el Ayuntamiento invertiría 18 millones de pesos en la compra de 400 cámaras, 45 mil pesos por el funcionamiento de cada cámara.
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Ante un evidente sobreprecio, ZETA intentó hablar con el regidor, pero éste evadió la entrevista, así que el Semanario consultó a la Secretaría de Gobierno, Oficialía y la Secretaría de Seguridad municipales.
Al final, de las versiones vertidas, refirieron que el regidor Falcón habló de un tema que desconocía -aunque por su cargo no debía desconocer- y resultó que, extrañamente, aseguraron que “nadie” fuera de la SSPC de Tijuana, conocía el contrato o la inversión, porque desde diciembre, el Gobierno Municipal le había dado el visto bueno a un presupuesto general de la Secretaría de Seguridad, y con esa manga ancha, el detalle del gasto estaba bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Alejandro Avilés Amezcua.
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Contactado el titular de seguridad municipal de Tijuana, bajo el argumento de seguridad, se negó a compartir información y detalles del contrato y del proveedor que permitirían.
No se le preguntaron detalles que pongan en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que menoscaben las relaciones internacionales, u obstruyan la prevención e investigaciones de delitos, pero el funcionario negó los detalles del uso de dinero público.
Así que no se puede saber si las características y la calidad del equipo, al igual que las condiciones de venta son justas o lesionan la hacienda pública, si se designó al mejor distribuidor o se favoreció a los proveedores consentidos que ya tienen antecedentes de sobreprecios, como SeguriTech Privada, S. A. de C.V, alguno de los negocios de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices u otros de los usualmente empresarios favorecidos.
Avilés se negó, con el argumento de que los proveedores podrían ser secuestrados, aunque es públicamente conocido que estos empresarios millonarios, justo por el ramo en el que trabajan, tienen acceso a información, equipos y escoltas, incluso superiores a los usados por los funcionarios de gobierno de primer nivel.
Pero el secretario considera que el beneficio público de conocer los detalles del contrato afectaría la seguridad de los comerciantes más protegidos del estado, lo que también evidencia su percepción fatalista de los avances de seguridad en la ciudad, el estado y el país.
Así que, de nuevo, un ayuntamiento que se presume transparente y asegura poner en el centro de sus decisiones al pueblo, pone a sus proveedores comerciales por encima del interés público.
Públicamente, desde el Ayuntamiento aseguraron, sin mostrar el contrato u otra prueba, que las 400 cámaras corporales costaron casi 10 millones de pesos (25 mil por cámara en promedio), las cuales se suman a las 150 existentes. Todas están siendo usadas por agentes de la policía turística, en la Zona Centro, Zona Río y por los agentes asignados a las garitas de Otay y San Isidro. Pero, como los aparatos se recargan, aún se ignora cuántos de los dispositivos se mantienen activos por turno.
Los funcionarios reportaron que los policías fueron capacitados en protocolos de encendido y descarga de los dispositivos, así como el reglamento para usarlas -del cual no se ha informado públicamente-, mismo que contempla sanciones en caso de que las apaguen, tampoco han informado de qué tipo de sanciones.
Y aseveraron que únicamente el secretario de Seguridad Alejandro Avilés tiene acceso a las imágenes, mismas que sólo se extraerán del sistema por requerimiento del ministerio público, de la sindicatura o asuntos internos.
Ahora, si como manifestaron funcionarios desde la Secretaría de Gobierno y la Oficialía Mayor, realmente todas las decisiones, inversiones, contratos y etcéteras de la seguridad en Tijuana están en manos de un omnipotente secretario Alejandro Avilés Amezcua, sin necesidad de aprobaciones, los riegos son mayores. Recordemos que el monopolio de autoridad no está contemplado en los gobiernos democráticos, así que los consejos ciudadanos y la sociedad organizada estarían obligados abordar el tema con el alcalde Burgueño, como responsable del Ayuntamiento, para evitar que “el poder absoluto” de Avilés “lo corrompa absolutamente”.
