Defendiendo sus derechos laborales al intentar buscar que se apliquen topes de 70 mil pesos mensuales a las jubilaciones en México, los trabajadores federales y estatales que viven en el retiro buscan ser escuchados por los legisladores que discutirán los topes a las pensiones en el proyecto de reforma al artículo 127.
Los jubilados ya cuentan con representantes jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de los profesores de sindicatos federales, y pretenden coordinarse con los jubilados organizados de todo el país para oponerse con la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que argumenta que se trata de una medida contra las “jubilaciones doradas”.
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“Porque a la primera forma retroactiva, el transitorio segundo del artículo 127, están violando el Estado de Derecho, la certeza jurídica, caso juzgado y es inadmisible pues que nos dejen en un estado de indefensión porque al hacerlo a través de un artículo constitucional nosotros no podemos, ningún ciudadano mexicano puede ampararse o ir en contra de un artículo constitucional. En ese sentido estamos en un total estado de indefensión. ¿Y por qué estamos aquí? Porque todavía falta la formulación de las leyes secundarias que ya están en proceso y queremos que nuestros representantes políticos y gobernantes nos escuchen”, explicó Víctor Cárdenas, jubilado de la CFE.
Mónica Nájera, coordinadora estatal de la defensa de ISSSTECALI dice que los jubilados siguen buscando rutas legales para evitar que sus derechos laborales sean atropellados. “El artículo 127 pues pone un tope a las pensiones de jubilados, de pensionados, de gremios como burocracia, magisterios, CFE, Pemex, que nos ha costado mucho en lograr esas pensiones, esos salarios que fueron mucho esfuerzo y más de 30 años trabajados. Nosotros no tenemos nada que ver con unas ‘pensiones doradas’, como comenta la Ejecutivo Federal, nuestra presidenta, que son millones, son 500 mil pesos para arriba, 300 mil, jamás. Nosotros nos ha costado mucho y no vamos a permitir que ese derecho adquirido sea violentado, sea violado”.
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Los jubilados proponen auditorias contables y legales para identificar los fraudes de las “pensiones doradas”, dicen que se trata de familiares de políticos y de líderes sindicales a quienes se les puede retirar la jubilación cuando no puedan acreditar el derecho ganado.
“Y había personas de un millón de pesos; es risible, es escandaloso, es fraudulento así de primera instancia. Entonces analizarlas, hay auditorías internas de cada una de las superficiales, hay auditoría mayor de hacienda, ahí eso sí se puede analizar retroactivamente porque es un fraude. En el momento que se finquen responsabilidades de que efectivamente esa persona ni trabajó en comisión federal, ni tuvo ese salario”, señala Gloria Bermejo, jubilada de Comisión Federal de Electricidad.
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La reforma al artículo 127 constitucional, aprobada en marzo de 2026, elimina las “pensiones doradas” de altos funcionarios de confianza en México. Ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la mitad del salario de la presidenta, fijando un tope de aproximadamente
La reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada en marzo de 2026 fue promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y amén de las acciones anticorrupción elimina las “pensiones doradas” de altos funcionarios de confianza en México. Ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la mitad del salario de la presidenta, fijando un tope de aproximadamente de 70 mil pesos mensuales, lo que afecta a 20 por ciento de los pensionados en promedio.
