Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, mantuvieron contactos con autoridades del Gobierno de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, según reveló el diario The Los Angeles Times el 11 de mayo de 2026 en un reportaje firmado por el periodista Keegan Hamilton.
Según dos fuentes familiarizadas con los procesos federales abiertos en EE.UU. contra integrantes de la organización criminal, pero no autorizadas a hablar públicamente, los hijos prófugos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, iniciaron esos acercamientos hace aproximadamente un año. Las mismas fuentes señalaron que ambos hermanos esperan observar la evolución de los casos judiciales de sus medios hermanos, detenidos en Chicago, antes de adoptar una decisión definitiva.
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Los medios hermanos en cuestión son Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, quienes se encuentran bajo custodia de EE.UU. Ovidio fue entregado por el Gobierno de México a las autoridades estadounidenses en 2023 y mantiene acuerdos de cooperación judicial. Por su parte, Joaquín se declaró culpable en diciembre de 2025 de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, reconoció su participación en el secuestro de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y formalizó su colaboración con fiscales estadounidenses.
El episodio del secuestro de Zambada García resultó determinante en la configuración actual del cártel. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López trasladó al histórico líder del Cártel de Sinaloa desde una propiedad cercana a Culiacán de Rosales hasta Nuevo México, donde fue entregado a agentes federales. Según diversas fuentes citadas por The Los Angeles Times, la operación fue organizada por Iván Archivaldo Guzmán, considerado el principal líder operativo de Los Chapitos. Aquel suceso fracturó definitivamente la organización y detonó una guerra interna entre la facción de Los Chapitos y la de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, que desde septiembre de 2024 provocó una escalada de violencia en Sinaloa con asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.
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El nombre de Iván Archivaldo cobró aún mayor relevancia a raíz de las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales. Según el documento acusatorio, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo y con Ovidio Guzmán López —cuando este último aún estaba en libertad— para recibir apoyo en las elecciones de 2021. El acuerdo, según la acusación, incluía que Iván ordenara a sus sicarios intimidar a los rivales políticos de Rocha Moya y forzar el voto a su favor. A cambio, Rocha Moya les garantizaría protección y continuidad de su negocio de tráfico de drogas. El gobernador con licencia rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín y Ovidio Guzmán López, no respondió a las preguntas del diario californiano respecto a una posible entrega de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. El Gobierno de EE.UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno de los dos hermanos prófugos.
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Todd Blanche, fiscal general interino de EE.UU., advirtió que se presentarán nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos en los próximos meses. Blanche sostuvo que una de las consecuencias de mantener presos a líderes de los cárteles mexicanos es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”. Analistas consultados por medios estadounidenses estimaron que una eventual entrega de Los Chapitos redefiniría el mapa criminal en México y representaría uno de los golpes más significativos contra el Cártel de Sinaloa desde la condena de Joaquín Guzmán Loera en 2019, aunque también podría acelerar nuevos episodios de violencia entre las facciones en disputa en el noroeste del país.
